Río Hondo, Zacapa – Guatemala – Un violento operativo de desalojo realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) en los terrenos reclamados por la Hidroeléctrica Pasabién S.A. terminó con tres personas muertas: dos campesinos de la comunidad y un agente policial.
La comunidad, con más de 300 años de residencia, acusa a las autoridades y a la empresa de actuar sin consulta previa y con uso excesivo de la fuerza.
La comunidad, que reclama más de 300 años de existencia en el territorio, fue desalojada a petición de representantes de una empresa hidroeléctrica que se disputa la propiedad de las tierras. Las familias afectadas denuncian que la acción estatal fue ilegítima y desproporcionada, y acusan a la PNC de uso excesivo de la fuerza.
De acuerdo con testimonios locales, el operativo fue ejecutado sin diálogo previo ni presencia de observadores independientes. “Vinieron a sacarnos como si fuéramos criminales. No respetaron nada, ni nuestra historia ni nuestra vida“, declaró un habitante que pidió no revelar su identidad por seguridad.
Según información oficial preliminar, dos de las personas asesinadas eran miembros de la comunidad que se resistían al desalojo. La tercera víctima fue un agente policial. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones ni han aclarado los fundamentos legales de la orden de desalojo.
Este nuevo episodio de violencia se suma a una larga historia de conflictos por tierra en Guatemala, donde megaproyectos energéticos, mineros y agroindustriales se han instalado en territorios ancestrales sin consulta previa ni consentimiento de las comunidades afectadas, en abierta violación al Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado guatemalteco.
Organizaciones sociales y de derechos humanos locales e internacionales han comenzado a manifestarse ante los hechos, exigiendo una investigación independiente e imparcial sobre el uso de la fuerza y la actuación policial. “Esto no es un enfrentamiento. Es un asesinato. Las comunidades están siendo reprimidas por defender su territorio”, expresó un representante del colectivo Justicia y Tierra.
El área continúa militarizada, y la tensión crece entre los vecinos, quienes temen nuevos actos de represión. La comunidad exige garantías para su seguridad, el retiro de la fuerza pública y el reconocimiento de sus derechos históricos sobre la tierra.
