Más de 67 puntos de bloqueo paralizon a Bolivia, mientras organizaciones sindicales y campesinas exigiron y lograron la abrogación del Decreto Supremo 5503. En paralelo, el documental “EL ROBO” vuelve a escena como una advertencia histórica sobre los efectos de la privatización y la capitalización en Bolivia.
Bolivia atraviesa una nueva escalada de tensión social y política marcada por bloqueos de carreteras en todo el territorio nacional, un diálogo frágil entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), y un creciente cuestionamiento al rumbo económico impulsado por el Ejecutivo.
El conflicto se centro en la exigencia de abrogación total del Decreto Supremo 5503, al que sindicatos, campesinos y organizaciones sociales consideran una amenaza directa a la soberanía nacional, los derechos laborales y el control estatal sobre sectores estratégicos. Aunque el Gobierno insiste en la vía del diálogo, las bases movilizadas rechazaron la propuesta oficial de derogar solo algunos artículos del decreto y mantuvieron las medidas de presión hasta lograr la abrogación del decreto.
Unidad social y presión en las calles
La COB, junto a la Federación de Campesinos Túpac Katari, las Bartolinas, la Csutcb y otros sectores urbanos y rurales, consolidó una articulación inédita que se expresa tanto en los bloqueos como en un pacto de no “traición” entre organizaciones. A esta convergencia se sumaron mineros, fabriles, maestros, transportistas, federaciones vecinales y choferes de El Alto.
Desde los puntos de bloqueo, dirigentes campesinos advirtieron que el conflicto va más allá de un solo decreto. Los Ponchos Rojos y la Federación Túpac Katari otorgaron 48 horas al Gobierno para abrogar los decretos 5503, 5509 y 5515, bajo la amenaza de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz si no hay respuesta. Además, algunos sectores anunciaron que ya no asistirán a reuniones en la sede de Gobierno, demandando que las autoridades se trasladen al territorio donde se desarrollan las protestas.
En este contexto, la detención y traslado del exejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, profundizó el clima de confrontación. Huarachi está imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y concusión, y su traslado fue interpretado por sectores movilizados como una señal de judicialización del conflicto social.
Rodrigo Paz y una herencia económica cuestionada
El actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, asumió el cargo en noviembre de 2025 tras un triunfo electoral que marcó el cierre de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). Su gobierno plantea un giro económico orientado a la apertura de mercados y la reducción del rol del Estado, una línea que despierta fuertes resistencias sociales.
Antes de llegar a la presidencia, Paz fue alcalde de Tarija, donde impulsó grandes proyectos de infraestructura que dejaron cuestionamientos por su alto costo, endeudamiento municipal y escaso impacto estructural en empleo y desarrollo productivo. Para amplios sectores sociales, su trayectoria se inscribe en una continuidad familiar y política asociada a modelos económicos que priorizaron el mercado por sobre el interés colectivo.
Su padre, Jaime Paz Zamora, gobernó Bolivia a inicios de los años noventa, en un periodo atravesado por pactos políticos con la derecha y políticas de ajuste estructural. A nivel histórico, el linaje político se vincula también a Víctor Paz Estenssoro, figura central de las reformas neoliberales de los años 80, ampliamente criticadas por sus efectos sobre trabajadores, campesinos e industrias nacionales.
“EL ROBO”: el pasado que vuelve a interpelar el presente
En este escenario, el documental “EL ROBO” adquiere una relevancia particular. La obra sintetiza el Informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMIPyC), aprobado en febrero de 2014, que investigó el periodo 1985–2005, una de las etapas más controversiales de la historia económica boliviana.
El documental expone cómo los gobiernos neoliberales aplicaron dos mecanismos centrales de despojo del patrimonio estatal: la privatización, impulsada principalmente durante los gobiernos de Jaime Paz Zamora y Hugo Banzer, y la capitalización, profundizada durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ambos modelos tuvieron un denominador común: la transferencia de empresas públicas y recursos estratégicos al sector privado, mientras las deudas, pasivos laborales e indemnizaciones fueron absorbidas por el Estado.
Economistas y documentos oficiales citados en la investigación muestran que las empresas públicas fueron vendidas libres de deudas, cargando al Tesoro General de la Nación los costos sociales del proceso: despidos masivos, debilitamiento industrial y pérdida de soberanía económica. Entre los métodos utilizados se incluyen contratos de gerenciamiento, asociaciones mixtas, desmembramiento de empresas y el denominado “método bonsái”, que consistió en asfixiar deliberadamente a las empresas estatales para justificar su posterior remate.
“Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”, advertía George Santayana. En la Bolivia actual, esa frase resuena con fuerza frente a políticas y discursos que, según organizaciones sociales, reactualizan lógicas de privatización, endeudamiento y entrega de recursos.
Así, el conflicto por el DS 5503 no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una disputa más profunda sobre el modelo de país. Mientras el Gobierno insiste en el diálogo y en la necesidad de reformas económicas, las calles y carreteras bloqueadas expresan el temor de amplios sectores a que Bolivia vuelva a transitar un camino ya conocido: el de la pérdida de soberanía, el debilitamiento del Estado y el costo social descargado sobre las mayorías.
En ese cruce entre memoria histórica y coyuntura inmediata, el documental “EL ROBO” se convierte no solo en un registro del pasado, sino en una herramienta política y pedagógica para entender por qué, hoy, miles de bolivianos sostienen que el conflicto no es solo por un decreto, sino por el futuro del país.
Análisis del politólogo Marcelo Arequipa en: «Acuerdo COB, Gobierno, Costo social y político»
