Por Noelia Carrazana
Comunidades del territorio Maya Chortí en Azacualpa, municipio de La Unión, departamento de Copán (Honduras), han elevado la alarma internacional tras denunciar que la transnacional minera Aura Minerals, a través de su filial hondureña Minerales de Occidente S.A. (MINOSA), y con el apoyo de fuerzas militares, pretende intervenir y destruir el cerro Los Hornillos, un sitio de enorme importancia ecológica y cultural para el pueblo indígena.
La confrontación entre la comunidad Maya Chortí y Aura Minerals no es nueva. La empresa minera canadiense y su filial han estado operando desde hace décadas en la región alrededor de la Mina San Andrés, una explotación a cielo abierto que ha sido objeto de controversia constante por sus efectos ambientales y sociales. En el pasado, el Estado hondureño ordenó la suspensión de actividades en zonas sensibles como cementerios ancestrales, pero las acciones han continuado sin el consentimiento comunitario y, según organizaciones de derechos humanos, muchas veces sin cumplir estrictamente con las decisiones judiciales.

Los habitantes de Azacualpa han señalado que del cerro Los Hornillos nacen al menos cinco fuentes de agua vitales para el abastecimiento local, razón por la cual su protección ha sido central en la defensa territorial. La comunidad advierte que la minería no solo amenaza este recurso esencial, sino también ecosistemas y modos de vida tradicionales.
Además, la zona en disputa guarda un profundo valor cultural para los Maya Chortí, un pueblo indígena con raíces milenarias en la región occidental de Honduras.
Destrucción de cementerios ancestrales y demandas internacionales
En años recientes, MINOSA fue acusada de destruir el cementerio ancestral de Azacualpa y de exhumar tumbas sin consulta ni consentimiento de las familias afectadas. Las comunidades y defensores alegan que estas acciones representan graves violaciones a derechos fundamentales, incluido el derecho a la cultura, a la consulta previa, libre e informada, y a la vida digna, que han sido presentadas ante mecanismos internacionales.
De hecho, se ha confirmado que la causa del pueblo Maya Chortí contra el Estado de Honduras fue admitida ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas, lo que obliga a ambas partes (comunidad y Estado) a presentar argumentos y pruebas antes de una eventual decisión del Comité.
Organizaciones comunitarias y jurídicas, como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Estudios para la Dignidad, han acompañado esta lucha, denunciando no solo la destrucción de sitios sagrados, sino también la criminalización y violencia que enfrentan quienes resisten.
Repercusiones y llamado a la solidaridad internacional
Las denuncias recientes en redes sociales y en plataformas de organizaciones sociales hondureñas señalan que el Ejército y otras fuerzas del Estado han sido movilizadas para proteger el avance de maquinaria minera hacia el cerro Los Hornillos, lo que ha generado preocupación por el aumento de la militarización en áreas civiles y por el respeto de los derechos indígenas.
Organizaciones y defensores de derecho humanos han emitido llamados de solidaridad nacional e internacional para exigir el respeto de la vida, de las fuentes de agua, y de los derechos culturales del pueblo Maya Chortí


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