Chile: el caso Julia Chuñil, el giro judicial y el análisis mediático de una criminalización familiar

Por Noelia Carrazana

A más de un año de la desaparición de Julia del Carmen Chuñil Catricura, mujer mapuche de 73 años vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, la investigación judicial registró un giro sustancial. En enero de 2026, la Fiscalía chilena formalizó a tres de sus hijos por parricidio, solicitó la demolición de la vivienda familiar para nuevas pericias y reorientó la causa hacia una hipótesis de homicidio intrafamiliar. El cambio de enfoque judicial estuvo acompañado por un viraje en la cobertura de los principales medios de comunicación del país y por observaciones de organismos de derechos humanos sobre el desarrollo del proceso.

Durante los primeros meses, la investigación se centró en su búsqueda y en distintas líneas vinculadas a su entorno rural y comunitario. En ese período, el caso tuvo amplia visibilidad pública y fue seguido de manera sostenida por medios nacionales como La Tercera, Biobío Chile, Emol, Cooperativa y T13.

El 14 de enero de 2026, la Fiscalía Regional de Los Ríos informó un cambio en la hipótesis investigativa y procedió a la detención y formalización de tres hijos de la víctima, Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, por los delitos de parricidio y encubrimiento, y del exyerno Bermar Flavio Bastías Bastidas por homicidio calificado y otros delitos asociados. Según el Ministerio Público, nuevos antecedentes permitieron reorientar la causa desde una investigación por desaparición a una por homicidio intrafamiliar.

Tras la audiencia de formalización, Javier Troncoso Chuñil quedó sujeto a prisión preventiva, mientras que los otros dos hijos permanecen con arresto domiciliario total y medidas cautelares adicionales.

El 27 de enero de 2026, el Juzgado de Garantía de Los Lagos autorizó, a solicitud de la Fiscalía, la demolición parcial o total de la vivienda familiar y una bodega ubicada en el predio de Máfil, con el objetivo de realizar excavaciones y pericias forenses. Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que en la bodega se identificaron manchas de sangre humana, además de herramientas como un machete y un hacha, las cuales fueron incautadas y sometidas a análisis pericial.

El tribunal consideró que la demolición constituía una diligencia necesaria para el avance de la investigación, aun cuando implicara la afectación del inmueble.

La decisión de la Fiscalía de formalizar a los hijos ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales que denuncian lo que califican como una “criminalización de la familia” y un “montaje judicial” basado en testigos dudosos y en omisión de otras líneas de investigación. Un pronunciamiento firmado por más de 70 organizaciones nacionales e internacionales reclamó que la persecución penal se ha basado en evidencias que no han sido transparentes, y que se han ignorado amenazas previas que Chuñil habría recibido de terceros antes de desaparecer. Entidades como la Fundación Escazú Ahora Chile y la Fundación Protege los Molles expresaron su preocupación por la forma en que se ha llevado el proceso, instando a que las detenciones y acusaciones se ajusten a estándares internacionales de debido proceso y presunción de inocencia.

La figura de Julia: ¿líderesa o campesina?

En paralelo a las decisiones judiciales, se registró un cambio en el enfoque mediático. Mientras durante 2024 y gran parte de 2025 la cobertura se centró en la desaparición y en el reclamo por su esclarecimiento, desde enero de 2026 numerosos medios comenzaron a presentar el caso principalmente como un crimen intrafamiliar, priorizando las versiones oficiales de la Fiscalía y reduciendo la visibilidad de otras líneas investigativas previamente abordadas.

Desde el inicio del caso, se promovió en ciertos sectores mediáticos y políticos la imagen de Julia Chuñil como defensora ambiental y líder mapuche, presidenta de la Comunidad Indígena de Putreguel y activista en la protección de bosque nativo frente a intereses forestales. Sin embargo, el cambio en la narrativa judicial genero que los medios hegemonicos de Chile también comenzaran a cuestionar sobre el rol organizativo de Julia.

Medios como radio Bio Bio han cambiado su discurso de «activista o defensora» a «mujer de campo», acompañanado así la deslegitimación de la lucha de Julia y su familia. Generando también un debate respecto de la legitimidad, diferencia en la forma de nombrarse a las personas que se indentifican con ser pertenecientes a un pueblo indígena y cuestionando también el rol de ONG que promueven los derechos de estos actores.

Morstadt sin acusación

Durante el desarrollo de la causa también fue identificado como imputado el empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, propietario de terrenos vinculados al caso. Según informaciones publicadas por Biobío Chile y otros medios, Morstadt recibió copia de la carpeta investigativa y fue objeto de diligencias, incluidas interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente. Sin embargo, no fue formalizado ni quedó sujeto a medidas cautelares comparables a las aplicadas a los familiares de la víctima.

En octubre de 2025, querellantes mencionaron públicamente la existencia de un audio surgido de una interceptación telefónica en el que se hacía referencia al posible destino de Julia Chuñil. Ese antecedente fue difundido por algunos medios, aunque hasta el momento no ha derivado en imputaciones formales ni resoluciones judiciales concluyentes.

En este contexto, organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto en Chile como a nivel internacional, emitieron pronunciamientos solicitando seguimiento del caso y respeto a las garantías del debido proceso. Estas declaraciones fueron recogidas principalmente por medios alternativos y plataformas especializadas en derechos humanos.

A la fecha, el cuerpo de Julia Chuñil no ha sido encontrado. La investigación continúa bajo la dirección del Ministerio Público y las diligencias autorizadas por el tribunal siguen en desarrollo. El caso permanece abierto y bajo observación pública, tanto por su evolución judicial como por el impacto que ha tenido en la agenda mediática y social chilena.