Por Noelia Carrazana
Bogotá / La Haya – La Fiscalía General de la Nación de Colombia imputó formalmente por genocidio a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo jefe del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, por su presunta responsabilidad en un plan sistemático de exterminio contra el pueblo indígena nasa en el norte del departamento del Cauca.
La imputación, presentada ante un juez en diciembre de 2025, documenta al menos 43 asesinatos de integrantes del pueblo nasa entre 2022 y 2025, aunque las autoridades indígenas elevan la cifra a más de 50 víctimas, al incluir casos que no han logrado una atribución judicial completa. La acusación señala que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia sostenida de control territorial basada en la eliminación física, el desplazamiento forzado y la destrucción del tejido social indígena.
Según el expediente de la Fiscalía, las acciones del EMC se concentraron en municipios clave del Cauca como Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló, donde se registraron asesinatos selectivos, ataques nocturnos, emboscadas y amenazas contra comuneros, autoridades ancestrales, médicos tradicionales, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
Las investigaciones atribuyen un rol central al frente Dagoberto Ramos, una de las estructuras más violentas del EMC, señalada de ejecutar homicidios a plena luz del día, incursiones armadas en viviendas y secuestros de carácter intimidatorio contra familias completas.
Entre las víctimas se encuentran líderes reconocidos de la comunidad, jóvenes defensores del territorio, activistas ambientales y sabedores tradicionales, cuya muerte representa —según las organizaciones indígenas— un golpe directo a la supervivencia cultural del pueblo nasa, asentado en la región desde tiempos precolombinos.
Reclutamiento forzado de menores: un eje del exterminio
Uno de los aspectos más graves del caso es el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas, identificado por la Fiscalía y por la Defensoría del Pueblo como un mecanismo central del plan criminal.
En 2023, Colombia registró 184 casos de reclutamiento de menores, de los cuales 125 ocurrieron en el Cauca. En el primer semestre de 2025, de 55 menores indígenas reclutados en el país, 25 correspondieron a ese departamento, con el EMC como principal responsable. Las autoridades y líderes indígenas sostienen que la captación de menores no solo alimenta las filas armadas, sino que busca quebrar la transmisión cultural y la continuidad generacional del pueblo nasa.
“El pueblo nasa no solo está perdiendo líderes y autoridades; está perdiendo a sus hijos e hijas. Eso es una forma de exterminio”, advirtieron voceros indígenas ante organismos nacionales e internacionales.
El 9 de enero de 2026, el presidente colombiano Gustavo Petro presentó formalmente la denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), solicitando que los crímenes atribuidos a Iván Mordisco y al EMC sean investigados como crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La acción presidencial refuerza la imputación de la Fiscalía y coloca el caso en el radar de la justicia internacional, en un contexto en el que la CPI ha examinado patrones de violencia sistemática contra poblaciones civiles y pueblos indígenas en distintos escenarios de conflicto armado.
Expertos en derecho internacional consultados por medios colombianos señalan que la combinación de homicidios reiterados, desplazamientos forzados, confinamiento, persecución étnica y reclutamiento de menores podría cumplir con los elementos jurídicos exigidos para el delito de genocidio, en tanto se trataría de actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo étnico específico.
Respuesta del Estado y situación actual
Iván Mordisco es considerado el hombre más buscado de Colombia. El Gobierno mantiene una recompensa superior a los 5.000 millones de pesos por información que conduzca a su captura y ha intensificado operaciones militares en el suroccidente y la Amazonía.
Pese a estos esfuerzos, el líder del EMC continúa prófugo. En enero de 2026, un operativo militar en el Amazonas terminó con la muerte de tres integrantes de su círculo de seguridad, sin que se lograra su captura. Paralelamente, los intentos de diálogo y cese al fuego entre el Gobierno y el EMC fueron suspendidos debido a la continuidad de los ataques contra comunidades indígenas.
Un caso que trasciende a Colombia
La imputación por genocidio y la denuncia ante la CPI convierten la situación del pueblo nasa en un asunto de relevancia internacional, reabriendo el debate sobre la persistencia de la violencia armada en Colombia y la protección efectiva de los pueblos indígenas en contextos de posconflicto.
Para las comunidades nasa, el proceso judicial representa una oportunidad histórica de verdad y justicia. Para la comunidad internacional, el caso plantea una pregunta de fondo: si el sistema global de justicia será capaz de responder a tiempo frente a un exterminio étnico en curso, en uno de los países que firmó un acuerdo de paz para cerrar definitivamente décadas de guerra.
Fuente: El Espectador
