Por Noelia Carrazana
El gobierno de Daniel Noboa avanza con una serie de medidas que organizaciones sociales califican como la consolidación de una “dictadura minera” en Ecuador. El nuevo reglamento a la Ley de Transparencia Social, emitido por decreto, restringe severamente la participación de organizaciones sociales, ambientales y comunitarias en cualquier acción considerada como interferencia a los proyectos extractivos.
Un reglamento hecho a medida del capital minero
El texto establece que las organizaciones sin fines de lucro no podrán intervenir, directa ni indirectamente, en actividades “orientadas a obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados”. Además, prohíbe el uso de donaciones nacionales o internacionales para financiar protestas o campañas que cuestionen la minería.
En caso de incumplimiento, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá suspender la personería jurídica de las organizaciones por hasta cuatro años. “Con este reglamento, cualquier protesta pacífica o denuncia ambiental puede ser interpretada como interferencia”, denunciaron voceros del colectivo Yasunidos.
El Frente Nacional Antiminero fue más tajante: “Noboa instala una dictadura minera y obstaculiza toda actividad destinada a defender los territorios frente a la amenaza extractiva”.
Intereses empresariales y conflictos de interés
El decreto se da en un contexto donde la familia Noboa tiene vínculos directos con empresas mineras.
En el proyecto Curipamba–El Domo, ubicado en la provincia de Bolívar, participa la empresa Curimining S.A., filial de la canadiense Adventus Mining Corporation y Silvercorp Metals, en la cual el Grupo Nobis, perteneciente a la familia Noboa-Pontón, es accionista.
Estas conexiones empresariales reavivan las acusaciones de conflicto de intereses: el presidente impulsa políticas que benefician a un sector donde su familia tiene participación directa.
Alianzas y acuerdos en Canadá
En junio de 2024, Noboa viajó a Toronto, donde participó en la convención internacional PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada), el mayor encuentro mundial del sector minero. Allí presentó a Ecuador como “un país abierto a la inversión responsable” y firmó acuerdos de cooperación y promoción con empresas y fondos canadienses interesados en la explotación de oro, cobre y plata.
Según el propio gobierno, estos acuerdos buscan “mejorar la seguridad jurídica” para las inversiones mineras, lo que en la práctica implica flexibilizar normativas ambientales y sociales que las comunidades ven como únicas herramientas de defensa territorial.
Criminalización de la defensa ambiental
El nuevo reglamento también obliga a las organizaciones a denunciar cualquier actividad de minería ilegal, incluso entre sus socios, proveedores o donantes. Sin embargo, comunidades y colectivos llevan años denunciando la inacción estatal frente a la minería ilegal. “El Gobierno ahora pretende voltear la acusación, criminalizando a quienes denunciamos y defendemos los ríos”, expresó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Una tendencia regional
El avance contra las organizaciones sociales no es exclusivo de Ecuador. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele aprobó una ley que somete a las ONG a un registro controlado por el Ministerio de Gobernación y permite la disolución de aquellas que “afecten el orden público”. En Guatemala y Honduras, normas similares fueron utilizadas para silenciar a defensoras ambientales y líderes comunitarios.
En este marco regional, las denuncias en Ecuador cobran mayor relevancia. “Noboa pretende gobernar con el modelo de las corporaciones, no con el de la democracia”, advierten organizaciones de derechos humanos.
Una dictadura minera en gestación
Para los movimientos sociales, el nuevo escenario confirma la existencia de un Estado capturado por el poder extractivo. La expresión “dictadura minera” —título del libro del investigador argentino Maristella Svampa, donde analiza el dominio del modelo extractivista sobre la política latinoamericana— adquiere nueva vigencia en el caso ecuatoriano.
El decreto de Noboa no solo redefine las reglas del juego para las organizaciones sociales: reconfigura la relación entre Estado, territorio y comunidad, poniendo el aparato legal al servicio del capital minero.
“Con esta normativa, el oro vale más que el agua y la protesta se convierte en delito”, concluye el Frente Nacional Antiminero.
