El lunes 21 de abril serian desalojadas varias mujeres y niños que conforman la familia Mamaní, perteneciente a la Comunidad Indio Colalao. Esta familia enfrenta un violento proceso de desalojo ordenado por la jueza penal María Valeria Mibelli, pese a haber habitado esas tierras por más de 180 años.
Amparados en su personería jurídica N° 33/11, con carpeta técnica y relevamiento territorial catastral en mano, los Mamaní se ven forzados a abandonar su hogar. La orden judicial incluye la destrucción de su vivienda y el retiro inmediato de sus animales del territorio ancestral que ocupan.
El caso ha despertado una fuerte preocupación en organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios, ya que contraviene lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, que en Argentina tiene rango constitucional. Este tratado indica expresamente que en caso de desalojo, las comunidades indígenas deben ser reubicadas en condiciones equivalentes a las anteriores, algo que no se está cumpliendo en este procedimiento.
Durante una audiencia virtual realizada el pasado 14 de abril, se notificó a la familia que comenzaran a trasladar sus animales, anticipando el inminente desalojo del territorio.
Por otro lado, la magistrada que dictó la medida, María Valeria Mibelli, no es ajena a la polémica. Actualmente enfrenta un pedido de juicio político por haber condenado al abogado Morales, defensor legal de comunidades indígenas, a quien sancionó por expresar en TikTok su opinión sobre los salarios de los funcionarios públicos.
El caso de la familia Mamaní no es un hecho aislado, sino un reflejo de las tensiones históricas entre el sistema judicial, los intereses económicos sobre la tierra y los derechos de los pueblos originarios. En este contexto, la pregunta no es solo legal, sino profundamente humana:
¿Te imaginas ser expulsada de tu casa?
