Por Noelia Carrazana
La organización ecuatoriana de derechos humanos INREDH confirmó el asesinato de Efraín Fueres, comunero indígena de Cotacachi, de 46 años, quien falleció tras recibir tres impactos de bala disparados por miembros de las Fuerzas Armadas en la comunidad de Inguintzala, parroquia de Pinsaquí, provincia de Imbabura. El hecho ocurrió alrededor de las 06:30 de la mañana de este domingo, en el marco del séptimo día del Paro Nacional.
Según testimonios e imágenes captadas con celulares, tras los disparos, militares golpearon al comunero herido y también a un joven que intentaba asistirlo. La represión dejó además varios heridos, entre ellos al menos una persona en estado crítico. INREDH calificó el hecho como un “crimen de Estado” y exigió una investigación independiente, transparente y con garantías de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, denunció en sus redes sociales: “El Nuevo Ecuador asesina a su pueblo. ¡Cuánto dolor! Condenamos el brutal ataque y exigimos acción inmediata de los organismos internacionales para precautelar la vida del pueblo levantado que hoy está siendo masacrado por un gobierno indolente”.
Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa defendió la vigencia del estado de excepción y las operaciones militares en varias provincias, argumentando que son necesarias para “preservar la estabilidad nacional” frente a lo que calificó como “acciones que desbordan la protesta pacífica y buscan la desestabilización”. Aseguró que los detenidos “tendrán que responder ante la justicia” y reiteró que su gobierno está “abierto al diálogo, pero no bajo condiciones de presión ni chantaje”.
No obstante, organismos internacionales y dirigentes sociales advierten que estas medidas se traducen en una criminalización de la protesta y en la suspensión de derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, además de restricciones a la libertad de tránsito mediante toques de queda en varias provincias. Ecuador permanece bajo sucesivos estados de excepción desde enero de 2024, bajo la causal de “grave conmoción interna”.
Ecuador movilizado
Las movilizaciones no se limitan al norte del país: ciudadanos están en las calles de Quito, Guayas, Pichincha, Cotopaxi y otras provincias desde primeras horas de la mañana, protestando contra la represión estatal. En la capital, cientos se congregaron frente a la Unidad de Flagrancia para exigir justicia por Efraín Fueres, comunero de 46 años abatido por militares en la parroquia Pinsaquí, a la altura del partidero hacia Cotacachi, este domingo en la madrugada. La población gritaba “¡Asesinos, asesinos!”, responsabilizando directamente al gobierno por la violencia ejercida contra la protesta pacífica.
Desde afuera, voces internacionales se suman. La relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, publicó: “Recibo la noticia de que @FFAAECUADOR están actuando en contextos de protesta, lo cual es contrario a los estándares internacionales del derecho a la reunión, inclusive en estados de excepción. ¡Alto al fuego contra manifestantes! Protestar es un derecho, no puede costar la vida.”
Declaraciones de Noboa: “minorías”, amenazas y discursos confrontativos
En varias intervenciones, el presidente Daniel Noboa ha tratado de minimizar el alcance de las protestas adjudicándolas a “minorías”, afirmando que solo un pequeño sector del país está movilizado, mientras que la “gran mayoría” desea retornar a su vida cotidiana sin interrupciones. Bajo esa lógica, ha dicho que el gobierno no negociará bajo presión, y que la force pública actuará “apegada a la ley” para despejar bloqueos y restaurar el orden.
Este discurso contrasta con lo que ocurrió hoy en Quito y en Imbabura: una protesta masiva, ciudadano movilizado, heridos, una muerte y denuncias de uso excesivo de la fuerza.
En una entrevista exclusiva concedida a Televistazo el viernes 26 de septiembre, el presidente Daniel Noboa defendió la eliminación del subsidio al diésel, descartó reunirse con los dirigentes de la protesta y aseguró que la amplia mayoría de la población no respalda la movilización. “El 98% de los ecuatorianos no apoyan el Paro Nacional, la gente quiere trabajar”, afirmó, y agregó que, así como los manifestantes buscan resistir, él también “resistirá”.
En paralelo a la represión, Noboa anunció nuevas reformas económicas. El pasado 26 de septiembre, desde Latacunga, el mandatario modificó mediante el decreto 161 el mecanismo de compensación a los transportistas por la eliminación del subsidio al diésel. La medida redujo de ocho a seis meses el tiempo en que los transportistas interprovinciales e intraprovinciales recibirán esos recursos, lo que desató críticas en el sector y sumó tensiones al actual conflicto social.
Durante la entrevista también abordó otros temas, como la posibilidad de una Asamblea Constituyente y el fortalecimiento de las medidas de seguridad bajo el estado de excepción. Con un tono confrontativo, reiteró que el Ejecutivo está dispuesto al diálogo “solo en condiciones de paz”, pero advirtió que quienes excedan el marco legal en las protestas podrán ser procesados por delitos graves, incluso terrorismo.
Analistas y defensores de derechos humanos consideran que estas afirmaciones forman parte de una estrategia de comunicación que busca reducir la legitimidad del paro. Según sostienen, los gobiernos de derecha en la región suelen recurrir a este tipo de relatos: aunque carezcan de sustento, al repetirse en entrevistas oficiales y masificarse en los medios, buscan instalarse como verdades incuestionables y, al mismo tiempo, deslegitimar a los sectores sociales movilizados.
En Imbabura, epicentro de las protestas, las comunidades denuncian que la represión ha alcanzado un nivel de violencia inédito. “Ni siquiera para las masacres en las cárceles o la violencia en Guayas se ha visto un operativo de esta magnitud, pero sí contra el pueblo organizado que exige sus derechos”, señalaron desde las organizaciones locales.
El país atraviesa así un escenario de protesta social masiva, represión militar y ajuste económico, en el que la muerte del comunero Efraín Fueres se convierte en un símbolo del costo humano que deja el paro nacional.
