Por Calixta Quispe
La Paz, Bolivia — El nuevo presidente boliviano anuncia una era de “capitalismo popular” y “gobierno verde”, pero sus primeras decisiones muestran un rumbo liberal y excluyente: sin organizaciones sociales, con tecnócratas y empresarios en el gabinete, y un acercamiento a Washington que contrasta con su discurso de soberanía.
Esta mañana, bajar a la Plaza Murillo para presenciar la asunción de Rodrigo Paz fue como caminar dentro de un recuerdo. El ambiente en La Paz tenía algo de déjà vu: controles policiales en cada esquina, uniformes camuflados, un aire de orden forzado. Al recorrer El Prado, las imágenes de 2020 parecían volver —las corridas, los gases, la tensión—, aunque esta vez todo se desarrollaba bajo una calma vigilada.
Frente al Palacio Quemado, la ausencia de la Wiphala no pasó inadvertida. Algunos la buscaron en los balcones, otros la mencionaron en voz baja. Era imposible no pensar en aquella jornada de 2019, cuando Luis Fernando Camacho ingresó con una Biblia en la mano y el país sintió el quiebre del proyecto plurinacional. Ver hoy el frontis sin el emblema indígena fue una señal simbólica: el nuevo ciclo político parece comenzar negando parte de la historia reciente.
El nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, asumió el cargo prometiendo un modelo económico bautizado como “capitalismo para todos”, una consigna que, en sus palabras, busca “abrir la economía sin ideologías y devolver la confianza al mercado”. Sin embargo, sus primeros movimientos en el poder ya revelan contradicciones: viajó a Estados Unidos para negociar financiamiento externo, excluyó a gobiernos latinoamericanos de su toma de posesión y formó un gabinete dominado por tecnócratas y empresarios, sin presencia de organizaciones sociales ni pueblos indígenas.
Durante la ceremonia de investidura, Paz juró con un mensaje cargado de símbolos conservadores: “Dios, patria y familia, sí, juro”, repitió ante el pleno legislativo, en una jornada donde la Wiphala fue retirada del Palacio de Gobierno, marcando un gesto político de ruptura con el ciclo del Estado Plurinacional. “La ideología no nos alimenta; lo que da de comer es el derecho al trabajo y la seguridad jurídica”, insistió el nuevo mandatario, acompañado de su vicepresidente, el expolicía y comunicador Edman Lara, conocido en redes sociales por su discurso antisistema.
Capitalismo para todos… pero no para todos
La primera contradicción del nuevo gobierno apareció a las pocas horas de iniciado el mandato. Pese a haber prometido que “no pedirá dinero al Fondo Monetario Internacional” y que “en Bolivia, si no roban, alcanza”, Paz emprendió un viaje a Washington para buscar fondos frescos ante la escasez de dólares y combustibles. La misión, confirmada por fuentes diplomáticas, incluyó reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con funcionarios del Departamento de Estado.
El discurso oficial sostiene que Bolivia vive una “economía devastada” tras el ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS), pero el relato omite los datos históricos que muestran lo contrario. Entre 2005 y 2019, el país experimentó el período de mayor estabilidad macroeconómica de su historia reciente, impulsado por la nacionalización del gas, la redistribución del ingreso y la expansión del mercado interno.
Según cifras del Banco Mundial, el FMI y la CEPAL, el PIB per cápita en dólares constantes pasó de 1.157 en 2005 a 3.489 en 2019, lo que significa un crecimiento del 201 %. Durante ese mismo periodo, la economía boliviana creció a una tasa promedio anual del 4,8 %, una de las más altas de América Latina.
La pobreza moderada cayó del 60,6 % al 37,2 %, y la pobreza extrema descendió del 38,2 % al 12,9 %, reduciéndose más de 25 puntos porcentuales en menos de quince años. El desempleo urbano bajó del 8,1 % al 4,8 %, consolidando a Bolivia como uno de los países con menor tasa de desocupación de la región.
Estos indicadores explican por qué, hacia 2015, Bolivia había pasado de ser una de las economías más pobres de América Latina a convertirse en la de mayor crecimiento sostenido de la década.
En efecto, de acuerdo con estudios del Banco Mundial y la CEPAL, Bolivia fue, durante los años noventa, el segundo país más pobre del continente —solo detrás de Haití—, antes de iniciar el proceso de recuperación que se consolidó entre 2006 y 2019.
Sin embargo, Paz ha preferido negar esos logros, afirmando que “el modelo anterior quebró al país” y que su gestión “reconstruirá desde cero la confianza internacional”. Su estrategia combina reducción de aranceles, incentivos fiscales al sector privado y créditos masivos para formalizar la economía.
En campaña lo resumió con un lema populista: “Bajar impuestos, bajar aranceles y harto crédito: platita para todos. Capitalismo para todos, no para unos cuantos.”
Pero en la práctica, el modelo parece orientado a beneficiar al sector empresarial y financiero, mientras los movimientos sociales y campesinos —que durante dos décadas ocuparon un rol central en la gestión pública— fueron explícitamente excluidos del nuevo mapa del poder.
“Nadie de las organizaciones sociales estará en el gobierno. El Estado no puede ser un botín de sindicatos ni de movimientos”, declaró Paz durante la transición, generando rechazo entre comunidades indígenas y campesinas. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) calificó la medida como “una provocación” y advirtió que “no se puede hablar de democracia sin el pueblo en el Estado”.
El gabinete de los tecnócratas y el “gobierno verde”
El equipo de ministros designado por Rodrigo Paz confirma el giro liberal y elitista de su administración. En el Ministerio de Economía y Planificación nombró a José Gabriel Espinoza Yáñez, economista de orientación ortodoxa y crítico del modelo estatal. En Hidrocarburos y Energía, designó a Mauricio Medinacelli, exministro durante el gobierno de Carlos Mesa y consultor de organismos internacionales, quien defiende la liberalización del mercado energético.
En Relaciones Exteriores, Paz eligió a Fernando Aramayo Carrasco, exfuncionario del PNUD, encargado de “reposicionar la diplomacia boliviana en los mercados globales”, mientras que en la Presidencia designó a José Luis Lupo, exrepresentante del BID y la CAF. En Cultura y Turismo nombró a Cinthia Yáñez, empresaria vinculada a la alianza Unidad, cuyo padre enfrenta causas judiciales por delitos económicos. El gabinete, en su conjunto, carece de representación indígena o sindical y concentra poder en tecnócratas con vínculos externos.
Durante su discurso inaugural, el presidente presentó además un nuevo eslogan de gestión: «Vamos a construir un nuevo concepto: el gobierno verde. Un gobierno que piense en las generaciones futuras, que recupere la relación entre desarrollo y naturaleza, y que devuelva a Bolivia su liderazgo ambiental.”
La propuesta fue celebrada en redes y medios como una “modernización ambiental”, pero carece de medidas concretas. Ni su programa oficial ni el plan de gobierno incluyen metas de transición energética, descarbonización o protección de territorios indígenas. Por el contrario, el nuevo Ministerio de Energía anunció la apertura a inversiones extranjeras en litio y gas, y la flexibilización de normas ambientales para atraer capitales.
Paz también marcó distancia de la diplomacia latinoamericana. Excluyó de su toma de posesión a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, a los que calificó de “dictaduras”, mientras invitó a sus pares de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, además de delegados de Estados Unidos y la Unión Europea. “Bolivia mantendrá relaciones con todos los Estados que respeten la democracia y los derechos humanos”, afirmó, en lo que muchos interpretan como un alineamiento explícito con el eje liberal de la región.
A los pocos días, sin embargo, el mandatario criticó abiertamente a algunos de esos mismos líderes, incluyendo al presidente argentino Javier Milei, con quien ya tuvo diferencias públicas sobre política energética y migratoria. “Bolivia no será el patio trasero de nadie, ni de la izquierda ni de la derecha”, declaró Paz, en un intento de sostener un equilibrio retórico que contrasta con sus decisiones diplomáticas y económicas.
Las contradicciones se acumulan: promete soberanía, pero busca dólares en Washington; proclama inclusión, pero gobierna sin el pueblo; habla de unidad, mientras baja la Wiphala del Palacio Quemado.
Aunque el discurso oficial insiste en una apertura “sin tutelas”, las señales apuntan hacia una restauración liberal en clave conservadora, en la que el Estado se desindigeniza y las élites urbanas recuperan protagonismo. La consigna “Dios, patria y familia” que marcó su juramento sintetiza ese nuevo espíritu político: un conservadurismo andino que se viste de modernización, pero que revive la lógica del orden y del mercado como principios rectores.
La pregunta que flota en el aire es si el “capitalismo para todos” será realmente un proyecto de inclusión económica o la reedición de un viejo modelo: un capitalismo para unos pocos, sostenido sobre la negación del pasado y la exclusión de quienes alguna vez refundaron el país.
Viva Bolivia y la nueva gestión de libertad!!!! Éxitos en su gobierno, que Dios bendiga a los bolivianos y que vllc!!!