Ngäbe Buglé, Panamá | Redación mink´a Comunicación— La reforma a la seguridad social en Panamá fue aprobada el 10 de mayo de 2025, en medio de un contexto de alta tensión social, con gremios docentes, del sector salud, sindicatos de la construcción y movimientos indígenas ya movilizados en las calles. En este marco la máxima autoridad de la Comarca NgäbeBuglé Elena Cruz ordeno el cierre de toda Operación Gubernamental y privada dentro de la Comarca y pide a los NgäbeBuglé salir a protestar Masivamente hasta que los Policías dejen de reprimir al Pueblo NgäbeBuglé
La tensión social en la Comarca Ngäbe Buglé escaló ayer tras reportes de represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Un manifestante resultó herido por arma de fuego durante una protesta pacífica, según denuncias de líderes indígenas y testigos presenciales.
El hecho ocurrió en el marco de las crecientes movilizaciones contra las declaraciones del presidente de la República, quien expresó su intención de reabrir la mina, pese a la existencia de una ley que prohíbe dicha actividad. A esto se suma la indignación por las condiciones actuales del sistema de jubilación, que han llevado a cientos de personas a tomar las calles en exigencia de reformas justas.
La ley establece un sistema mixto de pensiones que combina el modelo solidario con cuentas individuales, lo que ha sido rechazado por amplios sectores que lo consideran una forma de privatización encubierta. Se advierte que esta reforma reducirá las pensiones futuras, afectará especialmente a los trabajadores de bajos ingresos y debilitará el sistema de salud, ya que ambos servicios son administrados por la Caja de Seguro Social (CSS). Aunque el Gobierno argumenta que la medida busca evitar el colapso financiero del sistema y mantener la estabilidad macroeconómica, la falta de consulta, el rechazo generalizado y la respuesta represiva a las protestas han intensificado el conflicto social a nivel nacional.
Elena Cruz también denunció la «criminalización de la protesta» por parte del Estado panameño, exigiendo el cese inmediato de la represión, del uso excesivo de la fuerza, y de las violaciones a los derechos humanos. En un comunicado dirigido directamente al presidente José Raúl Mulino, reiteró su «respaldo total» a la derogatoria de la reforma a la seguridad social, en línea con las exigencias de sindicatos y movimientos populares que mantienen huelgas y bloqueos en distintas regiones del país.
La situación más grave se registra en dos de las 10 provincias de Panamá, como son Veraguas y Bocas del Toro, donde pequeños grupos especialmente de indígenas bloquean con árboles y piezas de concreto la vía Interamericana, que atraviesa el país y lo conecta con Centroamérica, ante lo cual actúan las fuerzas antimotines para mantener despejada esta arteria, vital para el comercio regional.
Reforma a la seguridad social: huelgas, bloqueos y represión
La decisión de la Cacique se enmarca en una crisis nacional detonada por la reforma a la seguridad social, impulsada por el Ejecutivo, que según los sindicatos empeora las pensiones, abre las puertas a la privatización y responde a un modelo económico neoliberal. El presidente Mulino ha declarado que no derogará la reforma, argumentando que es necesaria para la estabilidad financiera del país.
En respuesta, sindicatos del sector educativo y de la construcción se han declarado en huelga indefinida, mientras que en zonas como Bocas del Toro, colindante con la Comarca Ngäbe Buglé, se han reportado bloqueos de carreteras con árboles, piedras y concreto. Estos cierres han provocado escasez de productos básicos y pérdidas millonarias para empresas como Chiquita, que ya anunció el cierre parcial de operaciones en Panamá y el traslado de personal a Costa Rica.
El presidente Mulino dijo este jueves que impedirá que los grupos sindicales que protestan contra una serie de iniciativas de su Gobierno tranquen el país.
El presidente sostuvo que la reforma a la seguridad social «no se va a derogar», no solo porque mejora el sistema pensional sino porque de ella depende también la salud de las finanzas del país y su acceso a los mercados internacionales de crédito.
Los sindicatos en huelga denuncian que la reforma desmejora las pensiones y privatiza el sistema, y acusan al Gobierno de Mulino de neoliberal. EFE
Voces indígenas, dignidad y resistencia
Desde la Comarca, la voz de la Cacique Elena Cruz Guerra resuena como símbolo de resistencia frente a la represión estatal. Su orden de paro no solo busca proteger a las comunidades originarias, sino también sumarse a un movimiento nacional que exige respeto, justicia social y dignidad.
La medida de suspensión de actividades se mantendrá, según anunció, hasta que se restablezca la paz, se escuche la voz de los pueblos originarios y se ponga fin a la represión gubernamental.
“No podemos permanecer indiferentes ante esta injusticia”, declaró la Cacique, quien hizo un llamado a todos los pueblos indígenas y a la ciudadanía panameña a sumarse a manifestaciones pacíficas y organizadas para exigir el respeto a sus derechos fundamentales.
El comunicado también denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de unidades del Senan, Senafront y la Policía Nacional, calificándolos de “implacables” en su actuar contra manifestantes que luchan por sus derechos.
Organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales y gremios han expresado su preocupación por el incremento de la violencia en las protestas y han solicitado al Gobierno nacional abrir un diálogo transparente e incluyente para evitar una mayor escalada del conflicto.
