Por Noelia Carrazana
En pleno siglo XXI, pensar distinto vuelve a ser un motivo de expulsión. En Argentina, Panamá y El Salvador, tres gobiernos con orientaciones políticas diversas pero una práctica común, utilizan métodos propios de regímenes autoritarios para silenciar el disenso: expulsan periodistas, persiguen a sindicalistas, exilian a opositores, encarcelan a activistas y acallan a los medios críticos.
Argentina: las ideas también son deportadas
El miércoles 1° de mayo, el intelectual vasco Iñaki Gil de San Vicente fue retenido y deportado por Migraciones en el Aeropuerto de Ezeiza. Llegaba invitado formalmente por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para dictar conferencias sobre derechos humanos, antiimperialismo y luchas de los pueblos originarios. Lo acompañaba la médica e intelectual andaluza Concepción Cruz Rojo, coautora con Iñaki del libro Derechos Humanos como arma de destrucción masiva. Ella sí pudo ingresar al país.
Sin dar explicaciones, el gobierno argentino impidió su entrada, lo separó de su acompañante y lo embarcó en el primer vuelo de regreso a Madrid. La Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, anfitriona de las charlas junto a otras organizaciones sociales, denunció el hecho como una forma de censura ideológica. Las actividades continuarán con participación virtual de Iñaki, pero el mensaje fue claro: en la Argentina de Javier Milei, la libertad de expresión es para unos pocos.
Aquí les dejamos una charla en vivo de Sebastián Salgado con Iñaki Gil desde el País Vasco.
Panamá: censura por tierra, aire y mar
Dos días después, el 3 de mayo —Día Mundial de la Libertad de Prensa y también Día del Periodista en Panamá— el periodista argentino Bernard Lautaro (@pelofuego_) fue deportado al llegar al país sin que se le permitiera siquiera explicar el motivo de su visita: cubrir las protestas sociales en defensa del medio ambiente, la soberanía y los derechos laborales.
Bernard denunció que su expulsión respondió al temor del gobierno panameño ante el periodismo independiente y comprometido. En efecto, la situación en Panamá es crítica: docentes, sindicatos, movimientos indígenas, ambientalistas y estudiantes protagonizan una ola de protestas sin precedentes contra el gobierno de José Raúl Mulino. Los detonantes son múltiples: la reforma del sistema previsional, el intento de reabrir una mina de cobre clausurada por fallo judicial, y un memorándum que permite el regreso de bases militares de EE. UU. en el Canal de Panamá.
En ese contexto, la represión ha escalado. El sindicalista Jaime Caballero, dirigente del poderoso SUNTRACS, fue detenido y trasladado a una cárcel común. El también dirigente sindical Saúl Méndez, acosado por la justicia, tuvo que asilarse de madrugada en la Embajada de Bolivia luego de ingresar saltando la reja, en un hecho sin precedentes confirmado por la Cancillería panameña.
El mensaje que se intenta imponer desde el poder es claro: quien proteste o informe será silenciado.
El Salvador: régimen de excepción permanente y persecución sistemática
El caso salvadoreño merece especial atención. Nayib Bukele es presidente desde el 1 de junio de 2019. Desde marzo de 2022, gobierna bajo un régimen de excepción permanente, en el marco del cual más de 80 mil personas han sido detenidas. Según Amnistía Internacional, se han documentado cinco misiones al país en las que se evidencian graves violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y falta total de transparencia.
El gobierno responde con silencio, negación y estigmatización, consolidando un modelo de represión e impunidad. Las fuerzas armadas ejercen control en comunidades empobrecidas, se persigue a defensores de derechos humanos, se hostiga a periodistas y se intenta sofocar cualquier forma de crítica. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, fue categórica:
“Lo que el gobierno llama ‘paz’ es un espejismo que oculta un sistema represivo que abusa del poder y descarta los derechos de los más marginados”.
Los hechos recientes lo confirman. El miércoles pasado, la abogada Ruth Eleonora López, conocida por denunciar casos de corrupción del oficialismo, fue enviada a prisión preventiva bajo cargos de enriquecimiento ilícito. Ella misma denunció ser una presa política.
A esto se suma el exilio forzado de periodistas del medio El Faro, tras publicar una investigación donde miembros de las maras revelaron un pacto secreto con Bukele. Asimismo, líderes y el abogado de la cooperativa El Bosque, quienes estaban a punto de perder sus viviendas por una causa judicial, fueron detenidos por el régimen. Ese mismo día, otros dos referentes populares pasaron a la clandestinidad tras recibir órdenes de captura. La plataforma Abya Yala Soberana publicó sus testimonios, donde explican por qué deben esconderse para evitar ser apresados por el simple hecho de defender el derecho a una vivienda digna.
Un periodista y un académico no deberían pedir permiso para trabajar
Es profundamente alarmante que un periodista y un académico, en países que se declaran democráticos, no puedan ingresar libremente para cumplir con su tarea: investigar, informar, participar de actividades públicas y académicas. A ellos se les exige lo que no se les exige a militares extranjeros: explicar sus intenciones, justificar su presencia, y en muchos casos, abandonar el país. Mientras tanto, se firman acuerdos para que tropas extranjeras ingresen sin problema alguno.
Esta lógica revela una democracia invertida, donde el pensamiento crítico molesta más que la ocupación militar.
Democracias de cartón
En Argentina, Panamá y El Salvador, la democracia se reduce a un decorado institucional. Lo que une a estos gobiernos no es una ideología compartida, sino una práctica común: silenciar a quien piensa distinto. No se trata solo de deportaciones, exilios o detenciones arbitrarias. Se trata de vaciar de contenido los valores democráticos, restringir el espacio público, y criminalizar toda forma de disidencia.
Pero frente a estos atropellos, las redes de solidaridad resisten. Las charlas de Iñaki Gil se realizarán de forma virtual. Bernard Lautaro sigue informando desde el exilio. Ruth López no está sola. Y los líderes perseguidos siguen dando la batalla por sus comunidades, incluso desde la clandestinidad.Porque si algo enseña la historia es que las ideas no se detienen en los aeropuertos, no se encarcelan y no se esconden. Las ideas caminan, se multiplican y resisten.
