Desde el 8 de julio, comunidades originarias del paraje El Pongo, en la localidad jujeña de Perico, vienen denunciando un sostenido hostigamiento policial, con operativos intimidatorios, intentos de desalojo sin orden judicial y silencio institucional. La situación, lejos de cesar, se ha agravado en los últimos días.
El más reciente episodio tuvo lugar el 17 de julio, cuando efectivos policiales, junto a maquinaria, intentaron ingresar al territorio comunitario de la familia Ibáñez. Según la denuncia pública, el avance se produjo sin exhibir ninguna orden legal y en medio de una vigilancia masiva encabezada por el comisario Darío Herrera (Comisaría 21) y el oficial Pedro Carrozo, con respaldo del fiscal Diego Bejarano. El operativo fue interpretado por la comunidad como parte de un intento de despojo territorial en favor del Parque Industrial y la zona franca, intereses económicos respaldados —según afirman— por el gobernador Carlos Sadir.
La comunidad ya había iniciado una vigilia desde el día anterior, el 16 de julio, previendo esta avanzada. En esa jornada, se registró la presencia de al menos tres patrulleros y varios autos civiles apostados en los accesos a la tranquera del territorio indígena. Al ser interpelados, los uniformados no dieron respuestas, lo que aumentó la tensión. En ese contexto, los vecinos registraron videos que muestran el operativo y el silencio de las fuerzas, que se mantuvieron sin exhibir orden judicial alguna.
También el mismo 16 de julio, pero en un segundo comunicado más alarmante, se denunció un operativo aún mayor, con más de 50 policías y un despliegue coordinado entre policía provincial, vehículos no identificados y personal judicial. El objetivo habría sido avanzar con un desalojo ilegal bajo las mismas figuras del comisario Herrera, el oficial Carrozo y el fiscal Bejarano.
Este patrón de hostigamiento ya había comenzado el 8 de julio, cuando las fuerzas de seguridad se apostaron en dos puntos clave del ingreso a la comunidad, generando alarma entre los habitantes. En ese primer episodio, también se denunció la ausencia de orden judicial y la negativa de los efectivos a brindar explicaciones claras. El clima de temor y tensión fue documentado por vecinos y testigos presenciales.
Organizaciones indígenas, familiares y referentes comunitarios han solicitado acompañamiento urgente de organismos de derechos humanos, tanto provinciales como nacionales e internacionales. Advierten que estos hechos violan normas fundamentales como el Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071) y el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina, que garantizan el derecho de los pueblos indígenas a la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras, así como la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada.
En los últimos años, la Finca El Pongo se ha transformado en el epicentro de una disputa desigual entre las comunidades campesinas y un modelo de desarrollo extractivista impulsado por el Estado provincial. Aunque esta tierra fue originalmente destinada a fines sociales y agrícolas, durante los mandatos de Gerardo Morales y su sucesor Carlos Sadir, se aceleraron los desalojos y la privatización encubierta de amplias parcelas. Emprendimientos como Cannava S.E. —dirigido por Gastón Morales, hijo del exgobernador— se han instalado en el predio sin consulta previa, desplazando a las familias que históricamente han habitado y trabajado la tierra.
Finca El Pongo: el caso Ibáñez
En diciembre de 2024, la familia Ibáñez —con cinco generaciones habitando unas 37 hectáreas en El Pongo— fue víctima de un desalojo brutal: topadoras destruyeron alambrados, árboles añejos (algarrobos, chañares, quebrachos), cultivos y animales domésticos, sin respetar los plazos legales de apelación ni mostrar orden judicial válida, todo a pedido del gobierno provincial. Griselda Ibáñez casi fue atropellada intentando frenar las máquinas. La comunidad denuncia que se pretende entregar el terreno a empresas chinas vinculadas a proyectos extractivos y del negocio de cannabis medicinal.La familia interpuso un habeas corpus colectivo solicitando protección ante el acoso policial, que ya mantenía a decenas de efectivos en el lugar, hostigando a mujeres, niñes y ancianes
Los atropellos también han alcanzado a otras comunidades rurales de Jujuy. En Tilcara, durante octubre de 2023, más de 100 efectivos policiales desalojaron violentamente a cinco familias de la comunidad indígena kolla Guerrero. Entre las víctimas se encontraba una anciana de 99 años, expulsada de su casa en camilla. Las autoridades destruyeron viviendas, separaron a familias, intentaron exhumar restos familiares y actuaron sin presentar ninguna orden judicial, favoreciendo intereses inmobiliarios de la familia Jenefes Quevedo, vinculada a medios de comunicación y al poder político local.
En la comunidad de Tusca Pacha, en Palpalá, se repitió el mismo patrón: topadoras arrasaron con cultivos de maíz, habas y maní de familias originarias, sin autorización legal ni diálogo previo. En abril de 2025, en la comunidad Cueva del Inca (Tilcara), la policía reprimió a comuneros que resistían el intento de desalojo promovido por un empresario hotelero. La violencia institucional también alcanzó a La Quiaca Vieja, donde en junio de este año se intentó desalojar a cinco familias originarias en plena celebración del Inti Raymi, bajo amenazas relacionadas con el avance de una zona franca solar y turística.
En todos los casos, se repite un modus operandi sistemático: la ausencia de órdenes judiciales, la criminalización de la protesta, la represión física y la destrucción de medios de vida como cultivos, gallineros y animales de cría. Las víctimas suelen ser ancianos, mujeres y niños, que padecen no solo el despojo material sino también la violencia simbólica de ser desplazados de sus territorios ancestrales.
El trasfondo de estos conflictos es político y económico. Las leyes provinciales —como la N° 5915, que habilita servidumbres forzosas para proyectos de infraestructura y energía— han sido diseñadas para facilitar la apropiación de tierras sin consultar ni respetar el derecho de los pueblos indígenas, violando el Convenio 169 de la OIT. La reciente aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en el marco de la Ley Bases impulsada por el gobierno nacional, refuerza aún más este modelo de desposesión.
Todos estos casos reflejan un patrón: uso excesivo de la fuerza, ausencia de procedimientos legales transparentes, violencia sistemática contra ancianes, niñes y animales, y destrucción del sustento comunitario.
Violencia sobre cultivos y animales
Los topetazos en El Pongo no solo destruyen casas y vidas: también devastan huertas, cisternas, gallineros y corrales. Esto priva a las familias de su sustento y provoca un daño ambiental duradero. Según testimonios, los animales fueron expulsados o muertos junto con la pérdida de árboles nativos y cosechas que sustentaban la soberanía alimentaria local.
Las detenciones y desalojos son respaldados por leyes provincialmente impuestas —como la Ley 5915 que declara de “utilidad pública” extensas zonas para infraestructura eléctrica o extracción, y la Ley de Bases (RIGI)— sin consulta previa ni respeto al Convenio 169 de la OIT
Fuentes: Amalia Vargas, Alerta Comunitaria, Resumen Latinoamericano
