OPINIÓN
En plena pampa húmeda está concentrada la población mapuche más numerosa en la provincia de Buenos Aires, debajo del Río Salado, delimitando la frontera cultural y política de lo que fue el territorio histórico mapuche en el este de la cordillera (Pwelmapu). Los Toldos.
En 1982 en plena Dictadura Cívico Militar se alambró el ojo de agua – llamado en lengua mapuche Geh Lafken y en castellano Laguna La Azotea – a través de dos ordenanzas que validó la Comisión de Participación y Desarrollo de La Azotea. La memoria oral mapuche dice que alrededor del ojo de agua funcionó hasta 1901 un eltuwe (un cementerio mapuche). La legislación bonaerense a partir de ese momento prohibió enterrar a nuestra gente ahí.

El 27 de noviembre pasado el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza N° 3900 del Municipio de General Viamonte referida a la creación/reconocimiento de un cementerio municipal donde no se podrá enterrar gente mapuche. ¿Cómo lo hizo? Cediendo el dominio de las tierras/territorio mapuche -que hace más de un siglo fueron reconocidas por el Gobierno de Mitre a Coliqueo)- al Municipio. Sí, leyó bien. El pueblo mapuche cede legalmente su territorio al Estado. Más quebrado, imposible.
La ordenanza N° 3900 es inconstitucional. No cumplió con los derechos indígenas garantizados por la ley nacional 24701 que obliga al Estado a realizar un procedimiento de consulta libre, previa e informada para dar el consentimiento o no en relación a cualquier interés que afecte al pueblo mapuche o pueblo originario (Conv. 169 OIT).
La propuesta de ordenanza municipal Expte.: 058-2024 omitió la convocatoria a un proceso de consulta a la totalidad de las comunidades mapuche. Flexas, el intendente municipal desde 2016, inició su gestión con el pie izquierdo. Permitió el ingreso de retroexcavadoras a dicho espacio donde removieron “restos óseos”, los cuerpos de nuestros ancestros. Esta ordenanza, ¿vendría a lavar la cara de la gestión?
Somos ocho comunidades mapuche en la zona. Apoyaron esta desopilante ordenanza cuatro comunidades. Otras cuatro comunidades no estamos de acuerdo. Somos más de 4500 mapuche según el Censo 2010, menos de 2300 mapuche según el Censo 2022 (evidencia contundente de lo errático de la metodología del Censo Digital del INDEC y del error del operativo censal).
La autoridad de aplicación de políticas indígenas a nivel provincial CPAI (Consejo Provincial de Asuntos Indígenas) debía intervenir como garante de derechos colectivos en el marco del Estado de derecho en Argentina. Hasta ahora, no aparece ningún documento público que pruebe la consulta.
Cuando la política no sabe o no quiere resolver problemas ético-políticos y epistémicos, delega en el poder judicial la resolución de un problema interétnico, pero también de convivencia democrática.

En el espacio territorial en conflicto, las mujeres mapuche, que hemos sido despojadas del territorio, entregamos las placentas de nuestrxs hijxs para agradecer la vida y los nacimientos. Y en la despedida los caballos, las lanzas, los cuchillos y el agua son fundamentales para abrir camino para el viaje final.
La ordenanza cuestionada genera una pérdida del territorio ancestral y profundiza la exclusión de prácticas culturales, porque ahora será el Estado quien administre el espacio. Para cambiar las prácticas autoritarias, es necesario formar demócratas. Las prácticas fascistas y clientelares degradan la convivencia democrática.
El derecho al buen vivir tiene su correlato en el derecho al buen morir. Nos atrevemos a disputar política y judicialmente la vulgaridad de los y las concejales que no respetan el procedimiento instituido dentro un estado de derecho, porque tenemos la certeza que la ordenanza es inconstitucional.
Nosotros y nosotras, elegimos vivir-morir de pie en el Pwelmapu.
Verónica Azpiroz Cleñan
Politóloga. Mapuche. Comunidad Epu Lafken
