Por Redacción
Campesinos se movilizan en Asunción contra las políticas neoliberales del gobierno de Santiago Peña, que —según denuncian— criminalizan la producción nacional, favorecen el contrabando y profundizan el despojo territorial. La protesta ocurre en un contexto de nuevas leyes y medidas que restringen los derechos campesinos e indígenas.
Asunción, 23 de octubre de 2025 — La Federación Nacional Campesina (FNC) se movilizó frente al Mercado de Abasto de Asunción, sobre la avenida Madame Lynch, para denunciar la persecución del Estado paraguayo contra los pequeños y medianos productores rurales. La protesta comenzó a las 7 de la mañana con tres camionadas de alimentos provenientes de distintos departamentos del país.
Los manifestantes exigieron el cese de los operativos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que —bajo el argumento de combatir el contrabando— estaría decomisando cargas legítimas de productos nacionales. “Nos tratan como delincuentes mientras los grandes contrabandistas cruzan la frontera con impunidad”, afirmaron los dirigentes campesinos durante el mitin.
Actualmente, los productores reciben solo 2.000 guaraníes por kilo de cebolla, precio que no cubre los costos mínimos de cultivo. Cuando intentan vender directamente en los mercados para evitar a los intermediarios, la DNIT incauta sus mercaderías y los amenaza con procesos judiciales.
La FNC calificó estas acciones como parte de una “política persecutoria e intimidante”, donde la fuerza pública, incluso unidades montadas y agentes armados, ejecutan operativos en zonas rurales y accesos a la capital. “Apuntan con metralletas a productores pobres, mientras dejan libre a los grandes empresarios del contrabando”, denunciaron.
Un modelo neoliberal que profundiza la desigualdad
Para la organización campesina, estas medidas responden a un modelo neoliberal profundizado por el presidente Santiago Peña, subordinado a los intereses del agronegocio y el capital financiero. “El Estado abandona deliberadamente la producción nacional para consolidar un sistema que expulsa al campesinado de sus tierras y destruye la sob
eranía alimentaria”, expresó la FNC en su comunicado.“A la política intencional de abandono se suman políticas persecutorias que ahogan la producción campesina y benefician a los grandes grupos agroexportadores”, advirtió un vocero de la Federación.
La protesta ocurre además en un contexto de nuevas leyes y medidas restrictivas que afectan a campesinos e indígenas:
- Ley de control de ONG (2024): otorga al Estado amplias facultades para fiscalizar y suspender organizaciones sociales, lo que —según Human Rights Watch y la FNC— podría silenciar a entidades que defienden derechos campesinos e indígenas.
- Aplicación reforzada de la Ley N.º 6830 (“Ley Zavala-Riera”): amplía penas por “invasión de inmueble ajeno”, usada históricamente para criminalizar las ocupaciones de tierra. En 2025 su uso se intensificó, profundizando la criminalización del movimiento agrario.
- Desalojos y violencia institucional: informes de Base-IS y organizaciones indígenas registran operativos policiales, destrucción de cultivos y amenazas en comunidades rurales, sin mediación judicial efectiva.
Estas políticas, junto con la ausencia de una ley de reforma agraria, refuerzan la concentración de tierras y la desigualdad estructural en el campo paraguayo.
Nuevas ocupaciones y tensiones en el norte del país
El conflicto por la tierra se agudizó aún más el 22 de octubre de 2025 con un nuevo anuncio de la Organización de Campesinos Sin Tierra del Norte, que comunicó oficialmente que el 5 de diciembre ingresará a ocupar la totalidad de la Estancia Lucipar, en Santa Rosa del Aguaray (departamento de San Pedro).
Se estima que unos 2.500 campesinos participarán en la ocupación de las más de 10.000 hectáreas que componen el establecimiento, actualmente bajo administración de la SENABICO (Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados), tras haber sido incautado al narcotraficante conocido como “Cabeza Branca”.
El vocero de la organización, Elvio Benítez, explicó que esta medida responde a la ruptura total del diálogo con el Gobierno y al estancamiento de las negociaciones:
“Las conversaciones con el Gobierno se estancaron completamente. Ante la falta de respuestas, la asamblea decidió ocupar el terreno para exigir la expropiación y distribución de la totalidad de la superficie”, declaró.
Los campesinos reclaman que las tierras incautadas sean destinadas a la Reforma Agraria, argumentando que se trata de bienes mal habidos que deben beneficiar a los sectores más vulnerables del país.
La Federación Nacional Campesina y otras organizaciones rurales consideran este anuncio como parte de un mismo proceso de resistencia ante el avance de un modelo económico excluyente, en el que la represión, la criminalización y la concentración de tierras se consolidan como política de Estado.
“La lucha por la tierra es la lucha por la patria. Sin reforma agraria no habrá paz”, reiteró la FNC en su llamado a la ciudadanía a defender la producción nacional y los derechos de las comunidades rurales.
