Hoy se cumplen 12 años desde que la comunidad indígena Tolupán de San Francisco de Locomapa, en el departamento de Yoro, Honduras, comenzó a denunciar una serie de violaciones a sus derechos humanos, incluyendo asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y ataques a su territorio ancestral. A pesar de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, la impunidad persiste y los responsables siguen sin ser sancionados.
En 2013, la CIDH emitió la Resolución 12/2013, otorgando medidas cautelares a favor de 18 miembros de la comunidad Tolupán de Locomapa, debido a la grave situación de riesgo que enfrentaban por su oposición a la explotación ilegal de recursos naturales en su territorio. Sin embargo, desde entonces, las autoridades hondureñas no han implementado efectivamente estas medidas, y los ataques contra la comunidad han continuado.
En mayo de 2021, la situación se agravó cuando trabajadores de la empresa maderera INMARE, propiedad de Wilder Domínguez, en complicidad con miembros del Consejo Directivo de la tribu, atacaron las instalaciones de la radio comunitaria «Dignidad Tolupana», destruyendo su infraestructura y agrediendo físicamente a varios miembros del Consejo Preventivo y otros pobladores indígenas. La policía nacional, en lugar de proteger a la comunidad, facilitó el paso de camiones cargados con madera extraída ilegalmente, disparando contra los pobladores para abrir el paso. Además, un día después, la patrulla policial abandonó la zona sin atender a los heridos.
A pesar de las denuncias presentadas por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE, las autoridades estatales han guardado silencio y no han tomado medidas para investigar los hechos ni sancionar a los responsables. La comunidad Tolupán continúa viviendo en un clima de terror, con constantes amenazas de muerte y ataques a su integridad física y emocional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido resoluciones condenando los asesinatos de líderes indígenas Tolupán, como el caso de Santos Matute en 2016 y Salomón Matute en 2019, instando al Estado de Honduras a investigar estos crímenes y sancionar a los responsables. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha logrado justicia para las víctimas ni se ha garantizado la seguridad de la comunidad.
El pueblo Tolupán de Locomapa sigue resistiendo frente a la violencia y el despojo de su territorio, exigiendo al Estado de Honduras que cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice el respeto a sus derechos humanos. La impunidad no puede seguir siendo la respuesta ante la lucha legítima de los pueblos indígenas por la defensa de su tierra y su cultura.
Hoy, a 12 años de estas violaciones, la comunidad Tolupán de Locomapa continúa su lucha por la justicia y la dignidad, esperando que la comunidad internacional se pronuncie y exija al Estado de Honduras el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos.
Comunicado del Movimiento Amplio:
