Por María Silvia Trigo
Se presume que el dirigente del pueblo Leco fue ultimado por defender su territorio de la minería ilegal. El Gobierno, en cambio, habló de “problemas personales”.
“La impunidad no solo perpetúa la violencia contra los pueblos indígenas y sus defensores, sino que también erosiona el Estado de Derecho”, señala un documento firmado por 70 organizaciones de Bolivia y diez internacionales que exigen el esclarecimiento del asesinato del líder indígena Francisco Marupa.
El viernes 14 de febrero, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla) del norte de La Paz informó sobre la muerte de Marupa, defensor del territorio de la comunidad Torewa, quien fue encontrado sin vida con evidentes signos de violencia. Según la organización, el líder indígena dedicó su vida a la protección del Parque Nacional Madidi.
La Cipla, que representa a más de una docena de comunidades, sostuvo que el crimen es parte de una escalada de violencia en la región amazónica del país, donde grupos criminales operan con impunidad en actividades ilegales como la minería, la tala de árboles y el tráfico de tierras.
Pese a estas advertencias, el Gobierno descartó que el asesinato se deba a cuestiones relacionadas con la defensa del territorio y tras detener al autor confeso del crimen, lo atribuyó a supuestos “problemas personales” entre la víctima y su verdugo.
En una publicación de Facebook, el ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo del Castillo, manifestó: “La Policía Boliviana aprehendió a Julio Lero Tayo de 20 años quien reconoció ser el autor del asesinato porque tenía problemas personales con la víctima, por lo que se descarta muerte por ajuste de cuentas, temas territoriales o minería ilegal, como se especuló”.
Lero fue detenido de manera preventiva en la cárcel de San Pedro, en La Paz, por seis meses mientras se desarrollan las investigaciones.
En tanto, el presidente Luis Arce expresó sus condolencias por la muerte de Marupa y aseguró que su país defiende los derechos de los pueblos indígenas y no tolerará la impunidad.
Tras conocerse el asesinato del líder indígena, que era un firme opositor de la minería ilegal y el tráfico de tierras, varias organizaciones se pronunciaron para condenar el crimen y lo vincularon con la violencia que existe dentro de las áreas protegidas vinculada a actividades ilegales.
El caso de Marupa es parte de una tendencia de agresiones contra defensores ambientales en Bolivia, donde los intereses económicos vinculados a actividades extractivas ilegales amenazan la integridad de los territorios indígenas y sus habitantes.
“La negligencia y desatención estatal, junto a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ha convertido a Francisco Marupa en una víctima más de la injusticia estructural. Que el sacrificio de su vida nos ponga en alerta permanente para detener la violencia, la impunidad de grupos ilegales y criminales que pretenden hacer prevalecer sus intereses económicos devastando nuestros bosques, contaminando las aguas, destruyendo los medios de vida y el inmenso patrimonio natural y cultural que es la esencia de nuestra Casa Común”, finaliza el pronunciamiento.
Entre las organizaciones que suscriben el documento están la Fundación Jubileo, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia y la Red Unitas, a la que se adhirieron organismos internacionales como la Red Iglesias y Minería, el Instituto Interamericano de Paz y Reconciliación, entre otros.
Delitos ambientales causaron desforestación record en 2023
Los delitos ambientales están destruyendo la Amazonia boliviana. En 2023, la pérdida de bosques primarios en Bolivia aumentó un 27 por ciento y alcanzó su cifra más alta registrada por tercer año consecutivo: casi 500 000 hectáreas, según la plataforma Global Forest Watch.
“Detrás de esta destrucción convergen incendios forestales fuera de control, la expansión de la frontera agrícola, la desenfrenada minería de oro y la construcción de aeropuertos y laboratorios de droga, en medio de parques naturales y áreas protegidas”, advierte el reciente informe La Amazonía Saqueada: Las raíces de los delitos ambientales en Bolivia, publicado conjuntamente por la plataforma InSight Crime y el laboratorio de ideas brasileño Instituto Igarapé.
El informe subraya la dinámica transnacional y transfronteriza de los delitos ambientales en Bolivia, entre ellos el tráfico de fauna silvestre, el tráfico ilegal de mercurio para la minería de oro y el tráfico de madera. “El aumento de actividades ilícitas no sólo degrada el medio ambiente, sino que también fortalece las redes criminales transnacionales que se benefician de la falta de supervisión y la corrupción”, dijo a Diálogo Melina Risso, directora de investigación del Instituto Igarapé.
“Es imperativo que haya una cooperación regional más efectiva y un fortalecimiento de las instituciones públicas, para combatir estas amenazas y proteger la biodiversidad y las comunidades locales en la Amazonía boliviana y en otros países de la región”, añadió Risso.
El 79 por ciento de la deforestación ha ocurrido en el departamento de Santa Cruz. Allí la cobertura boscosa cayó de 31,9 millones de hectáreas en 1985 a 25,7 millones de hectáreas en 2022, según la plataforma de periodismo ambiental Mongabay.
Auge del narcotráfico
A principios de 2024, las autoridades bolivianas incautaron más de 8,5 toneladas de cocaína, impregnadas como barniz en tablones de madera, que serían enviadas primero a Chile y luego a Bélgica. (Foto: Ministerio Público de Bolivia)
El aumento del narcotráfico en la Amazonía boliviana se evidencia por los crecientes decomisos de drogas. En enero de 2024, por ejemplo, las autoridades bolivianas incautaron un camión con más de 8,5 toneladas de cocaína, impregnadas como barniz en tablones de madera, que serían enviadas primero a Chile y luego a Bélgica. Tres bolivianos y un colombiano fueron detenidos, según el Ministerio Público de Bolivia.
“Este decomiso muestra el auge del tráfico de drogas en la región, que ahora tiene como principal foco de disputa al territorio amazónico”, informó el sitio de investigaciones peruano OjoPúblico, en un informe del 10 de junio. Los cultivos de hoja de coca se extienden en Bolivia, Ecuador y Perú, impulsados por grupos criminales que capturan o invaden los territorios de las comunidades indígenas para forzarlos a sembrar coca, dice el documento.
“En Perú, Colombia y Bolivia, según la información proporcionada por las autoridades, existe penetración de cultivos de hoja de coca sobre áreas protegidas. Junto a estas plantaciones se instalan laboratorios de procesamiento de cocaína y pistas de aterrizaje clandestinas, usadas para el transporte de la droga”, afirmó OjoPúblico.
Mercurio importado de Rusia
La mayor parte de la deforestación de la Amazonía boliviana se debe a la extracción de oro y al desmonte generalizado de tierras para la agroindustria, según el informe La Amazonía Saqueada. “En algunos casos las cooperativas, que empezaron como simples sindicatos pero se han convertido en entidades más poderosas, sirven de cubierta a chinos, colombianos y otros extranjeros, que subvencionan ilegalmente las actividades mineras”, dice el informe.
El documento señala que también aumentaron las importaciones de mercurio, un metal altamente contaminante que se utiliza para separar el oro de los sedimentos. “El país [Bolivia] es, con mucho, el mayor importador de mercurio de América. Hasta hace poco, el primer proveedor de Bolivia era México, pero ahora es Rusia, que no ha ratificado el tratado de Minamata [un tratado de la Organización de las Naciones Unidas, donde más de 100 países se comprometieron a reducir su contaminación por mercurio]”, señala el informe.
Madera y fauna
La Amazonia boliviana también sufre el impacto de redes de traficantes, que roban madera y la envían a países como Brasil y Perú. En mayo, más de 10 funcionarios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) decomisaron 320 troncas de madera ilegal, en el departamento de Santa Cruz. “Estamos cumpliendo con el mandato de combatir todo acto de ilegalidad, sentar mano dura a la tala ilegal de madera y las sanciones serán acorde a la infracción”, dijo Luis Roberto Flores Orellana, director ejecutivo nacional de la ABT, en un comunicado luego del operativo.
Mientras tanto, la fauna silvestre de Bolivia está siendo depredada. Una de las especies más afectadas es el jaguar, cuyas partes son muy apetecidas en China. “La construcción de carreteras por empresas chinas a través de la Amazonía boliviana abrió el camino a nuevas incursiones de los comerciantes de jaguares. Grupos ambientalistas han documentado incautaciones de cientos de colmillos y garras de estos felinos, en cargamentos con destino a China, a través de redes administradas desde restaurantes y tiendas de propiedad china”, remarca el informe La Amazonía Saqueada.
Fuente: Dialogos del Sur e Infobae
