Por Calixta Quispe
La Paz — La anulación de procesos contra la ex presidenta Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari genera dudas sobre el actuar de la justicia boliviana. La agresión a un abogado de víctimas evidencia un sistema judicial influido por intereses políticos, mientras familiares y organismos internacionales exigen verdad, justicia y reparación por las masacres de Senkata y Sacaba.
Judicialización a la medida del poder político
El martes 26 de agosto de 2025, Víctor Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty, fue expulsado a empujones de los tribunales durante una audiencia que revisaba medidas cautelares para Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, líderes cívicos de Santa Cruz y Potosí. El incidente, filmado y difundido, simbolizó la tensión entre las víctimas y los simpatizantes de los acusados.
Simultáneamente, tribunales de El Alto y La Paz anularon procesos, revisaron medidas cautelares y remitieron la acusación contra Jeanine Áñez a un posible juicio de responsabilidades, una decisión que podría demorar años. Organizaciones de víctimas denunciaron un “manto de impunidad” y anunciaron presentar una denuncia ante la CIDH.
“El TSJ ha atentado contra las víctimas, dejando en impunidad las muertes, la masacre que ya ha sido confirmada por la CIDH. El juez ha firmado ese fallo con sangre, con la sangre de nuestros hijos. Él, su firma, y su conciencia, están manchadas para siempre”, declaró Gloria Quisbert, representante de las familias de Senkata.
“Nos han dado otro puñal en la espalda. Han dejado en libertad a quienes deben pagar por las muertes”, añadió Quisbert, resaltando el abandono hacia los sectores más vulnerables del país.
Desde la Asociación de Presos y Perseguidos Políticos del gobierno de Áñez, familiares y víctimas relataron que fueron detenidos y torturados solo por defender símbolos indígenas como la whipala o apoyar a mujeres de pollera, mientras que ahora la justicia protege a los responsables. Una víctima recordó:
“Nos duele ver que quieren liberar a Áñez, Camacho y Pumari. Ellos son autores. Lo que vivimos no se olvida”, tras haber sido encarcelada seis meses injustamente mientras sus hijos quedaban abandonados.
Masacres, procesos judiciales y recomendaciones internacionales
Las masacres de Senkata (19 de noviembre de 2019) y Sacaba (15 de noviembre de 2019) dejaron al menos 37 muertos y más de un centenar de heridos, según el GIEI-CIDH. Fueron ejecutadas tras el Decreto Supremo 4078, que otorgó impunidad a las Fuerzas Armadas en operativos de “restablecimiento del orden”. Por lo cual existen varias pruebas y leyes que refuerzan el pedido de las victimas en su pedido de justicia y que eso implique que los responsables políticos de ese gobierno sigan encarcelados.
Además que existen varios procesos judiciales abiertos para estos ex funcionarios bolivianos:
- Jeanine Áñez: condenada a 10 años de prisión por el caso Golpe II (resoluciones contrarias a la Constitución). Fiscalía solicita hasta 30 años por homicidio y genocidio en Senkata y Sacaba.
- Luis Fernando Camacho y Marco Pumari: imputados por terrorismo (Artículo 133 del Código Penal), con penas de hasta 20 años. Mantienen prisión preventiva por riesgo de fuga y posible presión sobre testigos.
- Otros procesos: Caso Gases (sobrefacturación de material antidisturbios; exministro Murillo condenado en EE.UU., causas abiertas en Bolivia y Argentina), denuncias en Argentina por jurisdicción universal y casos por delitos de lesa humanidad.
La captura de Áñez en 2021, escondida en un sommier, fundamentó la prisión preventiva, criterio que la Fiscalía aplica también a Camacho y Pumari.
Otro funcionario estrella de aquel gobierno era Arturo Murillo, exministro de Gobierno, quien fue condenado en enero de 2023 en EE.UU. a 70 meses de prisión por conspiración para lavar sobornos relacionados con la venta de gases lacrimógenos a Bolivia. Murillo cumplió su sentencia y fue liberado el 20 de junio de 2025, encontrándose actualmente en detención migratoria a la espera de su posible deportación a Bolivia para enfrentar al menos ocho procesos penales.
Responsabilidad de Áñez en Sacaba y Senkata
El Decreto Supremo 4078 (15/nov/2019) otorgó exención de responsabilidad penal a militares en operaciones de “restablecimiento del orden”, creando condiciones de impunidad durante los operativos en Sacaba y Senkata.
El GIEI–CIDH determinó graves violaciones de DD. HH., instando a juzgar a responsables políticos y mandos operativos. La ONU–ACNUDH verificó al menos 20 muertes durante operaciones policiales y militares.
La Justicia boliviana esta en la mira hace tiempo, ya que en 2022 el Relator Especial de la ONU sobre independencia judicial, Diego García-Sayán declaró que para un mejor funcionamiento del sistema era recomendable:
- Erradicar la corrupción y sancionar a jueces responsables de prácticas irregulares.
- Avanzar de oficio en investigaciones sobre la crisis de 2019-2020, garantizando participación de víctimas y celeridad.
- Mejorar la formación profesional para asegurar respeto al Estado de derecho y derechos humanos.
Según diferentes organismos de Derechos Humanos existen más de 37 muertes durante estos dos años de violencia, donde el ejercito y la polícia fueron los grandes responsables de violentar a los ciudadanos que se manifestaban en las calles contra la «dictadura de Jeanine Añez». Los casos detallados de violencia y donde hubo muertos son los siguientes:
- Montero (Santa Cruz), 30/oct/2019: Mario Salvatierra (60) y Marcelo Terrazas (41).
- Quillacollo/Cochabamba, 6–7/nov/2019: Limbert Guzmán (20).
- Potosí (Betanzos), 12/nov/2019: Marcelino Jarata Estrada (53).
- La Paz, 11/nov/2019: Percy Romel Conde Noguera (31) y Beltrán Paulino Condori Aruni (23).
- Yapacaní (Santa Cruz), 13/nov/2019: Filimón Salinas Rivera (15).
- Sacaba y Senkata (noviembre 2019): al menos 37 muertos.
- Cochabamba, K’ara K’ara, mayo–junio 2020: Julio Pinto Mamani (11/jun/2020) y otros heridos/fallecidos por uso excesivo de la fuerza.
El 14 de agosto David Inca, representante de las víctimas de la masacre de Senkata, advirtió que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si la expresidenta Jeanine Áñez es apartada del proceso penal ordinario y el eventual juicio de responsabilidades no prospera en la Asamblea Legislativa.
Inca señaló que, si el juicio de responsabilidades no logra la mayoría de dos tercios, se abriría la puerta a la impunidad, y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) serviría como prueba ante la CIDH. El documento, aprobado en 2021, concluyó que durante el gobierno de Áñez se registraron graves violaciones a los derechos humanos, incluidas masacres, torturas y ejecuciones extrajudiciales en Senkata y Sacaba.
Organismos internacionales y familiares advierten que la reciente reconfiguración política, con un MAS más conciliador con la derecha, amenaza la independencia judicial y podría consolidar la impunidad por crímenes de Estado.
La pregunta abierta es si Bolivia podrá garantizar procesos judiciales imparciales y transparentes, asegurando verdad, reparación y sanción, o si las masacres de 2019 se sumarán a la lista de crímenes de Estado sin castigo efectivo.
