Por Noelia Carrazana
El Poder Ejecutivo Nacional avanzó con una reestructuración institucional que pone en riesgo el marco legal conquistado por los pueblos originarios. Mediante el Decreto 438/2025, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) fue degradado de organismo descentralizado a una dependencia subordinada a la Vicejefatura de Gabinete. Esta decisión conlleva la pérdida de autonomía operativa, la disolución del Consejo de Coordinación y el traspaso de recursos humanos y materiales a la estructura central del Estado.
La medida se inscribe en el paquete de reformas promovido por el oficialismo en el marco de la Ley Bases N° 27.742, que otorga amplias facultades al presidente por un período de doce meses. Según especialistas, esta reorganización elimina canales de participación indígena y debilita las políticas públicas orientadas al reconocimiento de derechos territoriales y culturales.
La derogación de la Ley 26.160 y el riesgo de expulsiones
En diciembre de 2024, el gobierno nacional anuló la prórroga de la Ley 26.160, una norma fundamental que desde 2006 suspendía los desalojos de comunidades indígenas mientras se desarrollaban relevamientos territoriales. Su eliminación, instrumentada a través del DNU 1083/2024, provocó preocupación entre organizaciones y defensores de derechos humanos, al habilitar operativos judiciales y policiales en territorios ocupados ancestralmente.
Diversos reportes denuncian que tras esa decisión se intensificaron los conflictos en territorios indígenas de Neuquén, Tucumán, San Juan, Jujuy y Mendoza, con casos de represión o amenazas de desalojo a comunidades registradas en el RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas).
Recortes en personería jurídica y cuestionamientos provinciales
En paralelo, durante 2024 se paralizó el otorgamiento de personerías jurídicas a nuevas comunidades, y se revisaron cientos de reconocimientos ya emitidos. De las casi 1.900 comunidades existentes en el país, más de 250 quedaron en situación de vulnerabilidad institucional, afectando su capacidad de interlocución con el Estado y de defensa legal en conflictos por la tierra.
En la provincia de Mendoza, autoridades provinciales cuestionaron las resoluciones del INAI que reconocían territorialidad indígena en comunidades huarpes, alegando que violaban competencias locales. Los tribunales mendocinos fallaron en contra de resoluciones como la 36/2023 y 47/2023, alegando «falta de fundamentación técnica», lo que abrió una disputa jurídica sobre los alcances reales de la ley indígena a nivel nacional.
Según datos disponibles hasta 2023, de las más de 1.400 comunidades con personería jurídica, solo unas 430 habían sido relevadas en el marco de la Ley 26.160. Este proceso cubría apenas el 3 % de la superficie nacional, dejando fuera grandes extensiones de territorios habitados ancestralmente. Con el desfinanciamiento del programa y la reciente transformación del INAI, este relevamiento queda prácticamente paralizado.
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el organismo estatal encargado de coordinar y ejecutar las políticas públicas relativas a los derechos de los pueblos indígenas en Argentina. Su existencia está amparada en el Convenio 169 de la OIT (ratificado por el Estado argentino mediante la Ley 24.071) y en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, sus identidades, comunidades, y derechos territoriales.
Pese a ello, el Estado nacional ha profundizado desde fines de 2023 un proceso de regresión en materia de derechos humanos y particularmente en los derechos de los pueblos originarios.
El gobierno nacional avanza en la entrega de nuestros territorios, eliminando todo tipo de obstáculos legales y administrativos que impidan su explotación irrestricta por parte del capital concentrado. Al mismo tiempo, niega el carácter plurinacional y pluricultural de la Argentina, promueve el negacionismo y desmonta progresivamente los marcos institucionales conquistados.
Uno de los golpes más recientes a los derechos de los pueblos indígenas se formalizó a través del Decreto 438/2025, que modifica la estructura del INAI. Entre los principales cambios, se destaca:
- La transformación del INAI de organismo descentralizado a unidad administrativa dependiente de la Jefatura de Gabinete.
- La eliminación del Consejo Asesor, integrado por representantes indígenas, que en los últimos 12 años se convocó solo una vez.
- La absorción de personal, presupuesto y bienes del INAI por la estructura central del Estado, en el marco de la Ley 27.742 (“Ley Bases”) y del R.I.G.I., con el objetivo declarado de “reducir el gasto público”.
Estas medidas se suman a la derogación de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, que restringía los desalojos hasta la finalización del relevamiento; su eliminación abrió paso a “operativos de desalojo” y represión contra comunidades registradas.
Además, el INAI suspendió en 2024 la tramitación de personalidades jurídicas de al menos 250 comunidades, lo que afecta su reconocimiento legal y su capacidad para acceder a derechos colectivos.
Comunicado Completo de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán
