El movimiento indígena ecuatoriano encendió alarmas internacionales luego de que Leonidas Iza, expresidente de la CONAIE, denunciara a través de sus redes sociales que el gobierno de Daniel Noboa Azín inició una “política del desquite contra el pueblo ecuatoriano” tras el revés electoral sufrido en la Consulta Popular del pasado 16 de noviembre. El recorte presupuestario a las universidades públicas para 2026, aprobado en la proforma enviada por el Ejecutivo y validada por la Asamblea Nacional, es el eje de las críticas.
Según Iza, el gobierno habría comenzado su represalia por el sector estudiantil, uno de los que rechazó mayoritariamente las propuestas oficiales en la consulta. La nueva proforma contempla reducciones de hasta 70% para varias instituciones, afectando directamente a estudiantes, docentes y personal administrativo.
Entre los ejemplos mencionados, la Universidad Técnica de Cotopaxi enfrentará una disminución de 8,3 millones de dólares, equivalente al 22% de su presupuesto total. En la Amazonía, las universidades IKIAM y UEA sufrirán reducciones de 8,4 millones (28%) y 7 millones (17%), respectivamente, comprometiendo su capacidad operativa.
Pero el caso más crítico, señalado por Iza, es el de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (UINPI-AW). Su presupuesto descenderá de 12,2 millones de dólares en 2025 a 3,7 millones para 2026, una disminución de 69%. El dirigente denuncia que el gobierno aplicó una fórmula basada en la ejecución del presupuesto de 2025 sin considerar que el año fiscal aún no concluye y que la institución atraviesa su proceso de consolidación dentro del sistema público universitario.
“No es un ajuste técnico, es retaliación política”
Iza sostiene que este recorte constituye una “clara muestra de retaliación política” del gobierno, que —según afirma— se ha caracterizado por decisiones “basadas en el capricho y el enojo del mandatario”. Recordó que la Amawtay Wasi es una universidad comunitaria construida con el compromiso de 18 pueblos y 15 nacionalidades, y cuyo propósito es fortalecer la memoria histórica y los saberes ancestrales.
El dirigente subraya que reducir drásticamente su presupuesto “no es un ajuste menor”: pone en riesgo la continuidad académica, la investigación, la vinculación comunitaria y las oportunidades para miles de jóvenes indígenas. A su juicio, “cuando se reduce así el presupuesto, no se recorta solo dinero; se precariza el trabajo docente, se limita la misión de la universidad y se afecta directamente a la juventud”.
Iza advierte que tratar a la Amawtay Wasi como un “gasto prescindible” revela un componente “profundamente racista” en la política estatal. Para él, la universidad no es un centro educativo más, sino “una apuesta por la vida, por la diversidad y por un futuro distinto”.
“Quienes tomaron esta decisión conocen muy bien su impacto —afirmó— y por eso es fundamental que el país y la comunidad internacional lo sepan”.
El líder indígena expresó que continuará denunciando estas medidas y defendiendo el proyecto educativo intercultural que ayudó a impulsar desde su gestión en la CONAIE. “Una educación digna y fortalecida no es un privilegio: es un derecho”, concluyó.
Las declaraciones de Iza se suman a un creciente clima de preocupación en sectores académicos y comunitarios ante la profundización de políticas que, según organizaciones sociales y expertos, podrían debilitar gravemente el sistema público de educación superior en Ecuador y golpear con especial dureza a las instituciones interculturales y a comunidades históricamente marginadas.
