Por Claudia Castro Tirina y Noelia Carrazana
El 23 de septiembre de 2025 la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), a través de la Coordinación Zonal 3, emitió una resolución en la que ordenó la suspensión por 15 días, de las transmisiones del canal comunitario TV MICC (canal 47 UHF), del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) que opera en Latacunga, Salcedo, Ambato, Cevallos, Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro y Tisaleo.
Según el organismo estatal, la decisión se ampara en el informe STIE-DC-BIC-004 del 22 de septiembre de 2025, calificado como secreto. En el documento señalan “aspectos que perjudican a la seguridad nacional, en virtud de transmisiones emitidas por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi MICC”, por lo que ARCOTEL dispuso: “Con el fin de precautelar el orden público y la seguridad nacional, en virtud del informe (…) es procedente emitir las medidas provisionales de protección consagradas en el Art. 180 del Código Orgánico Administrativo, y en este caso concreto la suspensión de la actividad, es decir la suspensión de emisiones del canal 47 UHF”.
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció el hecho e indicó que “es un acto de censura en pleno #ParoNacionalEcuador, contra un medio que informa y visibiliza la verdad frente a la represión”.
“La Constitución, el Convenio 169 de la OIT y las United Nations #ONU reconocen el derecho de los pueblos a tener sus propios medios sin censura. #DanielNoboa busca silenciar voces y consolidar un patrón de persecución contra el movimiento indígena y social”, remarcaron desde la CONAIE.
En este marco, el MICC en un comunicado difundido en sus redes sociales, sostuvo que “esta es una decisión arbitraria y un acto de censura directa”, por lo que exigieron la inmediata restitución de la señal de TV MICC, el cese de las prácticas autoritarias de censura y el respeto irrestricto a la libertad de expresión y al derecho de las comunidades a comunicar su realidad. “Denunciamos que esta suspensión constituye un intento de criminalizar y silenciar la voz del movimiento indígena en Cotopaxi y en todo el país”, indicaron en el comunicado.
Por su parte, Leónidas Iza, ex presidente de la CONAIE indicó en su red social que es “un claro atentado contra la libertad de expresión y un nuevo acto de abuso y autoritarismo que se suma a la larga lista de vulneraciones de derechos cometidos por el gobierno ecuatoriano en el contexto del #ParoNacional”, y agregó que es una “evidente motivación política para disuadir la movilización popular e invisibilizar el descontento social, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones ARCOTEL camufla las verdaderas intenciones de este golpe al derecho a la comunicación comunitaria mediante documento”, cerró.
¿Qué dice el Informe de La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos?
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos documentó en apenas los dos primeros días 52 reportes de vulneraciones de derechos, entre ellos 41 personas heridas y al menos 50 detenciones, todas atribuidas a la acción de la fuerza pública.
Los derechos más vulnerados, según el informe, son el derecho a la protesta, la integridad personal, la libertad de expresión y la libertad individual. El colectivo responsabiliza en un 75% a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por los abusos, que incluyen golpes, uso excesivo de la fuerza y detenciones sin debido proceso.
Entre los casos registrados está el de Gina Cahuasqui, acusada de terrorismo por llevar agua y alimentos a manifestantes en Otavalo, pese a que no existían pruebas de actos violentos en su contra. Su detención y posterior liberación se convirtieron en un símbolo de lo que organizaciones sociales denuncian como criminalización de la protesta.
En Quito, familiares y colectivos se concentraron frente a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía exigiendo la liberación de los jóvenes detenidos. Con gritos de “Libertad, libertad, a los presos por luchar”, rechazaron lo que consideran un intento del gobierno por instalar el discurso del “enemigo interno” para justificar la represión.
En un acto público en Otavalo, mientras comunidades le gritaban “Fuera Noboa, fuera”, el presidente elevó el tono de su discurso: “Ecuador no retrocede ante terroristas que se esconden detrás de la comunidad para servirse a sí mismos”, afirmó Noboa, acusando a los manifestantes de ser parte de mafias criminales.
Para la Conaie, entidad que convocó al paro nacional, este tipo de acusaciones solo muestran “debilidad y miedo frente a la fuerza de la resistencia legítima”.
Así, en el marco del estado de excepción, Ecuador atraviesa un momento crítico en el que la protesta social se enfrenta a la militarización y la censura, mientras el gobierno endurece su discurso y mantiene la criminalización contra líderes y comunidades indígenas que se movilizan contra la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas neoliberales.
