Por Claudia Castro Tirina
Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso con el apoyo de Mauricio Macri, del peronista Osvaldo Jaldo, de Tucumán -que ordenó a tres de sus cuatro legisladores a alinearse con el oficialismo-, y el catamarqueño Raúl Jalil, entre otros mandatarios provinciales, garantizaron el éxito de La Libertad Avanza, sumando 85 votos en defensa del veto, mientras que la oposición apenas pudo sumar 164 para insistir con el proyecto original. Dado que la Cámara de Diputados necesita dos tercios de los presentes para rechazar un veto presidencial, las ausencias y las abstenciones jugaron un papel clave.
En este marco, los gremios docentes anunciaron un paro total para este jueves en todas las universidades del país, mientras que al mismo tiempo hubo una escalada en la tomas de universidades por parte de los estudiantes luego de la decisión del Congreso.
La medida fue informada a través de un comunicado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el cual manifestó consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto para las casas de altos estudios.
“La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirrepublicano de gobernar por decreto del Gobierno Nacional”, rezaba el comunicado minutos después de que los legisladores efectuaron su voto.
En tanto, Picheto ante el inminente triunfo durante la sesión dijo: “Acaban de consolidar el partido del bloqueo y la minoría. Para este momento ya deberían haber conformado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo, del consenso de ideas, pero lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto y a ganar batallas que en el fondo pierden”, y agregó “no va a venir ninguna inversión si se demuestra que hay fragilidad institucional y si el gobierno no consolida una mayoría para poder gobernar. Están perdiendo al electorado duro de La Libertad Avanza, fundamentalmente a los jóvenes”.
Qué proponía la ley de financiamiento universitario
La Ley de Financiamiento a Universidades Nacionales proponía que, «de los recursos asignados en el ejercicio presupuestario anual destinados a las Universidades Nacionales», se asigne «un 85 por ciento para gastos salariales» y el otro «15 por ciento a gastos generales y de funcionamiento».
Además el documento señalaba que el inconveniente que atraviesan las casas de altos estudios es que «al tener los mismos gastos de funcionamiento que se tuvo en 2023, los precios de 2024 no dan tregua».
Por eso, la ley proponía que para los gastos de funcionamiento se introduzca un mecanismo de actualización bimestral, basado en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 50 por ciento, la variación del tipo de cambio, del 25 por ciento, y la variación de tarifas de servicios públicos, también del 25 por ciento.
