El 17 de diciembre de 2025 el flamante presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, aprobó el Decreto N° 5503 con pompas y platillos. Se anunció que él mismo liberaba el precio de los distintos tipos de combustibles, lo que causó angustia en la sociedad. Por un lado, el mandatario del pueblo boliviano no se “sincero” en la socialización del Decreto dando a conocer en tiempo y forma el contenido de los más de 120 artículos, de los cuales se informó que especialistas encontraron “vicios de inconstitucionalidad” en 101 artículos y por lo tanto se presentó un amparo ante el órgano competente, el cual fue aceptado el día de hoy, siendo necesario un examen de convencionalidad nutrido.
La Organización Zera Bolivia mediante sus redes sociales explicó lo que conlleva la aprobación del mencionado Decreto.
¿QUÉ DICE EL DECRETO 5503?
El Decreto 5503 no es solo “subir la gasolina”. Declara emergencia económica, da vía rápida a grandes inversiones y trae amnistías que favorecen al capital, mientras la factura se traslada a la gente más pobre. En un Estado que se dice plurinacional, acelerar proyectos con menos controles ambientales y sociales debilita espacios donde deberían escucharse a los pueblos indígenas y a las comunidades.
Desde la teoría crítica de la raza se trabaja el Decreto 5503: quién gana, quién pierde y por qué es clave defender el derecho a la protesta.
El DS 5503 no solo sube la gasolina: también arma un combo donde la gente común absorbe la inflación, se ofrece un “colchoncito” de bonos, y al mismo tiempo se garantiza estabilidad por 15 años y regularización de capitales para grandes inversionistas.
En un país donde la pobreza golpea más fuerte a personas racializadas y barrios populares, decir “todos debemos sacrificarnos” oculta quién tiene espalda para hacerlo y quién no.
El DS 5503 crea un Régimen Extraordinario de Inversiones con estabilidad jurídica por 15 años y un Fast Track que aprueba proyectos estratégicos en 30 días, con silencio administrativo positivo.
En la práctica, esto reduce los tiempos y espacios para que pueblos indígenas y comunidades rurales puedan opinar sobre proyectos que afectan su territorio. El decreto busca resolver una crisis creada por el extractivismo… profundizando ese mismo modelo, pero blindando aún más a los inversionistas.
El gasolinazo del DS 5503 no llega solo: viene acompañado de discursos y proyectos de ley que buscan convertir el bloqueo en delito con penas de hasta 20 años.
En un país donde la protesta —y especialmente los bloqueos— han sido herramientas de pueblos indígenas y sectores populares, criminalizarlos mientras se suben los combustibles es una forma de decir: “tienes que aceptar el ajuste en silencio”.
Desde la teoría crítica de la raza, eso es profundizar el racismo estructural: proteger la circulación de mercancías y contratos de inversión por encima del derecho de la gente a defender su vida cotidiana.
UN ANTECEDENTE DAÑINO EN LA HISTORIA BOLIVIANA
LEY 21. 060
Antes del Decreto 21060, Bolivia vivía una hiperinflación brutal: la inflación anual llegó a 26.000% en 1985 y el propio decreto hablaba de “verdadero colapso nacional”. 
El 21060 fue presentado como la única salida: liberar precios, subir combustibles, congelar salarios, ajustar todo “de golpe” para salvar la economía.
Esta lógica se parece mucho a lo que Naomi Klein llama “doctrina del shock”: aprovechar una crisis extrema para imponer medidas que normalmente la sociedad no aceptaría.
¿Quién pagó y quién paga la cuenta en su vida diaria?
El discurso con el que Víctor Paz anunció el Decreto 21060. Arranca con una estrategia clásica: construir una sensación de fin del mundo – “Bolivia se muere de hambre” – para abrir el camino al paquetazo económico.
Desde Aristóteles sabemos que el pathos (apelación a las emociones) es clave para persuadir. Aquí el miedo y la desesperación no son un efecto colateral: son el punto de partida del discurso.
Detrás de la palabra técnica “relocalización” hubo más de 23.000 mineros despedidos y, en total, al menos 33.000 trabajadores de empresas estatales sin empleo después del 21060.
Muchos terminaron en el comercio informal, en el Chapare, en El Alto, en la calle. Años después, más del 60% del país seguía en pobreza, a pesar de la “estabilidad macroeconómica”.
Desde una mirada crítica, el ajuste convirtió a miles de personas —principalmente personas racializadas y sectores populares— en “costo aceptable” para salvar la economía.
El discurso de Victor Paz Estenssoro de 1985 está lleno de datos: PIB, déficit, hiperinflación, exportaciones. Podría parecer pura racionalidad económica, pero la forma en que se presentan esos números construye una sensación de catástrofe inevitable.
Las cifras se convierten en parte de la puesta en escena: no explican, aplastan. No hablan de responsabilidades concretas ni de alternativas, solo preparan el terreno para aceptar “cualquier terapia radical”.
Aquí miramos el ethos del discurso: cómo Víctor Paz se presenta como un médico sincero que no tiene intereses ocultos, dispuesto a decir “verdades duras” para salvar al paciente-Bolivia.
Esta autoimagen de líder sacrificado sirve para mover la discusión desde las responsabilidades estructurales hacia la moral individual: ¿estás dispuesto a aceptar el sacrificio o eres parte del problema?
Para concluir el discurso “Bolivia se nos muere” con Arendt y teoría crítica de la raza: la banalidad del mal aparece cuando decisiones que destruyen vidas se presentan como simples medidas técnicas, inevitables, casi administrativas.
El costo del ajuste nunca fue neutral: golpeó sobre todo a sectores indígenas y populares. Ignorar eso convierte el sacrificio de algunos en requisito natural para la comodidad de otros.
Aprender a leer estos discursos es una forma de defensa frente a nuevos “decretos de emergencia” que se justifican con palabras muy parecidas.
El 21060 y el 5503 nacen en crisis distintas, pero comparten lógica
El 21060 y el 5503 nacen en crisis distintas, pero comparten lógica: se presentan como la única salida, suben combustibles y reordenan la economía priorizando “señales al mercado” y estabilidad para el capital.
En ambos casos, el costo social recae principalmente en sectores racializados y populares: mineros relocalizados y trabajadores precarios en los 80; hoy, transportistas, comerciantes e informalidad urbana, en un contexto de crisis de combustibles y falta de dólares.
La pregunta deja de ser solo “¿funciona el plan?” y pasa a ser “¿para quién funciona y a costa de quién?”.
Como ciudadanía está la obligación de conocer la Constitución, las leyes y los Decretos, así como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Esperamos que esta publicación esclarezca el contenido de este vasto Decreto y la población reflexione: quién gana, quién pierde y por qué es clave defender el derecho a la protesta.
ZERA BOLIVIA
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