Por Noelia Carrazana
La comunidad campesina de Santa Catalina, ubicada en el distrito de Independencia, se declaró en alerta ante la posible implantación de cultivos de soja en sus tierras, presuntamente impulsada por capitales vinculados a empresarios de origen brasileño.
Los pobladores advierten que la llegada del monocultivo implica fumigaciones con agrotóxicos, degradación ambiental, contaminación del agua y un proceso de expulsión silenciosa de familias campesinas, afectando la producción de alimentos y la vida comunitaria.
Santa Catalina: campesinos en alerta por la expansión de la soja
Este tipo de situaciones se repite en distintas zonas rurales de Paraguay, uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la tierra en América Latina. Según datos históricos del propio Estado, el 2 % de los propietarios concentra más del 80 % de las tierras productivas, una herencia profundizada tras la dictadura de Alfredo Stroessner.
Organizaciones sociales denuncian que el modelo agroexportador, centrado en la soja transgénica, viola el derecho a un ambiente sano y el derecho a la soberanía alimentaria, priorizando la exportación de commodities por sobre las economías campesinas.
Tekoha Karapã: indígenas Avá Guaraní denuncian despojo y violencia
En el norte del país, la comunidad indígena Tekoha Karapã, del pueblo Avá Guaraní, denunció al colono brasileño Edimar de Souza por intentos de apropiación de su territorio ancestral en el distrito de Ypejhú, departamento de Canindeyú.
La denuncia fue realizada ante autoridades del Parlamento Nacional, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y organizaciones de derechos humanos. Los testimonios comunitarios dan cuenta de amenazas, hostigamientos, violencia armada, bloqueo de caminos y restricciones a la libre circulación, en un escenario de fuerte asimetría de poder.
La comunidad reclama el reconocimiento legal de su tekoha (territorio ancestral), condición indispensable para su reproducción cultural, social y espiritual.
Los conflictos de Santa Catalina y Tekoha Karapã se inscriben en un patrón histórico y estructural. En los últimos años, comunidades como Marina Kue (Curuguaty), Tekoha Sauce, Tekoha Guasu Guavirá, Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek han denunciado desalojos forzosos, criminalización y violencia, muchos de ellos llegando incluso a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En varios de estos casos, el Estado paraguayo fue condenado por no garantizar el derecho al territorio indígena, ni adoptar medidas eficaces para proteger a las comunidades frente a intereses privados.
La situación en Paraguay refleja una problemática común en América Latina: la expansión de un modelo extractivo que profundiza la desigualdad, debilita la democracia y vulnera derechos colectivos, mientras comunidades campesinas e indígenas sostienen procesos de resistencia para defender la tierra, el agua y la vida.
Desde organizaciones sociales advierten que, sin un cambio estructural en las políticas de tierra y producción, los conflictos territoriales seguirán creciendo, con impactos directos en los derechos humanos y en la estabilidad social del país.
