Por Noelia Carrazana
Tras más de una semana de movilizaciones encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el presidente Daniel Noboa ratificó que su gobierno no dará marcha atrás en la eliminación del subsidio al diésel. La medida, que detonó el Paro Nacional indefinido, ya deja un saldo de un manifestante muerto, decenas de heridos y cientos de detenciones, en un escenario marcado por el estado de excepción en ocho provincias y crecientes denuncias de represión.
El mandatario descartó cualquier posibilidad de diálogo con el movimiento indígena, al que acusa de atentar contra la democracia. En una entrevista televisiva desde Cotopaxi, Noboa declaró: “En ese momento estamos nosotros mismos atentando contra la democracia”, al justificar que abrir negociaciones sería ceder ante presiones políticas. Al mismo tiempo, aseguró que el Gobierno “resistirá en Imbabura de la misma forma en que han actuado las organizaciones indígenas”, reforzando su apuesta por la confrontación directa.
La vocería oficial fue reiterada por Carolina Jaramillo, portavoz de la Presidencia, quien sostuvo en rueda de prensa que el Ejecutivo no retrocederá en la medida: “El Gobierno del presidente Noboa es claro: no vamos a negociar y no vamos a retroceder. Retroceder significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan”.
En contraposición, la Conaie denunció que la represión estatal ha dejado nuevas víctimas y responsabilizó directamente al Ejecutivo por el uso de fuerza letal contra manifestantes. Su presidente, Marlon Vargas, acusó al gobierno de instalar el miedo como política de Estado: “El verdadero terror lo ha impuesto el gobierno con su represión contra el pueblo. Somos defensores de la vida y de los derechos. Y si en Ecuador se desata el caos, el único responsable será el presidente Noboa”.
El presidente Noboa incluso hoy insistio en la red X el relacionar a los ciudadanos detenidos por movilizarse en asociarlos a grupos del crimen organizado:
Postura de la dirigencia frente a la consulta popular
En su intervención, Vargas anunció que la CONAIE se pronunciará por el “NO” en la consulta popular convocada por Noboa. La organización considera que ese proceso busca eliminar derechos colectivos y distraer al país mientras se destinan millones de dólares a una votación que no resolverá las necesidades urgentes de salud, educación y trabajo.
“Mientras en los hospitales no hay medicinas y en las escuelas faltan maestros, el presidente gasta en una consulta que no resuelve nada. Es un fraude contra el pueblo”, expresó el dirigente.
Durante la conferencia de prensa, se escucharon distintas intervenciones que reflejaron la unidad del movimiento indígena frente a la crisis.
Por un lado, Alberto Inaguano, presidente de la Ecuarunari, recordó que la medida de hecho se definió colectivamente en Riobamba, en el consejo ampliado del 18 de septiembre: “No somos terroristas, somos pueblos originarios. Nuestras decisiones son colectivas, jamás de dos o tres personas. Resistimos porque el Decreto 126 afecta a todos los bolsillos, y lo hacemos en nombre de nuestras comunidades”.
En la misma línea, la vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda, cuestionó con dureza el modelo económico que impulsa el Ejecutivo y lo acusó de gobernar a favor de las élites: “El Decreto 126 incrementa el precio del diésel y garantiza negocios de grupos económicos cercanos al gobierno. ¿A costa de qué? De que miles de familias trabajadoras asuman un alto costo de vida. Noboa gobierna para los ricos, no para el pueblo”.
Además, fue enfática en señalar el carácter autoritario del actual régimen: “En Ecuador vivimos una dictadura… Señor presidente, no mienta. El pueblo no es ingenuo y sabe que sus decisiones favorecen a los grandes grupos económicos mientras miles de familias apenas sobreviven”.
Por su parte, Karla Iwan, vocera amazónica de la Confeniae, denunció que los territorios de la Amazonía siguen siendo objeto de explotación: “El petróleo y la minería no han traído desarrollo, solo contaminación y despojo. Decimos basta a este modelo de muerte que nos roba el agua y la tierra”.
Finalmente, Vargas cerró la ronda de declaraciones reafirmando la continuidad del paro: “No somos narcotraficantes ni delincuentes. Somos pueblos dignos que defendemos el agua, la tierra y la vida. Jamás vamos a retroceder”.
Movilización en las provincias
Mientras la represión se concentra en Imbabura, epicentro de los enfrentamientos, las movilizaciones se extienden a varias regiones. En Tungurahua, pueblos Chibuleo, Salasaka, Tomabela y Kisapincha marcharon hacia la Gobernación de Ambato. En el Chocó Andino, comunidades de Gualea, Mindo, Mashpi y Pacto realizaron bloqueos intermitentes de vías.
Asimismo, en Azuay y Cañar, la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris (UPCCC) movilizó a sus bases en defensa de la libertad de los detenidos y por “la vida y la dignidad de los pueblos”. Por su parte, en la Amazonía, pueblos shuar, achuar, sápara y kichwas ratificaron que no permitirán más concesiones mineras ni petroleras en sus territorios.
El gobierno sostiene que las protestas esconden actos violentos y ha acusado a la CONAIE de t ener vínculos con grupos criminales. No obstante, la organización rechaza de manera tajante estas versiones y las considera una estrategia para justificar la represión.
De acuerdo con la CONAIE, cerca de un centenar de personas han sido detenidas desde el inicio de las manifestaciones, algunas de ellas procesadas bajo cargos de terrorismo. La organización asegura que se trata de un intento deliberado por deslegitimar la protesta social.
La Fiscalía General del Estado, por su parte, confirmó que investiga la muerte de un manifestante en Cotacachi y varias denuncias sobre el uso de armas letales en los operativos de control.
Este nuevo estallido social recuerda las grandes movilizaciones de 2019 y 2022, cuando las protestas lideradas por la CONAIE obligaron a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a retroceder en medidas de ajuste dictadas por el Fondo Monetario Internacional.
Hoy, el Decreto 126 de Noboa, que elimina los subsidios al diésel, se enmarca en compromisos internacionales de disciplina fiscal. Sin embargo, para el movimiento indígena y amplios sectores sociales, estas políticas solo profundizan la desigualdad y golpean a las familias más pobres.
Con estas posturas, la CONAIE dejó claro que el Paro Nacional 2025 continuará mientras el Ejecutivo no atienda las demandas planteadas y no garantice una solución real a la crisis que atraviesan millones de ecuatorianos.
