La familia Villalba es oriunda de Paraguay y es atravesada por una historia de luchas políticas en su país, encabezando una lucha por la libertad de su pueblo campesino integrando el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). A partir de ello, comienza un sin fin de situaciones que hacen la vida más difícil a dicha familia.
La familia tiene una historia plagada de pérdidas e injusticias en su haber, pero conserva su espíritu de lucha y resistencia ante los ataques del Estado paraguayo.
Myriam Villalba, hermana de Laura y Carmen, nos cuenta en Mink’a Comunicación todo el proceso por el que han ido atravesando a lo largo de estos años luego del infanticidio de su hija Lilian y su sobrina María Carmen Villalba, el desarraigo de su tierra natal, de Argentina y su reciente vida en Venezuela.
El contacto con Myriam surge a partir de la Campaña Internacional en Solidaridad con la familia Villalba -¿Dónde está Lichita?– Eran Niñas, quien acompaña a la familia y encabeza diferentes acciones para dar a conocer el caso y visibilizar lo que padece la familia día a día. Myriam es una de las víctimas de esta persecución, dando voz a lo que en Paraguay se quiere acallar.
Myriam, es una joven abogada y madre a la que se la ve llena de fortaleza a pesar de todo lo vivido, hoy es quien encabeza la lucha en búsqueda de la verdad con el asesinato de su hija y sobrina, visibilizar la situación de sus hermanas en la cárcel de máxima seguridad, como así también la aparición con vida de “Lichita”, hija de Carmen y sobrina de Myriam.
A Myriam se la ve serena y con muchas ganas de decir su verdad. Una verdad silenciada en su país pero que supo atravesar las fronteras gracias a su incansable lucha junto a su familia y al acompañamiento de muchas organizaciones. Ella nos cuenta cuál era el contexto en el que las niñas se encontraban en Paraguay aquél 2 de septiembre del 2020.
“Lilian, María Carmen (11 años), Carmen Elizabeth Oviedo Villalba y su melliza Tamara Anahí (14 años), viajaron con su tía Laura a Paraguay en el mes de diciembre del 2019, una vez que concluyeron su año lectivo. Viajaron como una especie de vacaciones. Esta situación se complicó en Paraguay porque fue el primer país en cerrar su frontera por la pandemia. Eso sucedió en marzo. Ellas tenían que volver para continuar con su año lectivo, pero no pudieron hacerlo.
Después nos enteramos que hubo un operativo el 2 de septiembre de 2020 donde capturan, torturan y ejecutan a Lilian Mariana y María Carmen, niñas argentinas de once años que estaban cursando el 5to año en una escuelita de Misiones, Argentina”.
El fatídico 2 de septiembre en la zona de Yby Yaú, departamento de Concepción, Paraguay, las niñas argentinas fueron asesinadas durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La familia sostiene que ha sido un “operativo montado por policías y militares en Paraguay”, y muy “festejado por el entonces presidente Mario Abdo Benítez”, en donde publicó: “Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal”.
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), responsable de esos crímenes, fue creada mediante Decreto N.º 103/2013 del Poder Ejecutivo paraguayo, dentro del marco legal establecido en la Ley 5036/13, que modifica la Ley N.º 1337/99 «De Defensa Nacional y Seguridad Interna». Esta fuerza es una unidad integrada por miembros de las Fuerzas Armadas de Paraguay, de la Policía Nacional del Paraguay y de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), que fueron desplegados por el gobierno de Mario Abdo Benítez en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, con el objetivo de combatir a la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo, principalmente en el norte del país.
En ese contexto, el ex presidente Benítez sostuvo en una conferencia de prensa que se trataba de dos mujeres adultas y principales integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo. Esto avalado por el médico forense que hizo la inspección, el Dr. Pablo Lemir ,“porque a ellas nunca le hicieron la autopsia”. El médico indicó en ese entonces que se «trataba de dos mujeres adultas», por el desarrollo físico de las niñas, pero una vez que las autoridades argentinas presentaron la documentación, que fue a través del embajador argentino en Asunción, así como el Consul, claramente se podía ver que se trataba de dos niñas de once años que eran de nacionalidad argentina cursando el 5to grado”.
“Desde ese momento, nosotros como familia pedimos a las autoridades, y también las autoridades argentinas mismas, el ingreso del equipo Antropológico argentino para que le puedan hacer la autopsia. Algo que nunca sucedió”.
Este hecho generó una condena internacional y reavivó las alarmas sobre la creciente militarización del Estado en sus políticas de seguridad. Las irregularidades, tanto en el operativo como en la posterior investigación, lo que puso en duda la credibilidad del gobierno y expuso las fallas estructurales en la protección de los derechos humanos en el país, lo que llevó al Comité de los Derechos del Niño de la ONU a iniciar una investigación confidencial en el 2020.
En enero de 2025, el Comité publicó un informe que abordó los posibles homicidios ilegítimos y las alegaciones de que Paraguay adoptó medidas para encubrir los hechos, concluyendo que el Estado paraguayo es responsable de graves violaciones de derechos humanos que fueron agravadas por la falta de una investigación imparcial.
En el informe se sostiene que Paraguay violó el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, al privar arbitrariamente de la vida a las niñas, y el artículo 4, al no llevar a cabo una investigación adecuada sobre sus muertes.
A esto se suma, que luego del suceso a través de los medios hegemónicos paraguayos circuló imágenes de las niñas asesinadas con uniformes militares que después tuvieron que bajar y “desdecirse por el hecho de que se notaba que los uniformes estaban perfectamente impecables, o sea, estaban limpios, prácticamente sin uso, eran nuevos”.
Según detalló la familia, a las niñas se las enterró ese mismo 2 de septiembre. “A la tardecita queman todas las evidencias, o sea, los uniformes, todo lo que las niñas tenían lo quemaron. Supuestamente argumentando el protocolo de COVID. Todas las evidencias que realmente podían demostrar que los uniformes tenían la cercanía de los proyectiles, todo eso”, no se pudo demostrar nada ya que el fiscal ordenó que se incinere todo mediante el protocolo de Covid-19, por lo que la familia denuncia que “nuestras niñas en ningún momento fallecieron de Covid” por lo que comenzaron a hacer varias denuncias “de hecho hasta hoy estamos insistiendo para ingresar en la causa, cosa que no hay en Paraguay porque nunca se investigó el doble infanticidio, así como la desaparición forzada”.
Cabe recordar que la adolescente Carmen Elizabeth Oviedo Villalba “Lichita”, fue desaparecida desde fines del año 2020 en la misma zona que asesinaron a sus primas. Oviedo Villalba es hija de Alcides Oviedo y Carmen Villalba, dos líderes históricos del EPP que se encuentran encarcelados.
La búsqueda y desaparición de Lichita
La desaparición de “Lichita” se produjo el 30 de noviembre del 2020 en la zona de Cerro Guazú, en Pedro Juan Caballero. “Lichita fue herida ese 2 de septiembre en una de sus pantorrillas, y es nuevamente herida el 30 de noviembre cuando ellas trataban de salir de ahí para volver a Argentina”.
El 30 de noviembre, las cuatro que habían sobrevivido al primer ataque fueron emboscadas nuevamente. Carmen Elizabeth, “Lichita”, de 14 años fue herida de bala y desaparecida. Laura, madre de una de las niñas, fue capturada mientras buscaba a su sobrina. Las otras dos primas adolescentes, Tamara de 14 y Tania de 19 años, lograron cruzar la frontera y regresar a Argentina el 23 de diciembre.
En este marco, “la que sí fue detenida es Laura Villalba, ella fue la que viajó con las niñas para garantizar ese derecho a la identidad, también conocer familiares paternos. Ella sí está detenida, de hecho, la condenaron a una pena muy alta que es de 31 años. En principio la condenaron por una causa de violación del deber de cuidado y educación a 3 años y posteriormente le armaron una causa por terrorismo, a la cual la condenaron a 26 años”.
Laura, hermana de Carmen y Myriam, es enfermera, estudió y se recibió en Misiones, además trabajaba en una clínica privada en el momento que quedó varada en Paraguay, actualmente está detenida en un cuartel de máxima seguridad.
“A Laura la detienen el 23 de diciembre del 2020 cuando estaba buscando a Lichita. A ella la intercepta una guardia militar. Ella lo primero que hace es pedir ayuda para buscar a su sobrina que estaba desaparecida y que estaba herida. Laura en ese momento no contaba con ningún tipo de orden de captura, no tenía procesos pendientes”, sin embargo, la jueza ordena que “guarde reclusión en un penal militar donde la tenían aislada e incomunicada, siendo la única mujer civil que se encontraba en ese lugar”.
Según manifestó Myriam, “después de varias denuncias internacionales, así como el informe del Mecanismo de Prevención contra la Tortura de Paraguay se logra el traslado de Laura donde también la tenían en la misma situación, y posterior a eso la llevan a un penal civil”.
Por otro se le suma que en “el juicio de Laura los testigos que utilizaron fueron los policías y los militares que torturaron, ejecutaron e hicieron desaparecer a nuestras niñas y a Lichita, esos son los testigos que se utilizaron en el caso de Laura”, como una ofensa hacia la familia.
El caso de Carmen no ha sido distinto, ya que ha tenido controversias. Según destacó su hermana ya habría cumplido su condena, pero tras un nuevo juicio sigue en prisión.
“Carmen, mamá de Lichita ya ha cumplido su condena de 18 años en el 2018, pero le armaron otra causa donde la condena nuevamente a 17 años por una causa ya prescripta del 2004”, la fiscalía, así como “el juzgado dijo que Carmen empieza a compurgar desde el 2018. Así que la condena va a estar cumpliéndose en el 2035 recién”.
Para la búsqueda de Lichita se organizaron varias organizaciones sociales, de derechos humanos y conformaron distintas delegaciones para su búsqueda en el marco de una misión humanitaria, ya que desde su desaparición las autoridades paraguayas “no tienen la intención de buscarla como tampoco dejan buscarla. Tampoco se investigó nunca la desaparición”. La causa que se abrió del caso es por trata y a la “que imputaron por esa causa es justamente a mi persona, porque yo tenía la guarda de las dos mellizas, tanto de Tamara Anahí como de Carmen Elizabeth. Por esa razón es que las organizaciones como integrantes de la Campaña, en ese momento ¿Dónde está Lichita?, fueron a buscarla, a recorrer la zona, a hablar con las autoridades y exigir la búsqueda de Lichita, cosa que nunca sucedió. Al contrario, fueron expulsados. El argumento que usaron era que estaban violando la soberanía y que eran un peligro para la sociedad paraguaya. Es decir, no tenían ni siquiera intención de dejar que los compañeros y compañeras solidarios busquen a Lichita.”
La denuncia
Según establece la familia, el pedido de repatriación de los cuerpos de las niñas argentinas no ha sido aprobado por Paraguay cuando se lo solicitó. “En todo momento buscaron que la familia se acerque hasta Paraguay para retirar los cuerpos. Eso no era otra cosa que una intención de tomarle a toda la familia, tomarla presa a la familia, principalmente después de esos hechos, de esos crímenes aberrantes que ha cometido el Estado Paraguayo como estaba siempre acostumbrado de realizar, pero que no trascendía la frontera porque hubo casos de campesinos que fueron ejecutados, así como dirigentes indígenas y cosas que nunca se investigó”.
Sin embargo, el caso del doble infanticidio, así como la desaparición forzada, tuvo mucha presión y trascendió. “Como familia y en compañía, o con el apoyo de todas las organizaciones que conformó la campaña hemos hecho denuncias internacionales, tanto a las Naciones Unidas como a la CIDH”.
En este contexto, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU responsabilizó al Estado paraguayo por las violaciones a los derechos humanos, agravados por la falta de una investigación imparcial, lo que evidenció la erosión de la frágil institucionalidad en el país.
En su respuesta a dicha investigación del Comité, el gobierno minimizó la responsabilidad de la FTC. Sin embargo, las evidencias demostraron que la investigación fue gravemente obstaculizada desde el principio, estableciendo que se destruyeron pruebas claves, como la ropa de las niñas que fueron quemadas bajo el pretexto de protocolos sanitarios relacionados con el COVID-19, además del impedimento de realizar un análisis forense inmediato para esclarecer los hechos.
“Paraguay hace caso omiso a esas recomendaciones porque está acostumbrado a actuar así. Estamos todavía en un régimen por más de que el dictador Alfredo Stroessner ya falleció hace mucho tiempo. Aunque supuestamente la dictadura se terminó en Paraguay, es el mismo partido político que rige, que sigue vigente y que usa todas las instituciones como el sistema stroessnista, y bueno, por lo visto vamos a seguir perdiendo varias vidas. También seguiremos haciendo denuncias internacionales para que realmente en Paraguay se respete los derechos humanos, se respete la libertad de ideología y que no haya más presos políticos”.
Persecución política y desarraigo
Otras de las cuestiones por las que tuvo que atravesar la familia fue el desarraigo de su tierra natal desde hace más de diez años, donde la familia se radicó en el norte del país.
El dolor de dejar su pueblo y su país ha sido muy fuerte, pero necesario para resguardar la vida de su familia, por lo que se establecieron en Puerto Rico, un pueblito de menos de 20 mil habitantes en Misiones.
Eduardo Soares, miembro de La Gremial de abogados y abogadas de Argentina, y abogado de la familia, quien los representa a nivel internacional y de Argentina sostuvo en una entrevista que “la situación del conflicto de Paraguay es la tierra y es un conflicto que lleva 150 años entre los grandes latifundistas y los campesinos”
En este marco es que el Ejército del Pueblo surge como una organización político-militar con base en las zonas rurales del norte de Paraguay para luchar por el acceso a la tierra, y alcanza mayor notoriedad a través de los secuestros de políticos y terratenientes.
En una escalada de violencia tras la aplicación de la ley antiterrorista, donde también tomó partido el Estado paraguayo militarizando la región, hizo que los enfrentamientos por la defensa del territorio se recrudecieran, y las consecuencias de ese enfrentamiento sean más muertos.
Myrian Villalba ejerció como abogada en la defensa de familiares y personas que fueron procesadas y condenadas, ya que según destacó “en Paraguay no necesitas pruebas para ser condenado porque el ejercicio de la defensa es meramente de adorno».
Por su parte Soares subrayó que a partir de esa militarización se realizan operaciones que “son de manual”, donde una de las víctimas termina siendo la muerte del hijo de 12 años de Carmen Villalba.
Tras esa escalada de violencia, hizo que “muchas mujeres embarazadas, algunas de guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo, vengan a la Argentina, como fue el caso de Lichita y Anita, las dos mellizas de Carmen Villalba”, indicó el letrado.
En tanto la familia, luego del asesinato de las niñas alegó una intensa persecución, por lo que solicitó refugio político en Argentina, un pedido que les fue concedido el 22 de febrero del 2021, pero luego revocado el 12 de abril del 2024 cuando el Fiscal Ercolini realizó tres allanamientos de forma ilegal y violenta a ciudadanas con estatus de refugio político. La orden de detención (para Mariana, Myriam, Rosa, Tania y José) fue ordenada desde Paraguay con fines de extradición.
Esto a su vez tuvo mayor relevancia meses después luego de los anuncios por parte de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando dijo: “el Gobierno argentino, a través de la Comisión Nacional de Refugiados, ha decidido retirar el estatus de refugiados a aquellas personas que no están aquí por cuestiones políticas, sino que han cometido actos criminales en sus países. En este caso, estamos hablando de los miembros del EPP que han generado dolor y muerte, y han utilizado a Argentina como un lugar de refugio”.
En tanto, La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) dispuso que las cuatro personas tengan refugio en dicho país, bajo el argumento de que son perseguidos políticos luego de su detención en abril. Por su parte, el ministro del Interior Enrique Riera, indicó que las cuatro personas contaban con una orden de captura internacional con fines de extradición, ya que son considerados como brazo logístico del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), es decir, acusadas de terrorismo.
Sin embargo, ese hecho presentó grandes ilegalidades en su momento, ya que la ley implicaba que no puedan enviarlas a Paraguay, e incluso se debía permitir la posibilidad de ir a un tercer país. A su vez, al encontrarse niños en los allanamientos entre 1 y 12 años, se denunció ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas por violación a los protocolos internacionales.
Para saber más sobre la situación actual leé: Denuncian torturas y vejaciones a las presas políticas en Minga Guazú
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