Por Calixta Quispe
La iniciativa surge tras una movilización nacional encabezada por la Central Obrera Boliviana que logró frenar un decreto cuestionado por vulnerar la Constitución Plurinacional.
Bolivia vuelve a ser escenario de una profunda controversia política y social tras la presentación en la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley que busca tipificar el bloqueo de carreteras como delito penal, con sanciones que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión. La propuesta fue impulsada por el diputado Carlos Alarcón, de la alianza opositora Unidad, y ha sido denominada por sus promotores como una “ley antibloqueos”.
La iniciativa se presenta en un contexto especialmente sensible: esta semana, después de la primera gran movilización nacional que logró frenar el Decreto Supremo 5503, una norma del Ejecutivo cuestionada por sectores sociales por dejar atrás marcos normativos y garantías contempladas en la Constitución Política del Estado Plurinacional. Aquella protesta, iniciada por la Central Obrera Boliviana (COB), fue creciendo con la adhesión de gremiales, transportistas, organizaciones vecinales y otros actores populares, y tuvo como eje central el bloqueo de carreteras como forma de presión.
Para amplios sectores sociales, ese antecedente resulta clave para entender el momento político. La lectura que hacen sindicatos y organizaciones es que el proyecto de ley no surge de manera aislada, sino como una respuesta directa del poder político a la eficacia demostrada por los bloqueos como herramienta de lucha social.
“El bloqueo es un delito y no un derecho”, sostuvo el diputado Alarcón al presentar la iniciativa, señalando que las penas se aplicarían de manera acumulativa junto a otros delitos que puedan cometerse durante las protestas. El proyecto también plantea responsabilidades civiles solidarias por los daños ocasionados y establece garantías especiales para la actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas durante los operativos de desbloqueo.
Sin embargo, la reacción de las organizaciones sociales ha sido inmediata y contundente. Desde la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, su secretario general, Víctor Tarqui, advirtió que una ley de este tipo “corta las manos y tapa la boca” de los sectores populares, al criminalizar lo que consideran su principal, y muchas veces único, mecanismo para hacer escuchar sus demandas.
“El bloqueo no es un capricho, es una respuesta a la falta de soluciones. Si nos quitan eso, ¿qué mecanismo de lucha nos queda?”, señaló Tarqui, en una postura que también fue respaldada por dirigentes de la COB y otras organizaciones sindicales.
Los bloqueos de carreteras han sido históricamente una de las formas más recurrentes de protesta en Bolivia, en un país marcado por una geografía compleja y una fuerte tradición de movilización social. Según datos de la Fundación UNIR Bolivia, solo en 2023 se registraron cerca de 200 bloqueos a nivel nacional, mientras que estimaciones del sector empresarial hablan de entre 180 y más de 200 días con interrupciones viales durante ese año.
Para los movimientos sociales, el foco del debate no puede reducirse a lo económico: sostienen que los bloqueos son una expresión de participación política directa frente a un Estado que, según denuncian, toma decisiones sin consulta ni consenso.
En ese sentido, organizaciones recuerdan que el actual gobierno, al asumir, expresó públicamente que no gobernaría de la mano de las organizaciones sociales, una definición que hoy vuelve al centro del debate. Para muchos dirigentes, el proyecto de ley antibloqueos confirma esa ruptura y marca un intento de reconfigurar el orden político mediante la criminalización de la protesta.
Mientras el proyecto avanza en su trámite legislativo, el rechazo social anticipa un nuevo capítulo de tensión entre el Estado y los sectores populares, en un país donde la calle, históricamente, ha sido un espacio decisivo de disputa política.
