En un contexto de creciente hostilidad estatal, la Argentina gobernada por Javier Milei experimenta un preocupante retroceso en materia de libertades civiles. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión se encuentra bajo amenaza. Escraches simbólicos, posteos airados en redes sociales o canciones críticas han devenido en causas penales, detenciones, persecuciones digitales y estigmatización pública. La libertad prometida por el gobierno parece más bien reservada para quienes no disienten.
El caso que destapó esta escalada fue el escrache a la casa del diputado José Luis Espert, quien fue blanco de una protesta con bolsas de excremento y un cartel con la leyenda «Acá vive la m***** de Espert». El hecho registrado en video, fue inmediatamente vinculado a Alexia Abaigar, militante peronista y funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció su detención con tono celebratorio en redes sociales, publicando en su cuenta de X: «A la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, y a la noche tira caca a la casa del diputado Espert».
Abaigar fue imputada por el delito de «intimidación pública» (artículo 211 del Código Penal), cuya pena puede ir de dos a seis años de prisión. No se registraron daños materiales ni violencia física. Se trata entonces, de una acción simbólica penalizada como amenaza al orden institucional. Hasta el momento, continúa imputada y bajo investigación judicial.
Este hecho marcó un nuevo estándar en la criminalización de la protesta simbólica. La expresión política, aún en formas irreverentes o provocadoras, es parte del debate democrático. Sin embargo, en esta nueva doctrina de seguridad, el gobierno libertario busca enviar un mensaje ejemplificador: la disidencia se castiga.
Criminalización extendida del disenso digital
A la par de este caso, otros ciudadanos fueron detenidos por expresarse en redes sociales:
- Un joven de 29 años en Chacarita fue arrestado por un comentario en Instagram en el que amenazaba con dispararle a Milei y a quienes lo apoyaran.
- En Rafael Castillo, un hombre fue detenido tras realizar reiteradas amenazas de bomba a edificios públicos y de muerte al presidente, vía llamadas al 911.
- En Berazategui, otro ciudadano fue aprehendido por publicaciones contra Milei en la red social X.
- En CABA, un hombre fue arrestado por mensajes dirigidos a Patricia Bullrich, donde afirmaba que merecía morir y que contratarían un sicario para matarla.
En todos los casos se aplicó el artículo 211 del Código Penal, reforzado por los nuevos protocolos de actuación del Ministerio de Seguridad. La figura de “intimidación pública” fue interpretada ampliamente para abarcar expresiones en discusiones digitales, discursos de protesta y comentarios críticos. Las detenciones fueron ejecutadas con despliegue policial espectacular y cobertura mediática sin demasiados cuestionamientos.
Un Estado que acosa a sus críticos
El hostigamiento no se limita al ámbito judicial. Periodistas, artistas y activistas que expresan críticas al gobierno han sido blanco de campañas coordinadas de desprestigio, muchas veces encabezadas o avaladas por el propio presidente.
El último fin de semana la periodista Julia Mengolini fue atacada mediante una operación digital con inteligencia artificial, según denunciaron diversos medios especializados en ciberseguridad y análisis de contenido. La produción creada con IA que mostraba una relación incestuosa de la periodista fue replicado masivamente por trolls libertarios y alentado desde cuentas oficiales. Similar fue el caso de Lali Espósito, acusada de “cantar para los ñoquis” tras rechazar el ajuste. Otro artista que sufrio los acosos o incluso afectación a su trabajo fue Milo J, quien fue tildado de “pseudo rapero adoctrinado”, y a la lista de afectados se agregan María Becerra, Cazzu, Darín y hasta un niño activista con capacidades especiale, todos ellos fueron insultados y ridiculizados por expresar opiniones contrarias al oficialismo.
El presidente Milei ha promovido este discurso de odio con mensajes en los que sostiene que “la batalla cultural es más importante que la económica”, priorizando el enfrentamiento ideológico sobre la gestión pública. La violencia simbólica institucionalizada desde la cima del poder no solo alienta el bullying político, sino que legitima la persecución de voces críticas.
Vulneración de derechos y colapso institucional
Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado al menos 1.155 heridos durante protestas reprimidas por este protocolo, incluyendo a niños, jubilados y periodistas. Naciones Unidas advirtió que estas políticas violan estándares internacionales en derechos humanos. La propuesta de la “ley de reiterancia” agrava el panorama, al permitir prisión preventiva automática a personas con antecedentes penales, sin condena firme.
Además, la mayoría de las personas detenidas en estos casos se encuentran procesadas y algunas bajo prisión preventiva, con imputaciones por intimidación pública o amenazas agravadas. La tendencia indica un uso cada vez más amplio y discrecional del derecho penal para silenciar la disidencia.
A esto se suman los artículos como el 14 de la Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes “publicar sus ideas sin censura previa”. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos asegura la libertad de pensamiento y expresión “sin consideración de fronteras”. Sin embargo, estas garantías son socavadas por la aplicación desmedida de normas penales, como el artículo 211, y por protocolos como el 943/2023 (antipiquetes), que criminalizan la protesta social.
La cultura de la grieta como proyecto de gobierno
El gobierno de Milei parece no tener un plan estructural de mejora en la calidad de vida de la ciudadanía. El ajuste brutal, la licuación de salarios y jubilaciones, y la desarticulación de políticas sociales se acompañan de una narrativa de enfrentamiento y odio hacia quienes disienten. El enemigo interno del “zurdo”, “ñoqui”, “feminista”, o “progre” ha sido instalado como causa de todos los males.
