Por Noelia Carrazana
Un peón rural torturado por sus patrones en Vedia y un obrero muerto en una obra de Salta revelan la violencia estructural que atraviesa al trabajo argentino. Mientras las familias exigen justicia, el gobierno de Milei impulsa una reforma laboral que podría agravar la desprotección, extender la explotación y legalizar la impunidad patronal.
Tortura en el campo bonaerense
En Vedia, provincia de Buenos Aires, Agustín —trabajador rural— denunció haber sido torturado por sus empleadores.
Fue golpeado, mordido, amenazado con un arma y humillado durante horas. Los patrones lo fotografiaron ensangrentado para “dar ejemplo” a los demás empleados.
Le ordenaron que se bañara, tomara un analgésico y se callara la boca.
El hecho, que conmocionó a la región, viola las leyes laborales y de derechos humanos, entre ellas el Estatuto del Peón Rural y el Convenio 29 de la OIT contra el trabajo forzoso.
Sin embargo, los agresores siguen libres, amparados por un sistema judicial lento y una cultura patronal de impunidad.
“Todavía creen que los peones son su propiedad”, relató un trabajador del lugar.
Muerte en la obra: el caso Enrique Burgos en Salta
A más de mil kilómetros, otra tragedia golpeó al mundo del trabajo.
Enrique Burgos, obrero de 35 años, murió sepultado tras el derrumbe de una obra en la Avenida Uruguay al 600, en Salta capital.
El proyecto estaba a cargo del estudio López Marcuzzi Arquitectas, investigado por superar los límites de excavación permitidos por los estudios de suelo (1,6 metros).
La Municipalidad confirmó que la obra tenía permisos, pero había sido multada por fallas en seguridad laboral.
El cuerpo de Burgos fue recuperado tras 14 horas bajo los escombros, mientras su madre, llegada desde Cafayate, esperaba sin asistencia oficial.
“Esos empresarios son matagente, buscan gente del campo para matarlos así”, denunció un familiar.
“Dónde está la patronal que no da la cara?”, reclamó otro.
Desde la UOCRA Salta, el dirigente Sebastián Maidana reconoció que hubo una falla y aseguró que “de eso deberá hacerse cargo quien corresponda”
El peón torturado y el obrero muerto son las caras visibles de un mismo problema:
la violencia estructural que atraviesa el trabajo argentino, donde la precariedad y la falta de controles ponen vidas en riesgo todos los días.
Según la OIT, más del 45% de los trabajadores del país está en la informalidad, y los casos de explotación rural y servidumbre moderna se mantienen activos en varias provincias.
La reducción del presupuesto en inspección laboral agrava un escenario de impunidad empresarial y abandono estatal.
Un contexto que empuja hacia la explotación
Estos hechos ocurren en un país donde la informalidad laboral alcanza el 43,2 %, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA/CONICET).
Otros informes, como el de Agencia 5, advierten que casi 8 millones de personas trabajan sin derechos ni cobertura social, el nivel más alto en dos décadas.
Durante el primer año de gestión de Javier Milei, se perdieron más de 185 000 empleos formales, tanto en el sector público como en el privado (fuente: Inforama).
El Ministerio de Trabajo de Santa Fe confirmó que 4 de cada 10 trabajadores inspeccionados en 2024 estaban en negro, sin registro ni medidas de seguridad.
Respecto a trabajo en condiciones de esclavitud o explotación forzada, los registros oficiales y reportes periodísticos muestran:
- Operativos de la Policía Federal Argentina rescataron 21 personas en octubre de 2025 víctimas de trabajo esclavo.
- En febrero de 2025, se rescataron 28 víctimas en La Rioja y Mendoza.
- En Salta, durante 2024, se asistió a 6 personas víctimas de explotación laboral, además de otras 84 víctimas de explotación sexual.
- Según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, en 2023 se registraron 468 denuncias de explotación laboral.
La reforma laboral de Milei: más precarización, más riesgo
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral que, según sindicatos y especialistas, profundizaría la desprotección de los trabajadores.
El proyecto propone:
- Extender la jornada laboral,
- Reducir las indemnizaciones por despido,
- Flexibilizar los convenios colectivos,
- Condonar deudas patronales y facilitar despidos.
Organizaciones gremiales advierten que se trata de una “reforma esclavista”.
El dirigente Hugo Yasky (CTA) alertó que “busca llevar a los trabajadores a niveles de esclavitud”, mientras analistas laborales advierten que la flexibilización aumenta los accidentes y la explotación.
La tortura de Agustín y la muerte de Enrique Burgos no son hechos aislados.
Son síntomas de un modelo económico que deshumaniza el trabajo y pone la rentabilidad por encima de la vida.
Ambos casos ocurren en un contexto donde el Estado reduce su rol de fiscalización y el empresariado celebra la “libertad” de operar sin límites.
Argentina es firmante de tratados internacionales que prohíben el trabajo forzoso y garantizan la integridad laboral, pero esos compromisos se diluyen si no hay justicia, sanción y reparación.
Fuentes:
Agencia 5.
Inforama.
