Por Noelia Carrazana
Las calles del Perú volvieron a llenarse esta semana en una nueva oleada de movilizaciones populares tras la destitución de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso el pasado 10 de octubre en una sesión extraordinaria. Su reemplazo, José Jerí, legislador acusado de violación sexual y vinculado al mismo bloque político que gobernó con Boluarte, asumió la presidencia en medio de un clima de desconfianza e indignación ciudadana. Ayer, 15 de octubre, se llevó a cabo un paro nacional con epicentro en Lima bajo las consignas “Se fue una asesina, llegó un violador” y “Que se vayan todos”, expresando el hartazgo frente a lo que los manifestantes denuncian como un pacto de corrupción, impunidad y represión entre Congreso, partidos y élites económicas.
La jornada terminó con un hecho trágico: el asesinato de Eduardo “Trvko” Ruiz Sanz, un reconocido rapero y activista de 32 años, quien recibió un disparo mortal en el pecho por parte de un agente policial vestido de civil durante las protestas. Testigos señalan que el policía sería parte del grupo encubierto Terna, conocido por infiltrarse en manifestaciones. Ruiz Sanz fue trasladado sin vida al hospital, y otros manifestantes resultaron heridos de gravedad por impactos de perdigones y agresiones policiales. El Ministerio Público ha iniciado una investigación bajo la figura de homicidio calificado, mientras crecen las críticas por la represión sistemática en contextos de protesta.
Este 16 de octubre, miles de personas se movilizaron nuevamente en vigilias artísticas y actos de homenaje en Lima, Ayacucho y Huánuco, para exigir justicia por el crimen del artista y denunciar la violencia estatal. Trvko, integrante del movimiento hip hop limeño, era conocido por retratar la vida en los barrios populares y denunciar las extorsiones criminales que afectan a artistas y trabajadores independientes, otro de los ejes que alimenta el malestar social. La creciente articulación entre jóvenes, colectivos culturales, transportistas e indígenas del sur andino marca un resurgir del tejido popular peruano, mientras crecen los llamados a una refundación democrática y la salida de todo el aparato político actual.
“Estamos hartos. Se fue una presidenta que mandó matar al pueblo, y ahora nos imponen a un presidente acusado de violación. ¿Eso es democracia?”, dijo una manifestante en Plaza Francia el día de ayer. Desde las redes sociales hasta las calles, el repudio a Jerí crece con rapidez.
La protesta no surgió de la nada. Fue el desenlace de una larga acumulación de injusticias. Desde la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022, el sur andino y los sectores populares del país han protagonizado múltiples levantamientos sociales, brutalmente reprimidos por el Estado. Dina Boluarte, que llegó al poder como vicepresidenta de Castillo, viró rápidamente hacia la derecha y consolidó una alianza con el Congreso, las fuerzas armadas y los sectores más conservadores del país.
En ese marco, se produjeron las masacres de Ayacucho, Juliaca y otras regiones, que dejaron más de 50 muertos y centenares de heridos. Pese a las denuncias internacionales, Boluarte se mantuvo en el poder con el respaldo de los mismos grupos parlamentarios que finalmente la destituyeron esta semana. Para muchos, su salida no fue una victoria de la institucionalidad, sino una estrategia de supervivencia del propio pacto mafioso que la sostuvo.
En paralelo, el país vive una ola de criminalidad, extorsión y corrupción institucional sin precedentes. Se han documentado contratos millonarios con empresas fantasmas, plagios masivos de tesis por parte de congresistas y jueces, abusos sexuales encubiertos por ministros, y una red de impunidad que abarca desde políticos hasta sectores empresariales, judiciales y mediáticos.
Pero lo que nadie imagino es que el día de la primera movilización con el nuevo presidente se hiba a producir una represión feroz y con ello el asesinato de un joven músico. Según testigos y evidencia audiovisual, el autor fue un agente del grupo Terna de la PNP vestido de civil. Aunque el ministro del Interior negó la presencia de personal encubierto, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, reconoció que el suboficial Luis Magallanes fue quien disparó el proyectil mortal.
Hoy en la vigilia que se organizo su hermano indico que:“A Eduardo lo mataron por protestar, por decir la verdad, por hacer arte con conciencia”. Ayer miembros del hospital Loayza denunciaron que la Policía impidió el ingreso de varios heridos, y familiares de Trvko señalaron intentos de la PNP por contaminar el cadáver y simular rastros de pólvora, con el fin de justificar su asesinato como parte de un supuesto enfrentamiento.
La fiscalía de derechos humanos asumió la investigación bajo la figura de homicidio calificado y abuso de autoridad. El abogado de la familia, Rodrigo Noblecilla, declaró que no permitirán que la policía se investigue a sí misma, denunciando que ya han ocurrido irregularidades en la escena del crimen y en el hospital.
“Ni asesinos ni violadores”: Generación Z y pueblos del sur se levantan
Lo que comenzó como una movilización juvenil se ha convertido en una ola nacional. La Generación Z, que ya había salido en septiembre contra el intento del Congreso de imponer aportes obligatorios a las AFP a trabajadores independientes, ha encontrado en la calle una herramienta para disputar el presente. Pero esta vez no estuvieron solos: los pueblos del sur andino, transportistas extorsionados, familiares de víctimas y colectivos culturales salieron a marchar juntos.
“Nos mintieron con la democracia. Esto es una dictadura parlamentaria que protege a corruptos, violadores y asesinos”, se leía en una pancarta.
La imagen de José Jerí, el nuevo mandatario, acusado de violación sexual y vinculado a redes de corrupción, se convirtió en el blanco central de las críticas. Su elección no fue vista como un relevo legítimo, sino como una burla: el rostro renovado de un sistema podrido.
La movilización del 15 de octubre dejó claro que la rabia no se ha extinguido. Lejos de confiar en nuevas figuras o promesas vacías, los manifestantes apuntaron a una ruptura estructural, exigiendo la renuncia de Jerí, juicio político a responsables de las masacres y una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.
Para este sábado 19 de octubre, ya se convoca una nueva jornada nacional de lucha, mientras las vigilias por Trvko continúan hoy en Huánuco y Ayacucho, donde los familiares de las víctimas de 2022 siguen esperando justicia. “A Trvko lo mató este sistema. Ayer fue él, pero podría ser cualquiera de nosotros. No hay más tiempo que perder. Nos vemos en las calles”, dijo una joven artista durante el homenaje.
En paralelo, este miércoles, el Congreso rechazó una moción de censura contra el recién asumido José Jerí y la Mesa Directiva del Parlamento. Con 63 votos en contra, la iniciativa no fue admitida a debate. La mayoría de los votos provinieron de Fuerza Popular y aliados del bloque de derecha, lo que, para diversos analistas, confirma que el pacto mafioso denunciado por los manifestantes sigue operando sin fisuras. Mientras tanto, el bloque universitario y sindicatos de trabajadores se sumaron con fuerza a las protestas, concentrándose en la Plaza Dos de Mayo en Lima, mientras en la Plaza Francia artistas y colectivos rendían homenaje a Trvko con intervenciones poéticas, murales y rap en vivo.
