Por Calixta Quispe
Un país en crisis: economía frágil, conflictos sociales y fragmentación política
El próximo 11 de agosto de 2025, Bolivia celebrará elecciones generales en un contexto de fragmentación política, crisis económica y una disputa estratégica por el litio, recurso clave para el futuro del país y del mundo. Diez candidatos están habilitados para competir por la presidencia, tras la exclusión del expresidente Evo Morales, cuyo partido Pan-Bol fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La carrera se desarrolla con más del 40 % del electorado aún indeciso, y con recientes acusaciones del candidato Manfred Reyes Villa, quien denunció haber recibido una oferta de soborno del empresario Marcelo Claure para retirarse y favorecer a Samuel Doria Medina, postulante por la alianza Unidad.
Bolivia atraviesa una crisis profunda. La inflación ronda el 10 %, hay escasez de combustibles y dólares, y las protestas sociales se intensificaron durante 2025, con episodios de violencia que han dejado al menos seis muertos. La izquierda se encuentra dividida entre el oficialismo, que aún responde al presidente saliente Luis Arce, y el ala disidente encabezada por Andrónico Rodríguez. La derecha, por su parte, busca reconfigurarse con figuras tradicionales como Jorge «Tuto» Quiroga, Doria Medina y Reyes Villa, mientras actores externos y empresariales ganan protagonismo.
¿Quién es Marcelo Claure y por qué está en el centro del debate?
Marcelo Claure es un empresario millonario nacido en Bolivia y radicado en Estados Unidos. Actualmente preside el Club Bolívar y dirige Ausenco, una firma con operaciones globales en exploración y procesamiento de litio. Aunque no es candidato, su nombre aparece con fuerza en la escena política por sus vínculos con Samuel Doria Medina y su aparente interés en influir en el modelo de explotación del litio boliviano.
Claure ha negado tener aspiraciones políticas, pero sus mensajes en redes sociales muestran una defensa del libre mercado y críticas a la gestión estatal de los recursos naturales. Según Manfred Reyes Villa, Claure le ofreció la embajada en Washington y participación en futuros negocios con el litio a cambio de retirarse de la contienda, lo que alimentó sospechas de un posible acuerdo para privatizar el sector en caso de una victoria de la derecha. Claure desmintió estas acusaciones, mientras que Doria Medina aseguró que su relación con el empresario es meramente «protocolar».
Qué pasó con el litio desde 2019
La disputa por el litio tiene raíces en el golpe de Estado de noviembre de 2019, cuando el gobierno interino de Jeanine Áñez anuló el contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la firma alemana ACI Systems. Ese acuerdo, promovido por el gobierno de Evo Morales, contemplaba una industrialización con participación estatal del 51 %. Su cancelación provocó la paralización del sector, generando incertidumbre en los mercados y en los proyectos de desarrollo, lo que afectó gravemente a la economía durante los primeros años de gestión de Luis Arce (2020–2023), quien asumió con un aparato extractivo virtualmente detenido.
Fue recién en 2023 cuando el gobierno de Arce firmó nuevos contratos por más de 2.000 millones de dólares con consorcios chinos (CBC/CATL) y rusos (Rosatom/Citic), para proyectos de extracción directa en los salares de Uyuni y Pastos Grandes. Si bien el Estado mantiene participación mayoritaria, la falta de consulta a comunidades indígenas y las críticas por falta de transparencia han generado protestas, bloqueos y freno legislativo.
Bolivia cuenta con entre 21 y 23 millones de toneladas de litio, cerca de un tercio de las reservas del llamado Triángulo del Litio (que comparte con Argentina y Chile). Sin embargo, la industrialización no despega: en 2024, la producción fue de apenas 2.000 toneladas, lejos de las 150.000 previstas anualmente. Las plantas piloto siguen funcionando por debajo de su capacidad, mientras la pugna entre estatismo y liberalización divide tanto al oficialismo como a la oposición.
Posturas de los principales candidatos sobre el litio
- Andrónico Rodríguez (MAS disidente): Defiende el control estatal total del litio y alerta sobre riesgos de privatización encubierta.
- Samuel Doria Medina (Unidad): Promueve la apertura al capital privado y es cercano a Claure. Aboga por un modelo liberal de gestión.
- Jorge «Tuto» Quiroga (Libre): Propone un esquema mixto con inversión extranjera, siguiendo modelos técnico-empresariales.
- Manfred Reyes Villa (Autonomía para Bolivia): Denunció intentos de soborno vinculados a Claure y exige transparencia en las decisiones sobre el litio.
- Eva Copa (Morena): Sostiene una posición intermedia, con control estatal moderado y participación comunitaria.
El 11 de agosto, Bolivia no solo elegirá un nuevo presidente, sino también el modelo económico y político con el que enfrentará la transición energética global. El litio, estratégico para la industria mundial de baterías, es tanto una oportunidad como un campo de batalla entre proyectos nacionales, intereses empresariales y tensiones geopolíticas. La figura de Marcelo Claure, aunque fuera de las boletas, encarna el dilema que atraviesa el país: ¿más Estado o más mercado en el manejo de sus recursos naturales? La respuesta dependerá del voto de una ciudadanía atravesada por la crisis, la desconfianza y la urgencia de un horizonte claro.
Fuentes: El País, Mining Digital, Bolivia Energía Libre, Deutsche Welle (DW), Página Siete, Agencia France Press (AFP)
