Esta semana Bolivia comenzó a vivir dos definiciones judiciales clave relacionadas con la crisis política de 2019. Por un lado, el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto anuló el juicio ordinario penal contra la expresidenta Jeanine Áñez en el caso Senkata, al considerar que le corresponde un juicio de responsabilidades en virtud de su condición de exmandataria interina. La decisión implica que el proceso deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se definirá si avanza o no la autorización para enjuiciarla.
Áñez, que participó en la audiencia virtual desde el penal de Miraflores en La Paz, volvió a negar responsabilidad en las muertes ocurridas durante la represión de Senkata en noviembre de 2019. “Yo habilité a las Fuerzas Armadas, pero eso no significaba vía libre para matar”, declaró en su defensa. El fallo judicial supone un giro procesal que puede ralentizar el juicio y trasladar el debate a la arena política.
Al mismo tiempo, en La Paz, el juez Marco Antonio Vargas, del Juzgado Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción, resolvió la situación de dos de los principales líderes cívicos acusados en el Caso Golpe de Estado I:
- Marco Antonio Pumari, exlíder cívico de Potosí, obtuvo libertad pura y simple.
- Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, fue beneficiado con detención domiciliaria.
Acusaciones y riesgos
Ambos habían sido acusados de participar activamente en las movilizaciones y articulación política que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019.
- Camacho enfrenta cargos por terrorismo, sedición, instigación pública a delinquir, cohecho activo, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
- Pumari fue imputado por terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
La Fiscalía presentó 227 pruebas documentales y más de 139 testigos para sostener el caso. Sin embargo, las medidas alternativas a la prisión preventiva despertaron críticas de sectores sociales y políticos que advierten sobre riesgos de fuga, manipulación del proceso y sensación de impunidad.
En Bolivia el oficialismo, a través de legisladores del MAS, sostuvo que estas decisiones ponen en riesgo la búsqueda de justicia para las víctimas de Sacaba y Senkata. Evo Morales declaró que la impunidad no puede imponerse “por la fuerza de los poderosos” y pidió que la Asamblea avance en autorizar el juicio de responsabilidades a Áñez.
Desde la oposición, en cambio, se celebró el fallo como un avance en el respeto a las garantías constitucionales y un freno a lo que califican como “persecución política” del gobierno.
Reacciones internacionales y opositoras
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado expresó en la red social X su confianza en la pronta liberación de Áñez, Camacho y Pumari, a quienes calificó como “símbolos de resistencia democrática”. “La libertad de mis queridos amigos Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari es un acto de justicia. Nunca debieron estar presos. Su esperada liberación nos emociona a todos”, escribió.
En la misma línea, el expresidente y candidato a la presidencia de Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga, aseguró que, de llegar al gobierno, los acusados tendrán derecho a defenderse en libertad, porque considera que son “presos políticos”.
Un país en tensión judicial y política
Los fallos de este 25 de agosto reconfiguran el escenario judicial en torno a los hechos de 2019 y trasladan parte de la disputa a la arena política. Mientras el futuro de Áñez depende ahora de la Asamblea Legislativa, la situación de Camacho y Pumari reabre el debate sobre la independencia judicial y el alcance de la justicia transicional en Bolivia.
