Gobierno de Noboa despoja a la FICSH de su sede para imponer a dirigente no reconocido vinculado a intereses mineros

Por Noelia Carrazana

La madrugada del 29 de mayo de 2025, un operativo policial ejecutado por agentes del GIR y del GOE irrumpió en la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), ubicada en Sucúa, Morona Santiago. La acción se realizó sin presentar orden judicial alguna y culminó con el desalojo forzado de Domingo Ankuash, presidente legítimamente elegido de la organización. Los uniformados rompieron los candados, revisaron pertenencias personales y tomaron el control de las instalaciones, en lo que las organizaciones indígenas califican como una intervención estatal orientada a favorecer intereses mineros en la Amazonía ecuatoriana.

Según el propio Ankuash, cerca de 300 militares y policías ingresaron de madrugada sin mostrar una orden judicial ni de allanamiento. “Me sorprendieron 300 militares y policías. Nos desalojaron sin agresión, pero revisaron nuestras cosas, como si buscaban armas o drogas. Les pedí ver la orden y no mostraron nada”, relató. Desde entonces, él y su equipo permanecen en las afueras de la sede, resistiendo el despojo.

El coronel Patricio Vargas, jefe del operativo, dijo que actuaban bajo una «orden judicial indígena» para restituir en la presidencia a David Tankamash, aunque no mostró documento alguno que justificara el procedimiento. El Frente Antiminero y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunciaron que la acción violó al menos dos sentencias constitucionales que reconocen la legitimidad del Consejo de Gobierno presidido por Ankuash, y que la intervención responde a una estrategia para facilitar el avance de proyectos extractivos como Warintza (de la empresa canadiense Solaris) y el Proyecto Cóndor, vinculado al grupo Novis, propiedad de una familiar del presidente Noboa.

La disputa por el control de la FICSH tiene su origen en marzo de 2024, cuando David Tankamash —entonces presidente de la organización— se reunió con el presidente Daniel Noboa en Canadá, en el marco de la Convención Anual de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá. Poco después, el 24 de julio, en una asamblea interna, 26 de los 46 líderes de la FICSH votaron por su destitución, acusándolo de comprometer el territorio shuar con empresas mineras extranjeras sin consulta a las bases. En su lugar, fue elegido Domingo Ankuash.

Para las organizaciones indígenas, la restitución forzada de Tankamash —respaldada por el Estado— representa un intento del gobierno de Noboa por imponer una dirigencia funcional a los intereses extractivos. “Lo que quieren es tomarse la selva y las montañas para la minería y el petróleo. Aquí hay una metida de mano del Gobierno con sus esbirros, que están al servicio del poder”, denunció Leonidas Iza, presidente de la Conaie. “Su afán es debilitar los procesos organizativos y dividir al movimiento indígena”.

Por su parte, David Tankamash ha defendido su retorno a la presidencia de la FICSH con un discurso alineado a los intereses extractivos: “No podemos seguir viviendo en la miseria, oponiéndonos a todo. Si hay empresas que quieren invertir, deben ser bienvenidas. Yo sí creo en una minería responsable que beneficie a nuestras comunidades”.

La Conaie y la FICSH han denunciado que esta intervención estatal viola la Constitución, el derecho al autogobierno indígena y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. En un comunicado, señalaron que el desalojo fue arbitrario, violento y realizado en complicidad con intereses mineros, especialmente canadienses, asentados en la Cordillera del Cóndor.

Ankuash e Iza han anunciado que acudirán a la justicia constitucional con acciones de protección y otras medidas legales para defender la autonomía del pueblo shuar y frenar el avance de una política estatal que busca controlar a las organizaciones indígenas como antesala de la expansión minera en la Amazonía.

El caso de la FICSH se convierte así en una alerta nacional: la defensa de los territorios y la autonomía indígena está siendo enfrentada con represión, despojo y cooptación, bajo un modelo extractivista que busca allanar el camino eliminando toda forma de resistencia comunitaria.

Fuente: Wambra Noticias y El Universo

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