Es el segundo caso en dos meses en el norte del país. Para justificar sus políticas de endurecimiento en la zona de las fronteras y “la guerra contra el narcotráfico”, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich discrimina criminaliza a los trabajadores informales que transportan mercadería como forma de mantener a sus familias.
El joven indígena de 22 años, Rodrigo Ivo Torres, fue asesinado por gendarmería el jueves en la ciudad fronteriza de La Quiaca. Este sábado se realizó la autopsia con la presencia de un perito puesto por familiares que confirmó que Ivo murió producto de un disparo mortal mientras manejaba su moto y era perseguido. Tras la audiencia en el fuero federal, la jueza a cargo dictó la prisión preventiva a los cuatro gendarmes y aumentó la imputación a homicidio doblemente agravado.
Este sábado el abogado de la familia, Carlos Sebastián Espada, confirmó que el viernes por la noche la causa pasó al fuero federal, ya que fue el Ministerio Público de la Acusación – MPA, de Jujuy, a través del fiscal regional, Alberto Mendivil, quien tomó el caso en las primeras horas, el cual estaba caratulada como homicidio calificado.
La autopsia se desarrolló en la morgue judicial con la presencia de la perito de parte, la Dra. Silvia Brizuela, representando a familiares, quien confirmó tras finalizar la misma que Ivo recibió dos disparos de bala en su cuerpo y uno fue mortal. También que fue mientras conducía la moto, de cerca, y que, si bien hay que determinar otras pruebas criminalísticas, sería con bala de calibre 9mm que es la que utiliza Gendarmería. Hay que agregar que la moto que conducía el joven tenía 7 disparos, según informaron sus parientes y el abogado.
Tras el cambio de fuero, la causa cambió a homicidio agravado sobre los cuatro gendarmes que se encuentran detenidos, el subalférez Alexander Ezequiel Gunther, el sargento 1º Walter Daniel Álvarez, el cabo 1° Marcos Leonardo Wysniewki y la cabo Juliana Carina Enciso, quienes estuvieron en el móvil durante la persecusión y asesinato de Ivo. La imputación tomó como agravante la función o cargo “cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario» (Inciso incorporado por art. 1” de la Ley 25.816 B.O. 9/12/2003).
Hoy domingo realizada la primera audiencia en el fuero federal la jueza Carina Inés Gregoraschuk dictó la prisión preventiva de los cuatro gendarmes y aumentó la imputación por homicidio doblemente agravado. Esta semana la defensa de la familia se constituirá como querella.
Hace dos meses la ministra Patricia Bullrich lanzó en la frontera norte de la Argentina el “Plan Güemes”. En ese lapso las intervenciones de la Gendarmería terminaron con dos jóvenes trabajadores muertos. El Plan Güemes fue presentado como una iniciativa para combatir el narcotráfico y delitos conexos. Pero en lugar de esos operativos, lo que aumentó fueron los episodios de persecución y ataques a trabajadores informales que comercian en la zona. De esa manera aumentan los niveles de violencia sobre los sectores más precarizados del norte del país.
Pasaron 72 horas, y el Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, a cargo del accionar de Gendarmería Nacional, no emitió opinión al respecto. La situación es muy grave, ya que Ivo fue perseguido por cuatro oficiales y le dispararon aparentemente a quemarropa con balas de plomo. El joven solo llevaba hojas de coca, que se consume masivamente en la provincia, a la comunidad, alejada de los centros urbanos, para su venta en el lugar. También como sostuvo su familia y su pareja, que estuvo minutos antes con él, había comprado sus turrones favoritos.
El Gobernador Carlos Sadir tampoco emitió opinión al respecto, más allá que hubo actuación del Ministerio Público de la Acusación y de policía de la provincia.
Ayer sábado en la morgue judicial, además de familiares estuvieron referentes de derechos humanos, como Fabiola Suarez de la Coordinadora contra la represión y la diputada del PTS FIT, Natalia Morales, integrante de la comisión de derechos humanos de la Legislatura de Jujuy, entre otros presentes. Leonardo Pérez Esquivel e integrantes de la Misión de Defensa de los Derechos Humanos, articularon para poner en contacto a la perito de parte con el equipo forense de Buenos Aires, y que se pueda garantizar el protocolo de Minnesota. Sostuvo que la autopsia tendría que haberse desarrollado en el fuero federal, pero el hecho mismo que se haya acelerado la misma, impidió solicitar el cambio, más aún si en las primeras horas la causa la tramitaba la justicia local.
Desde el viernes fueron múltiples las expresiones de repudio y de justicia desde las organizaciones indígenas que integraron en el 2023 el Tercer Malón de la Paz. La más importante fue el comunicado de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que nuclea a más de 33 comunidades indígenas, donde Ivo y su familia son parte. También Nación Omawaca, el Parlamento de Naciones, Pueblos y Comunidades indígenas “Narciso López”, y Malón Vive. También HIJOS Jujuy, y sectores docentes como El Hormiguero.
Rodrigo Torres era un joven kolla de la comunidad de San Juan de Quillakes en la Puna jujeña. Era el menor de cuatro hermanos. Hacía trabajos de albañilería, llevaba a pastar animales y estudiaba turismo. Para sumar algo más a su sueldo compraba mercadería en La Quiaca y la vendía en otros pueblos. Luego de que lo mataran, sus familiares encontraron en su mochila turrones y hojas de coca. Los gendarmes del Escuadrón 21 le dispararon al menos cinco tiros.
En diciembre de 2024, en Salta, la Gendarmería también asesinó al bagayero Fernando Gómez, cuando cruzaba desde Bolivia. Ese día también fueron heridos otros dos trabajadores. Al ver al joven muerto, las personas que estaban en el lugar reaccionaron frente a los gendarmes, que les respondieron con más disparos. Por el crimen de Fernando hay más de una decena de oficiales gendarmes acusados, pero la investigación no avanzó en el esclarecimiento del crimen. Los familiares reclaman por las pericias para que se determine la responsabilidad que cada una de esos agentes tuvo en el crimen.
Para justificar su política de control de fronteras y su “guerra contra el narcotráfico”, la ministra de Seguridad estigmatiza a los comerciantes a pequeña escala, a las comunidades de los pueblos originarios y también a trabajadores bolivianos. Acciones como las que terminaron en el crimen de Rodrigo ponen de nuevo en la escena la cultura de los pueblos de frontera, donde comprar y vender mercadería se transforma en la única posibilidad de subsistencia de muchas familias.
La coca no es cocaina
Una de las formas de estigmatización y criminalización tanto a los ciudadanos de las provincias del norte argentino, así como a las personas del Estado Plurinacional de Bolivia o ciudadanos peruanos es denominar de «narcotraficante» a todo aquel que tenga en su poder hojas de coca, sea para consumo o para venta de las mismas. En este caso Patricia Burllich aparentemente ha dejado libre a las fuerzas de seguridad para que actúen ante «los paseros», que trasladen hojas de coca que son altamente consumidas en las provincias del Salta, Jujuy y Tucumán.
«El trabajaba con hojas de coca, solo llevaba eso, traía para todos, para los que coqueamos, entonces no se que habrán pensado los gendarmes, que traía droga y lo balearon en La Quiaca. En la moto y el falleció, le dieron tiros y el falleció» manifestó su tía, Doña Aurora Choque de la Comunidad de Collamboy que durante el 2023 fue una de las protagonistas de la lucha contra la reforma junto al Tercer Malón de la Paz.
Sus familiares expresaron que se encontraban en el campo y que recientemente se enteraron del asesinato de Rodrigo, por lo que solo les informaron que la autopsia se realizaría el día sábado.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acepta el consumo de hoja de coca y manifiesta que no es una droga. En tanto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresa que el masticado de la hoja de coca no daña la salud.
En Argentina la Ley Nacional Nº 23.737, de competencia penal en materia estupefacientes, en su artículo 15, dice: “La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”.
Fuente: CELS, SISAS e Izquierda Diario
