Por Noelia Carrazana
Ecuador vive su cuarto día de Paro Nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y organizaciones sociales, en rechazo al fin del subsidio al diésel y a las medidas económicas impulsadas por el presidente Daniel Noboa.
El 18 de septiembre, en conferencia de prensa, la CONAIE anunció el inicio de la protesta, que comenzó el lunes 22. Desde entonces, las movilizaciones se han extendido por todo el país con un saldo de represión, detenciones masivas y un estado de excepción decretado por el Ejecutivo.
La CONAIE denunció que fuerzas policiales y militares han utilizado armas de fuego, bombas lacrimógenas y tanquetas contra comunidades movilizadas en Imbabura, Cayambe y Latacunga. En Pijal, Imbabura, efectivos ingresaron a viviendas disparando fusiles de asalto, lo que puso en riesgo la vida de niños y ancianos. Organismos de derechos humanos recibieron denuncias de allanamientos y detenciones arbitrarias.
En Quito, durante la mañana y tarde de hoy, cientos de manifestantes exigieron la liberación de los detenidos por protestar, entre ellos Ángel Lascano, Pablo Gallardo, Jordan Navarrete y Pablo Quito, quienes fueron liberados hace pocas horas. La CONAIE reclama la libertad de al menos 90 personas más apresadas en los últimos días.
- Cotacachi–Otavalo: comunidades marcharon pacíficamente por la dignidad y la unidad, rechazando la militarización y la estigmatización de los pueblos como “terroristas”.
- Cayambe: cientos de comuneros participaron en una jornada de protesta contra la reforma de la nueva ley económica del gobierno.
- Quito: artistas, autoconvocados y colectivos sociales se concentraron frente a la Unidad de Flagrancia por la libertad de los presos.
- Ibarra, Imbabura: el Pueblo Kichwa Karanki marchó por las calles bajo la consigna “Imbabura está en resistencia”, exigiendo libertad y presupuesto digno para salud, educación, seguridad y agro.
Noboa endurece el discurso
En medio del paro, Daniel Noboa viajó a Ambato y Cotopaxi, donde anunció bonos sociales, habló de una eventual Asamblea Constituyente y advirtió que a los manifestantes que bloquean calles “los espera la cárcel”.
“Antes que me quieran hacer retroceder, yo prefiero morir”, declaró el mandatario, ratificando que no dará marcha atrás en la eliminación del subsidio al diésel, que subió su precio de USD 1,80 a USD 2,80 por galón desde el 13 de septiembre. Noboa asegura que la medida permitirá financiar créditos y programas sociales, afirmando que en apenas diez días se han entregado USD 350 millones en compensaciones.
Noboa combina lo peor de Bukele y Milei:
Estado de excepción, represión y cárceles sangrientas, junto con ajustes neoliberales que encarecen transporte, alimentos y combustibles.
Las críticas contra Noboa no solo apuntan a sus medidas económicas. Diversos sectores denuncian los conflictos de interés por los negocios de la familia Noboa, uno de los grupos económicos más poderosos del país, con inversiones en banano, medios de comunicación, puertos, banca y comercio exterior. Para las organizaciones sociales, estas medidas de ajuste descargan la crisis sobre los sectores populares mientras garantizan privilegios a las élites empresariales.
Al mismo tiempo, el gobierno ha incrementado la firma de contratos petroleros en la Amazonía, lo que amenaza territorios indígenas y ecosistemas frágiles, pese a que el país se había comprometido a reducir la dependencia extractiva. Líderes amazónicos denuncian que estas concesiones responden más a la presión de grandes corporaciones y acreedores internacionales que a las necesidades del pueblo ecuatoriano.
El avance del narcotráfico también golpea al país, con ciudades costeras como Esmeraldas y Guayaquil convertidas en epicentro de disputas violentas entre bandas criminales vinculadas a carteles internacionales. Esto agrava un clima de inseguridad que se entrelaza con la crisis política y económica.
El país se encuentra bajo un estado de excepción, decretado por Noboa para enfrentar tanto las protestas como la crisis de seguridad. En ese contexto, el 24 de septiembre se registró una masacre en la cárcel de Esmeraldas, donde al menos 14 reclusos fueron asesinados, hecho que reaviva las denuncias sobre la falta de control del Estado en los centros penitenciarios y la violencia criminal que golpea a Ecuador. A esto se suma el deterioro de la vida cotidiana: el aumento del costo del transporte, los combustibles y los alimentos básicos profundiza la precariedad en los hogares, especialmente en zonas rurales e indígenas, mientras hospitales denuncian falta de insumos, escuelas funcionan con presupuestos reducidos y trabajadores sobreviven con salarios que no alcanzan frente a la inflación.
Este escenario conecta directamente con la aplicación de modelos autoritarios y neoliberales que han sido promovidos en la región por figuras como Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina. En el caso del primero, la política de encarcelamientos masivos sin debido proceso y el uso prolongado de estados de excepción se presenta como una “solución” a la inseguridad, pero reproduce violaciones de derechos humanos y fortalece un esquema punitivo que no resuelve las causas estructurales de la violencia. En el caso del segundo, la imposición de ajustes fiscales extremos, recortes sociales y liberalización económica se traduce en un empeoramiento acelerado de las condiciones de vida de los sectores populares.
En Ecuador, la combinación de ambos modelos se expresa en un gobierno que militariza las calles, endurece su discurso, criminaliza la protesta y al mismo tiempo impulsa medidas económicas neoliberales, descargando la crisis sobre los sectores más vulnerables. Así, las protestas de estos días reeditan el histórico papel del movimiento indígena, que ya en 2019 y 2022 logró revertir ajustes similares, y hoy enfrenta un escenario donde la resistencia no solo se juega frente al Decreto 126 y la represión estatal, sino también contra la consolidación de un modelo político y económico que amenaza con profundizar la desigualdad y la violencia en el país.
