Por Noelia Carrazana
El Paro Nacional 2025 en Ecuador continúa firme, a pesar del intento del Gobierno de Daniel Noboa por darlo por concluido sin atender las demandas de los pueblos indígenas y otros sectores sociales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ratificó la continuidad de la movilización, denunciando la militarización en Imbabura y exhortando a la comunidad internacional a intervenir ante la vulneración de los derechos humanos y colectivos.
Durante los 25 días de movilización, la dirigencia principal del movimiento indígena no fue recibida por el Ejecutivo, lo que las comunidades interpretan como un intento de despreciarlas como sujetos políticos legítimos. Ayer, el Gobierno emitió un comunicado anunciando el fin del paro; sin embargo, las bases rechazaron el mensaje, señalando que no podían aceptar que todo el esfuerzo de lucha y sacrificio fuera en vano.
Bases indígenas, militarización y víctimas
La militarización en Imbabura se ha intensificado en los últimos días. Comuneros denuncian que fuerzas policiales y militares permanecen en los territorios ancestrales, bloqueando vías, ingresando a viviendas y limitando la circulación de alimentos, medicinas y personal sanitario. En este contexto, se reportaron tres comuneros asesinados durante las movilizaciones: Efraín Fuerez (Cotacachi), José Alberto Guamán (Otavalo) y Rosa Elena Paqui (Saraguro), quien falleció por un paro cardiorrespiratorio tras inhalar gases lacrimógenos. Además, más de 50 personas resultaron heridas y 43 detenidas, según cifras de la CONAIE.
A pesar de la entrega formal de un pliego de demandas al Ejecutivo, el Gobierno se niega a reducir o congelar el precio del diésel y no ha dado respuesta a la mayoría de los pedidos de las comunidades, que incluyen la defensa de territorios frente a la privatización y el extractivismo, así como mayores inversiones en salud y educación.
Adhesión de Pachakutik y llamado internacional
En solidaridad con las comunidades en resistencia, el Movimiento Pachakutik de Sucumbíos se sumó al paro convocado por la CONAIE, reafirmando la movilización para el viernes 17 de octubre. Las organizaciones indígenas hicieron un llamado urgente a la Cruz Roja Internacional para permitir la creación de corredores humanitarios, asegurando el paso seguro de alimentos, medicinas y personal de salud hacia las zonas más afectadas.
Asimismo, la CONAIE solicitó la intervención de organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y la OEA, para sancionar al Estado ecuatoriano por la invasión de territorios ancestrales, el uso excesivo de la fuerza y las violaciones sistemáticas de derechos humanos que afectan a niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores.
Pese a la presión del Gobierno y los intentos de desmovilización, las bases continúan organizadas: mantienen asambleas permanentes, cierres de vías y la planificación de convoyes humanitarios. En palabras de los dirigentes: “No puede haber diálogo mientras hay muertos, heridos y presos. La dignidad de los pueblos no se negocia”.
Las comunidades hacen un llamado a todos los sectores sociales —sindicatos, estudiantes, transportistas, comerciantes, pueblos afroecuatorianos y mestizos— a sumarse a la movilización, reafirmando que la lucha no es solo por los pueblos indígenas, sino por la defensa de derechos, economía popular y justicia social para todos los ecuatorianos.
El movimiento indígena ecuatoriano, liderado por la CONAIE, demuestra una vez más su histórica capacidad de resistencia y organización, manteniendo el paro como expresión de dignidad frente a un gobierno que hasta ahora ha intentado ignorar sus demandas y presionar por su finalización. En los territorios andinos y en la memoria colectiva, el paro sigue vivo y se fortalece, mientras las comunidades preparan nuevas acciones para garantizar que su voz sea escuchada.
