La situación de derechos humanos en Ecuador ha vuelto a encender alarmas internacionales tras la publicación de un informe de Amnistía Internacional sobre desapariciones forzadas cometidas por fuerzas militares y la preocupación expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el contexto del paro nacional iniciado el 18 de septiembre.
En este nuevo informe de Amnistía Internacional revela cómo la militarización de la seguridad pública en Ecuador ha facilitado la comisión de desapariciones forzadas a manos de las Fuerzas Armadas, dejando a familias enteras en la incertidumbre y poniendo en evidencia el fracaso de las políticas de seguridad implementadas por el presidente Daniel Noboa bajo el denominado “Plan Fénix”.
El informe, titulado “Son militares, yo los vi”, documenta la desaparición forzada de 10 personas ocurridas durante cinco operativos de seguridad en 2024 en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas; y que forman parte de una creciente ola de denuncias que se multiplican en el país en un contexto de militarización sin precedentes.
“Las desapariciones forzadas se multiplican en Ecuador mientras el gobierno insiste en una estrategia militarizada que no solo no ha reducido los delitos, sino que ha aumentado las violaciones de derechos humanos. El presidente Noboa debe revertir urgentemente este enfoque y garantizar que las Fuerzas Armadas colaboren plenamente con las investigaciones”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Piquer explicó que: «En todos los casos se cometieron los elementos constitutivos de una desaparición forzada, y las familias enfrentan barreras brutales para encontrar a sus seres queridos y acceder a justicia. La lentitud de las investigaciones, la negativa de información y la falta de cooperación de las fuerzas armadas impiden avanzar en la investigación.»
El informe revela que existe un probable subregistro de casos. Aunque la fiscalía ecuatoriana registra 43 denuncias, Ana señala que “la desconfianza de la ciudadanía en el sistema judicial y la dificultad de algunas familias para presentar denuncias formales hacen muy probable que haya más víctimas”.
En los casos documentados, la participación de militares está corroborada por evidencia videográfica y fotográfica que fue analizada y verificada por un equipo especializado de Amnistía Internacional. Como indicó Piquer:
«En la mayor parte de los casos hay evidencia videográfica o fotográfica que confirma la participación de militares en la detención. Además, persiste la falta de cooperación de las fuerzas armadas para colaborar en las investigaciones y seguir negando información sobre la suerte o paradero de las personas desaparecidas.»
Militarización de la seguridad y violaciones de derechos humanos
El informe cuestiona la estrategia de seguridad militarizada en Ecuador, conocida como Plan Fénix, vigente bajo estados de excepción continuos. Según la investigadora, “la militarización de la seguridad pública está generando un contexto que facilita la comisión de violaciones de derechos humanos y que estas queden en impunidad. La participación de los militares en seguridad pública no cuenta con controles mínimos ni rendición de cuentas”.
El caso de los cuatro niños de las Malvinas ejemplifica la gravedad de la situación: los menores fueron detenidos, torturados y asesinados, y sus familias fueron objeto de campañas de desprestigio promovidas por autoridades gubernamentales. La representante de Amnistía comentó: «Ahí se dio todos los elementos de una desaparición forzada y luego se sumó la estigmatización para las víctimas y sus familias, algo que vemos reiteradamente en Ecuador y en otros países de América Latina.»
Paro nacional y represión de la protesta social
El contexto actual del paro nacional, iniciado por la eliminación del subsidio al diésel, ha generado un aumento de la preocupación por derechos humanos. Según Ana: «Lo que estamos viendo es una forma de reprimir y acallar voces críticas al gobierno sin respeto a los derechos humanos. Hay denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza por parte de militares y policías, cierre de medios comunitarios y hostigamiento a organizaciones que ejercen su derecho constitucional a la resistencia.»
Amnistía Internacional y la CIDH han destacado que el derecho a la protesta pacífica está protegido por instrumentos internacionales, incluyendo el derecho a la reunión, la libertad de expresión y el derecho a la asociación. Ana subraya:
«Estas acciones buscan acallar a las voces críticas y continúan con una tendencia preocupante del gobierno ecuatoriano de no aceptar voces que cuestionen sus políticas.»
Recomendaciones a las autoridades
El informe plantea tres grandes recomendaciones:
- Revisar la estrategia de seguridad y garantizar que los derechos humanos sean un eje central.
- Asegurar investigaciones rápidas, efectivas, independientes e imparciales, incluyendo la participación y protección de las familias de las víctimas.
- Garantizar la cooperación de las fuerzas armadas para evitar la impunidad y esclarecer los casos de desaparición forzada.
Ante esta situación Piquer concluye que: «Sin medidas urgentes, estas prácticas podrían continuar en Ecuador, afectando tanto la seguridad de la población como la confianza en las instituciones. Es imprescindible que la estrategia de seguridad respete los derechos humanos y que las autoridades cumplan con su obligación de investigar y rendir cuentas.»
El informe se puede consultar en la web de Amnistía Internacional y los comunicados de la CIDH sobre la situación en Ecuador están disponibles en su sitio oficial.
