El gobierno del presidente Daniel Noboa enfrenta una de las mayores crisis sociales desde su asunción, con un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que ya completa más de una semana. Las protestas comenzaron el 18 de septiembre en rechazo al aumento del precio del diésel y la propuesta de un referéndum para crear una nueva Asamblea Constituyente, que según sectores indígenas y sociales podría eliminar derechos adquiridos en la Constitución de 2008.
El presidente ha reaccionado con un combinado de medidas represivas y financieras: se reportan más de 50 personas detenidas, incluidos campesinos acusados de terrorismo, cuentas bancarias de dirigentes y exdirigentes fueron congeladas. Además, la fuerza pública ha intervenido de manera violenta en los bloqueos de vías y manifestaciones.
“Estas medidas buscan asfixiar la acción política de los movimientos sociales, usando como pretexto acusaciones de terrorismo que no se corresponden con la realidad de los detenidos”, denuncian activistas de la región.
La ciudad de Otavalo, en la provincia andina de Imbabura, se convirtió en uno de los epicentros de la represión estatal. Durante las protestas, la fuerza pública ingresó a las comunidades de manera violenta, lanzando gases lacrimógenos, golpeando manifestantes y ejecutando detenciones arbitrarias. Entre los arrestados, 12 campesinos enfrentan cargos de terrorismo y permanecen en prisiones de Esmeraldas y Portoviejo, mientras que tres personas fueron excarceladas tras las audiencias iniciales.
Familiares de los detenidos y manifestantes organizaron un plantón frente a la Fiscalía General del Estado en Quito, exigiendo la liberación inmediata de los 12 campesinos. Entre las consignas se escucharon: “Son campesinos, no terroristas” y “Libertad inmediata”, denunciando la criminalización de la protesta social.
Bloqueo de cuentas y militarización de la seguridad
El gobierno de Noboa ha implementado medidas financieras para limitar la capacidad de acción de los movimientos sociales. Al menos 10 líderes indígenas y organizaciones como CONAIE, CONFENIAE y Fundación Pachamama han visto sus cuentas congeladas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), una entidad dependiente del Ejecutivo. Estas acciones han sido calificadas como “ataques económicos al movimiento indígena”.
El Paro Nacional de 2025 no es un fenómeno aislado en Ecuador. Movilizaciones anteriores, como el levantamiento de octubre de 2019, ya habían evidenciado la tensión entre el gobierno y los movimientos indígenas. Sin embargo, la combinación de represión física, congelamiento de cuentas y acusaciones de terrorismo marca un nuevo nivel de confrontación.
Los dirigentes y organizaciones sociales denuncian que las medidas de Noboa buscan deslegitimar la protesta social y amedrentar a la población, sin atender las causas económicas y sociales que la motivan. Los sectores movilizados advierten que los puentes de diálogo están cerrados y que la confrontación con el gobierno es creciente.
“La estrategia de Noboa no resuelve los problemas económicos ni sociales que provocaron el paro, sino que genera miedo, impunidad y desconfianza hacia las instituciones”, concluye Ana.
