Por Noelia Carrazana
El 26 de agosto de 2025, el Juzgado de Letras Seccional de Yoro determinó emitir auto de formal procesamiento contra Santiago Emmanuel Londoño, ciudadano estadounidense y vicepresidente de la minera LACHANSA CO. S.A. acusado de hostigamiento sexual en perjuicio de una menor de la comunidad indígena Tolupán de San Francisco de Locomapa, Yoro, Honduras
A partir de la denuncia hecha por la menor y su madre a la Fiscalía de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural, Londoño habría visitado en tres ocasiones a su vivienda sin autorización para entrar, pero que lo hacía acompañado de dos guardaespaldas armados. Londoño se presentaba como trabajador de la mina y como una persona que quería ayudarla, realizando propuestas indecorosas de carácter sexual.
La madre de la menor indicó que en una ocasión le insinuó que le “prestara” a su hija a cambio de dinero, viajes y trabajos para ambas, e incluso hizo ingresar a la casa a dos guardaespaldas armados sin autorización .
La denuncia fue presentada el 23 de septiembre de 2022 por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en representación de la víctima. Además del hostigamiento sexual, la denuncia incluyó acusaciones de tratos denigrantes y tentativa de trata de personas. El proceso judicial ha sido criticado por su demora. El MADJ junto a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que este retraso refleja la impunidad estructural que enfrentan las comunidades indígenas en Honduras .
Londoño es hijo de Álvaro Hernández Londoño, también ciudadano estadounidense/colombiano y representante legal de LACHANSA, empresa que ha sido señalada por la explotación ilegal de recursos naturales en territorio Tolupán. La comunidad de San Francisco de Locomapa ha denunciado amenazas, intimidación y sobornos por parte de los directivos de la minera para obtener apoyo en la extracción ilegal de minerales .
El caso ha atraído la atención de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que exigen una investigación imparcial y sanciones adecuadas para los responsables. Mientras tanto, la comunidad Tolupán continúa luchando por la justicia y la protección de sus derechos frente a la violencia y el despojo territorial.
Operación de LACHANSA en territorio Tolupán
LACHANSA CO S.A., empresa minera vinculada a los Londoño, ha sido señalada por operar ilegalmente en territorios de la tribu Tolupán. En 2022, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, por exigencias del MADJ, presentó requerimientos fiscales contra la empresa por operar sin permisos en la zona de San Francisco de Locomapa . Además, en 2019, el Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de Yoro fue procesado, también por denuncias del MADJ, por otorgar permisos mineros ilegalmente en territorios de la tribu Tolupán .
A pesar de la presión social y legal, la comunidad ha denunciado la reactivación de actividades mineras sin autorización en 2024, presuntamente bajo la dirección de Alan Rivas, un empresario minero originario de El Progreso, Yoro . Estas operaciones continúan sin el consentimiento de las comunidades que conforman la tribu de San Francisco de Locomapa, representadas a través de su consejo directivo y su asamblea .
Violencia de género en Honduras: datos alarmantes
La violencia de género en Honduras es una problemática persistente. Según la Encuesta Nacional Especializada sobre Violencia Contra las Mujeres y Niñas de 15 años y más en Honduras (ENESVMN), en 2022, el 23.7% de las mujeres de 15 años y más experimentaron violencia sexual a lo largo de su vida, y el 8.1% en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta .
Además, en 2023, Honduras registró la tasa más alta de femicidios en la región, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe . Este contexto de violencia estructural afecta especialmente a mujeres indígenas y rurales, quienes enfrentan múltiples formas de discriminación y violencia.
El caso de Londoño refleja la impunidad estructural que enfrentan las comunidades indígenas en Honduras. La denuncia fue presentada en septiembre de 2022, pero la presentación del requerimiento fiscal se produjo más de un año después, lo que ha sido criticado por activistas y defensores de derechos humanos .
