Por Noelia Carrazana
El presidente Gustavo Petro nombró el 20 de enero de 2026 a Luis Alfredo Acosta Zapata, líder indígena del pueblo Nasa y ex coordinador nacional de la Guardia Indígena, como nuevo Ministro de Igualdad y Equidad. La decisión abrió un intenso debate en Colombia sobre si la experiencia territorial puede sustituir al mérito académico tradicional en la conducción del Estado.
El nombramiento de Luis Alfredo Acosta Zapata como ministro de Igualdad y Equidad no pasó inadvertido. En cuestión de horas, el anuncio del gobierno de Gustavo Petro encendió una controversia que desbordó las fronteras de Colombia y volvió a poner en discusión una pregunta estructural del poder político contemporáneo:
¿quiénes están legitimados para gobernar?
Acosta, líder indígena del norte del Cauca, llega al gabinete sin título universitario ni trayectoria previa en la administración pública, pero con más de 14 años de liderazgo territorial, articulación comunitaria y defensa de los pueblos originarios en uno de los territorios más atravesados por el conflicto armado.
El conflicto abierto: ¿mérito o territorio?
Las críticas no tardaron en llegar desde sectores de la oposición, algunos medios tradicionales y figuras del ámbito político-institucional.
La representante a la Cámara Katherine Miranda (Alianza Verde) fue una de las voces más duras. En declaraciones difundidas por Infobae Colombia y El Pulso del Tiempo, cuestionó la idoneidad del nuevo ministro:
“Un ministerio no se improvisa”, afirmó Miranda, al señalar que Acosta solo acredita bachillerato, sin estudios técnicos ni universitarios y sin experiencia en el sector público. Para la legisladora, “esto no es inclusión: es desprecio por el mérito y debilitamiento del Estado”.
Por otro lado, medios como Semana abordaron el nombramiento desde una perspectiva reduccionista y profundamente desconectada del contexto histórico y territorial del país. En lugar de analizar el trasfondo político de la decisión, optaron por centrar sus críticas casi exclusivamente en la ausencia de títulos académicos formales, reproduciendo una mirada elitista que desconoce, o decide ignorar, las trayectorias de liderazgo comunitario, organización social y gestión de conflictos que han sostenido históricamente a vastos sectores de la sociedad colombiana. Pero no las criticas no solo la hizo este medio, sino que innumerables influencer o medios colombianos se sumaron a esta interpelación sobre el merito de Acosta Zapata.
El argumento es claro y conocido: sin formación académica formal, no hay capacidad para administrar una institución estatal compleja ni recursos públicos millonarios.
Sin embargo, esta lógica deja fuera una pregunta incómoda para las élites políticas y tecnocráticas de la región:
¿cuántos Estados han sido mal administrados por funcionarios con currículums impecables pero sin vínculo alguno con la realidad social que gobiernan?
Más allá de la polémica, el nombramiento de Acosta marca un hito. Es la primera vez que un líder indígena ocupa un asiento en el Consejo de Ministros colombiano, un espacio históricamente reservado a élites urbanas, académicas y alejadas del territorio.
La trayectoria de Acosta se forjó fuera del Estado: en la Guardia Indígena, en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en procesos de mediación, resistencia no armada, movilización social y defensa de la vida comunitaria.
Para el gobierno de Petro, la designación responde a una convicción política: la igualdad no puede construirse solo desde escritorios ministeriales, sino incorporando a quienes han vivido la exclusión estructural del Estado.
Cuando el liderazgo popular se convierte en poder estatal
El debate colombiano no es una excepción. La historia reciente del Sur Global muestra que el mérito académico no ha sido el único camino hacia gobiernos eficaces y transformadores.
En Bolivia, Evo Morales Ayma, dirigente cocalero e indígena aymara sin formación universitaria, gobernó entre 2006 y 2019, logrando estabilidad política, reducción sostenida de la pobreza y la nacionalización de recursos estratégicos.
En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, obrero metalúrgico y sindicalista sin título universitario, condujo dos gobiernos que combinaron crecimiento económico, inclusión social y liderazgo internacional, y volvió al poder en 2023 como una de las figuras centrales de la política global.
En Uruguay, José “Pepe” Mujica, sin formación académica formal, agricultor y militante popular, gobernó con austeridad, reformas progresistas y una legitimidad social que trascendió fronteras.
La llegada de Acosta al gabinete no es un hecho aislado. Forma parte de una política más amplia del gobierno de Petro de incorporar liderazgos indígenas en espacios de decisión estatal.
Entre los nombres más destacados se encuentra Leonor Zalabata, lideresa arhuaca designada embajadora de Colombia ante la ONU, y Patricia Tobón Yagarí, mujer indígena embera que estuvo al frente de la Unidad para las Víctimas.
Estas designaciones buscan romper con siglos de exclusión política de los pueblos originarios y disputar la idea de que solo el saber académico occidental es válido para gobernar.
El principal riesgo del nombramiento no es la falta de título universitario del ministro, sino el estado del Ministerio de Igualdad, una cartera joven, con debilidades administrativas y resultados aún limitados.
Si Acosta no cuenta con equipos técnicos sólidos, respaldo político y capacidad real de gestión, el fracaso no recaerá solo sobre su figura, sino que podría ser utilizado para reforzar prejuicios históricos contra los liderazgos indígenas.
La apuesta de Petro desafía el mérito tradicional porque cuestiona quién define qué es mérito y desde dónde. Desde el Cauca hasta el Consejo de Ministros, Colombia vuelve a plantear una discusión que interpela a toda la región: si el poder seguirá siendo patrimonio exclusivo de las élites, o si también puede ser ejercido por quienes vienen de abajo.
Fuente: Infobae y Colombia As
