La Comunidad Kolla de Rinconada, a casi 4 mil metros sobre el nivel del mar, en la Puna jujeña, fue sorprendida en la tarde del domingo pasado por personal de la firma Wicz Mining Consulting que buscaba ingresar al territorio ancestral sin la autorización de sus habitantes mediante una consulta previa libre e informada.
La presencia de los referentes de la firma provocó la rápida reacción de la Comunidad, con su presidenta, Mirta Llampa a la cabeza, quien señaló que se encuentra en estado de alerta, tras denunciar un intento de ingreso por parte de la empresa.
Según informaron las autoridades comunitarias, la compañía pretendía realizar exploraciones en el territorio con la intención de habilitar futuras explotaciones mineras.
“Estamos cansados, ellos insisten, insisten, y les decimos no. Ellos no respetan la decisión de una comunidad que tiene una presidenta, que tiene autoridades. Ellos solo atropellan, queremos que esta situación se visibilice porque no hay ningún acuerdo”, sentenció en declaraciones al medio de Página/12.
En este contexto, la resolución del Juzgado de Minas sobre un pedido de cateo realizado por un particular identificado como Daniel Alderete generó la sospecha de que la minera avanzó en el territorio mediante acuerdos entre el gobierno de Jujuy y autoridades de las comunidades indígenas de Casa Colorada y Santo Domingo, que también habitan en el departamento Rinconada.
En el Boletín Oficial de la provincia, el 3 de febrero se publicó la concesión a favor de Daniel Alejandro Alderete de un “permiso de exploración o cateo de sustancias minerales de primera y segunda categoría, en el departamento Rinconada de dicha Provincia, sobre una superficie de dos mil hectáreas”.
Para la comunidad, esa acción no cuenta con un aval válido, ya que ignora el Convenio 169 de la OIT.
«Entraron sin permiso y sin avisar a las autoridades de la comunidad», denunciaron los referentes de la comunidad. La resistencia fue inmediata: los comuneros se plantaron frente a las máquinas y obligaron a los operarios a retirarse, dejando en claro que la propiedad comunitaria no es un bache en el mapa para las empresas.
«Nosotros tenemos todos los papeles que acreditan que ese territorio corresponde a la Comunidad de Rinconada. Sin embargo, el gobierno está queriendo entregar nuestras tierras», afirmó Llampa.
La comunidad aseguró que no permitirá el avance de la actividad minera en su jurisdicción y destacaron que ya han efectuado diversas presentaciones legales contra los pedimentos que el gobierno autoriza dentro de su territorio. Este conflicto se enmarca en una problemática mayor en la provincia de Jujuy, donde la política de expansión de proyectos de exploración y explotación mineral choca directamente con las demandas de los pueblos originarios.
En este sentido, los referentes de Rinconada recordaron que estas acciones vulneran derechos constitucionales básicos, especialmente el derecho a la autodeterminación y el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada, procesos que consideran indispensables para garantizar el respeto a sus tierras y formas de vida.
