Bolivia: La criminalización del bloqueo y el derecho a la protesta pacífica

Por Samaki Jesús Humerez Oscori

El Proyecto de Ley Antibloqueo, propuesto por el diputado Carlos Alarcón, cataloga las acciones colectivas como delitos y establece penas de entre 10 y 20 años de privación de libertad contra los movilizados. Este proyecto tiene como objetivo eliminar las acciones colectivas en las calles, neutralizar al adversario social y político, y desarticular a los movimientos minero, fabril, indio aymara y quechua.

El bloqueo como método de lucha no fue un regalo de las oligarquías ni de las élites; por el contrario, ha sido una práctica histórica de resistencia para liberarse de la opresión de la etnia-clase dominante, desde la Colonia, pasando por la República, hasta el Estado Plurinacional. El bloqueo constituye un derecho a la protesta frente a políticas que vulneran los intereses colectivos de las mayorías nacionales.

En 1781, Tupak Katari y Bartolina Sisa, junto al ejército aymara, aplicaron el método de lucha del bloqueo de caminos y el cerco a la ciudad colonial. Esta lucha tuvo como objetivo derrocar el sistema colonial opresor.

En 1979, el gran bloqueo de caminos, liderado por Genaro Flores a la cabeza de la CSUTCB, se constituyó en una acción decisiva contra el golpe de Natusch Busch. El movimiento aymara-campesino apoyó la resistencia frente a la dictadura militar, hecho que resultó vital para el retorno a la democracia en 1982.

En 2003, el movimiento aymara, junto a Felipe Quispe Huanca, derrocó al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada mediante el método de lucha del bloqueo de caminos y el cerco a las ciudades, logrando la caída de un modelo neoliberal decadente.

Resulta contradictorio que en 2019, cuando los grupos denominados “pititas” y el Comité Cívico Pro Santa Cruz realizaron paros y bloqueos durante 21 días, no se cuestionara ni se impulsara una Ley Antibloqueos. Sin embargo, ahora que el indio, el minero, el aymara contemporáneo del campo y la ciudad se movilizan y logran la derogación del Decreto Supremo N.º 5503, un decreto antinacional, se criminaliza el bloqueo y se pretende penalizarlo.

Estos grupos, a la cabeza del diputado Alarcón, promueven una Ley Antibloqueos que vulnera el derecho a la protesta pacífica, toda vez que en estas movilizaciones colectivas no se utilizan armas ni se atenta contra la vida de las personas.

Por: Samaki Jesús Humerez Oscori, sociólogo