Por Redacción
“Hay una ausencia total de pronunciamiento de los organismos internacionales, incluida la ONU, la CIDH y UNICEF, frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno ecuatoriano. Eso genera desconfianza y decepción sobre su papel y compromiso con los pueblo», indico la Dra. Sybel Martínez – Experta en Derechos Humanos.
El paro nacional en Ecuador, convocado por la CONAIE y diversas organizaciones sociales, comenzó el 12 de septiembre de 2025. Las demandas fueron claras: revertir el aumento del precio de los combustibles, exigir mejoras en salud y educación, y denunciar el avance del extractivismo en territorios indígenas.
A diferencia de las movilizaciones de años anteriores —con epicentro en comunidades rurales y carreteras serranas—, esta vez la protesta se trasladó a la provincia de Imbabura, donde comunidades organizadas se sumaron a la convocatoria.
Los días 28 de septiembre y 14 de octubre fueron los más violentos: se reportaron muertes, detenciones arbitrarias y heridos por impacto de perdigones y bombas lacrimógenas. Según El País, el gobierno desplegó más de 5.000 militares adicionales para “controlar el orden público”, en un operativo que, según testimonios recogidos por The Guardian, incluyó intimidación y persecución a líderes indígenas y ambientales.
La Universidad Central del Ecuador (UCE) se convirtió en uno de los epicentros del conflicto. Allí, Cibel Martínez, abogada y experta en derechos humanos, vivió en carne propia lo que describe como una “emboscada planificada” de las fuerzas del orden contra estudiantes y manifestantes que se refugiaban dentro del campus.
“Esa noche en la Universidad fue aterradora —relata Martínez—. Entraron los uniformados disparando gases y perdigones directamente a los cuerpos, a los rostros. Vi a una joven con los ojos ensangrentados, a otra asfixiándose. No hubo provocación. Fue una emboscada. La violencia institucional que vivimos ya raya la crueldad.”
Entrevista con Cibel Martínez: represión, censura y silencio internacional
—¿Cómo describiría la situación actual de derechos humanos en Ecuador bajo el gobierno de Daniel Noboa?
“Estamos frente a una violencia institucional sistemática. Lo que se está viviendo en las calles, en las universidades, en los barrios, no es control del orden público, es represión. Las fuerzas del Estado están actuando con brutalidad, disparando gases lacrimógenos directamente al cuerpo, usando perdigones, deteniendo sin orden judicial. Todo bajo una narrativa oficial que llama ‘terroristas’ o ‘vándalos’ a los manifestantes.”
—¿Cree que existe una política deliberada de criminalización de la protesta?
“Sí. El gobierno de Noboa ha instaurado una política de terror de Estado. No solo reprime físicamente, sino que manipula el discurso público. Quien protesta es catalogado como enemigo interno. Quien informa, como agitador. Es una estrategia para atemorizar y desmovilizar. La represión no es un exceso: es un método de gobierno.”
—¿Qué rol han jugado los medios de comunicación en esta coyuntura?
“Los medios hegemónicos se han convertido en reproductores de la narrativa oficial. Minimizaron las agresiones, invisibilizaron las víctimas y justificaron la violencia policial. Más de 55 periodistas han sido agredidos o censurados en estas semanas. Es una censura estructural que refuerza el aislamiento informativo. Hay zonas donde la señal telefónica e internet fueron cortadas deliberadamente, especialmente en comunidades indígenas de Imbabura y Pichincha.”
—En este contexto, Ecuador fue designado como miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo interpreta esa paradoja?
“Es una burla internacional. Un país donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, donde hay muertos, torturados, censura y detenciones arbitrarias, no puede ocupar un asiento en un comité que se supone vela por esos mismos derechos. Eso erosiona la credibilidad de las Naciones Unidas y de todo el sistema internacional de derechos humanos.”
—¿Y qué respuesta ha visto de los organismos internacionales frente a la represión?
“Hay una ausencia total de pronunciamiento de los organismos internacionales, incluida la ONU, la CIDH y UNICEF, frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno ecuatoriano. Eso genera desconfianza y decepción sobre su papel y compromiso con los pueblos. ¿Dónde están? ¿Por qué callan? ¿Por qué no exigen que se detenga la violencia? Ese silencio es cómplice.”
—¿Qué debería pasar ahora para frenar la escalada de violencia?
“Primero, el Estado tiene que reconocer lo que está haciendo. Segundo, los organismos internacionales deben romper su silencio. Tercero, las víctimas necesitan verdad, justicia y reparación, porque mientras haya impunidad, la violencia se repetirá. No se puede construir democracia sobre el miedo.”
Una crisis que interroga a la comunidad internacional
Pese a los llamados de organizaciones como Human Rights Watch y la FIDH, que han instado a detener la represión, el gobierno ecuatoriano sostiene que actúa “en defensa de la seguridad interna”. Pero los testimonios de heridos, detenidos y familiares de víctimas muestran otra realidad: un Estado que criminaliza la protesta social y censura la información.
En las calles de Quito, entre gases y barricadas, muchos se preguntan cuánto costará esta nueva “normalidad” bajo el gobierno de Noboa.
Cibel Martínez deja la pregunta abierta:
“¿Cuántos más tendrán que perder los ojos, la libertad o la vida para que la comunidad internacional deje de mirar hacia otro lado?”
