Por Nicole Morales
En el día 26 del Paro Nacional en Ecuador hacemos un recuento de estas cuatro semanas de movilizaciones en todo el país en rechazo a las políticas impuestas por el Presidente Daniel Noboa, como la eliminación del subsidio al diésel. Represión policial y militar, violaciones a derechos humanos, silencio estatal frente a los abusos de las fuerzas del orden, son una muestra del panorama general que marcan la jornada más larga que ha vivido el país con niveles de represión que no se vieron antes en los estallidos sociales de 2019 y 2022.
En el contexto del Paro Nacional, el 15 de octubre, Ecuador amaneció con la noticia del fallecimiento del comunero Kichwa de 30 años José Alberto Guamán, padre y agricultor. Un video que circula en redes sociales, muestra a José agarrando su pecho herido mientras cae al piso y sus compañeros lo socorren. Lo atendieron en una clínica cercana y luego fue traído al Hospital Eugenio Espejo de Quito donde falleció. Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), “fue herido de muerte por un disparo en el pecho por las Fuerzas Armadas en Otavalo, durante la violenta represión ordenada por el Gobierno Nacional”.
No fue la única víctima. Rosa Elena Paguí, mujer Kichwa de 61 años y madre, falleció a causa de un “paro cardiorrespiratorio provocado por la inhalación de gases lacrimógenos”, indica un comunicado de la CONAIE. Ambas muertes ocurrieron luego de que el Ejecutivo envió lo que denominan un “convoy humanitario” hacia Imbabura y los territorios en resistencia y durante el 14 y 15 de octubre se vió un despliegue de bombas lacrimógenas y agresiones físicas a manifestantes por parte de las fuerzas del orden, según se visibiliza en videos difundidos en redes sociales.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) emitió un comunicado preliminar que afirma que “se reportan al menos 10 personas heridas de gravedad, una de ellas por impacto de armas letales. Testimonios y reportes desde el lugar señalan que la fuerza pública está disparando directamente a los cuerpos, incluyendo rostro, cabeza y pecho”.
Tres muertes se suman en este Paro Nacional, al contar también al comunero Kichwa de Cuicocha, Efraín Fuerez, padre y esposo. En un video se capta el momento cuando varias personas lo llevan cargando herido mientras corren de los militares. En las imágenes se ve a Luis Fueres, uno de sus compañeros que se queda en el suelo junto a Efraín. De una tanqueta bajaron militares a golpearlo para que abandone el cuerpo y él no lo deja. El Gobierno aún no hace un pronunciamiento oficial sobre este hecho que ya se investiga en Fiscalía, pero según la CONAIE, Efraín fue “acribillado en la madrugada del 28 de septiembre con impactos de bala de las Fuerzas Armadas en la Panamericana Norte”.
367 reportes de vulneraciones a derechos humanos, 295 personas heridas, 205 detenciones documentadas y 15 personas desaparecidas temporalmente es el reporte del Paro Nacional recopilado por la Alianza por los Derechos Humanos hasta las 20:00 del 16 de octubre de 2025. Pero estos no son los únicos eventos registrados durante este estallido social. Cortes de luz en Imbabura, ingreso de las fuerzas del orden a comunidades indígenas y domicilios, suspensión del medio comunitario TV MICC, agresiones a periodistas, detenciones arbitrarias como los 5 de Cañar, los 9 comuneros del pueblo Waranka, los 13 de Otavalo procesados por terrorismo y “trasladados arbitrariamente a cárceles de Esmeraldas y Portoviejo” según la CONAIE, son algunas de las vulneraciones encontradas por organizaciones de derechos humanos.
El accionar del Estado
El Presidente Daniel Noboa anunció el retiro del subsidio al diésel el 12 de septiembre de 2025 y planteó 18 medidas de compensación para transportistas, bonos y ayudas sociales. El precio del combustible pasó de US$ 1.80 a US$ 2.80 por galón. La medida contempla que el valor se mantendrá fijo hasta diciembre de 2025, luego el precio fluctuará en función de los costos internacionales, ya que será regulado por un sistema de bandas similar al que opera la gasolina Extra y Ecopaís. Global Petrol Prices reporta que el precio internacional promedio del diésel alcanza los US$ 4.10 por galón.
Esta decisión forma parte de las exigencias del Fondo Monetario internacional (FMI), luego de que Daniel Noboa firmó, en mayo de 2024, un nuevo acuerdo de US$ 4.000 millones con dicha entidad. En las condiciones del acuerdo estaban una mayor recaudación fiscal, la eliminación del subsidio a los combustibles, la reducción del gasto público y la elevación de impuestos como el IVA.
El diésel es el combustible que utilizan camiones que transportan alimentos y mercadería, también lo usan en el transporte público. Según un estudio realizado por el Observatorio del trabajo y el pensamiento crítico de la Universidad Central del Ecuador, “las familias ecuatorianas necesitarán US$ 103 adicionales en sus ingresos mensuales para compensar lo perdido por el incremento del precio del diésel”. Datos del INEC muestran que la canasta básica hasta agosto de 2025 alcanzaba los US$ 813,88 mensuales. Con la eliminación del subsidio, el Observatorio del trabajo y el pensamiento crítico estima que este valor llegará a US$ 916,76 al mes. Mientras el sueldo básico en Ecuador está en US$ 470 y el Ministerio del Trabajo proyectó un incremento de US$ 16 en el salario básico unificado para el año 2026.
Varias organizaciones sociales y la CONAIE se pronunciaron rechazando la eliminación de este subsidio. “Responden a los intereses de las élites económicas y de organismos financieros internacionales, sacrificando al pueblo y violando el derecho a una vida digna. Reafirmamos que el movimiento indígena y social sostendrá la resistencia amparada en el derecho constitucional”, indicó la CONAIE en un comunicado el 18 de septiembre de 2025.
y se declaró el Paro Nacional indefinido desde el 22 de septiembre.
Días antes del inicio del paro, el Gobierno decretó un estado de excepción y toque de queda en varias provincias del país el 16 de septiembre, lo que militarizó las calles. A pesar de que la Corte Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo 146 y solo reafirmó el estado de excepción en Imbabura y Carchi, el Presidente emitió un nuevo decreto 174 el 04 de octubre, que aplicó el estado de excepción por 60 días en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
Además, la CONAIE denunció que se bloquearon las cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones regionales y locales. De igual manera, organizaciones sociales expresaron su rechazo por el bloqueo de cuentas bancarias colectivas y personales de varios líderes sociales, indígenas, defensores del agua, abogados, ambientalistas. Según denuncian, los bancos les respondieron que “fue orden estatal ”. Detrás de esta acción está un artículo de la Ley de Fundaciones enviada por el Ejecutivo a la Asamblea que establece una “medida cautelar administrativa excepcional de inmovilización de fondos”, para el control de lavados de activos y dinero ilícito.
Cuando las personas salieron a las calles y se dieron los primeros bloqueos en carreteras, el despliegue militar y policial reprimió las manifestaciones sociales en varios sectores y dejó a cientos de detenidos. Para Vivian Idrovo, abogada feminista y miembro de la Alianza por los Derechos Humanos, el accionar de las fuerzas del orden revela un patrón en las detenciones y lo ejemplifica. “El 22 de septiembre detienen a Gina Cahuasquí en Otavalo luego de que intenta poner un poco de freno a la agresión brutal de la Policía y estos la desaparecen junto con 20 personas, entre ellos menores de edad. Luego aparecen para ser procesados en un juicio. Pero durante varias horas la familia no sabía dónde estaban, no les permitieron contactarse con un abogado de confianza, y cuando aparecen, dicen que fueron golpeados, pero en los exámenes médicos no consta esto”, explica la abogada.
En medio de este contexto, con el Decreto Ejecutivo 155, publicado la madrugada del miércoles 24 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa envía la propuesta de una Asamblea Constituyente. El Consejo Nacional Electoral (CNE) unificó este proceso con el llamado a una consulta popular previamente enviado por el Ejecutivo para llevar a cabo la consulta popular y el referendo el 16 de noviembre de 2025. Las preguntas de la consulta popular contemplan temas sobre la eliminación de la prohibición de establecer bases militares extranjeras y sobre la eliminación de la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas. A esto se añade la pregunta de la realización de una Asamblea Constituyente.
Al sumar siete días de movilizaciones, el oficialismo envió a los territorios en resistencia lo que denominó como “convoys humanitarios para abastecer a las comunidades en resistencia con víveres, colchones, gas, medicina y otros insumos esenciales”. Sin embargo, Idrovo habla de un “convoy del terror” por la represión que ejerció la presencia militar y policial a su paso al recabar información de personas que vivieron el paso de vehículos militares. “La gente tenía terror. Las madres de familia de varias comunidades me contaban llorando como agarraron sus guaguas, niñas y niños chiquitos, y fueron con mochilas a buscar donde dormir en esa noche de terror y me contaban que pasaron la noche en quebradas y bosques”, afirma.
En el contexto de la llegada de estos “convoys humanitarios” falleció Efraín Fuérez, el 28 de septiembre de 2025. Luego de esto, 17 militares fueron retenidos por las comunidades de Cotacachi y tras una Asamblea de Justicia Indígena, fueron entregados a la Cruz Roja. Martha Tuquerres, presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), en una rueda de prensa afirmó: “Las comunidades respetamos los derechos humanos incluso con quienes participaron en la represión en nuestra contra”.
Posteriormente, uno de los acontecimientos que tuvo más eco a nivel internacional ocurrió cuando la caravana presidencial se dirigió a Cañar, a pesar de que el Alcalde del cantón Cañar, Segundo Yugsi, advirtió con anticipación sobre posibles concentraciones de comuneros. El 7 de octubre de 2025, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, declaró a la prensa que “el automóvil en el que se transportaba al primer mandatario fue rodeado por un grupo de unas 500 personas, de las cuales algunas lanzaban piedras mientras se movía en caravana hacia el municipio de El Tambo, en la provincia de Cañar”.
Manzano denunció la presunta tentativa de asesinato contra el presidente Daniel Noboa y habló de impactos de bala, aunque el parte policial no lo ratifica, pues solo consta: “los manifestantes lanzaban piedras con una actitud violenta”. De hecho, en la audiencia de flagrancia realizada el 8 de octubre de 2025, a las 10:30, en Azogues, el informe policial presentado sobre los cinco detenidos, por presunto intento de asesinato al Presidente, no muestra indicios balísticos. Por eso, los detenidos en Cañar, fueron procesados por ataque y resistencia y no por tentativa de asesinato.
Los hechos más recientes ocurrieron luego de que un “convoy humanitario” partió el martes 14 de octubre de 2025 hacia Imbabura y territorios en resistencia con resguardo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Organizaciones de derechos humanos como Inredh denunciaron el uso de armas letales en contra de manifestantes. El saldo de esta intervención fueron dos personas fallecidas y cientos de heridos.
La Alianza por los Derechos Humanos realizó un escrito que señaló que “la propia Cruz Roja ha desmentido ser parte de este ‘convoy‘” y recordó que “ante el primer ingreso de un convoy de estas características, la Alianza presentó una medida cautelar urgente ante la justicia de Imbabura, la cual no ha sido tramitada, lo que confirma la falta de garantías institucionales y el deterioro del Estado de derecho en el país”.
La punta del iceberg
La eliminación del subsidio al diésel como parte de las recomendaciones del FMI fue el detonante que inició movilizaciones anteriores en octubre de 2019, junio de 2022 y ahora en septiembre y octubre de 2025. Sin embargo, esta no es la única razón por la que las personas salen a las calles a protestar en esta ocasión.
Esta no es la primera vez que el Gobierno de Ecuador acata las condiciones del FMI. El 1 de abril de 2024, Daniel Noboa aumentó el IVA del 12 % al 15 % bajo la justificación de financiar operaciones de seguridad y las fuerzas armadas en su lucha contra el crimen organizado. No obstante, en el primer semestre del 2025, el Ministerio del Interior de Ecuador registró una escalada de violencia con 4.619 homicidios, un aumento del 47 % respecto a 2024, convirtiéndose en el semestre más violento de la historia del país. Con un promedio de más de 25 asesinatos diarios, Ecuador se posiciona como el país más violento de Sudamérica.
En julio de 2025, como consecuencia del nuevo acuerdo con el FMI que ascendió la deuda de 4.000 millones a 5.000 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Daniel Noboa decidió reducir el aparato estatal de 29 a 17 ministerios, lo que representa una disminución de 41 %. El proyecto implicó la desvinculación de aproximadamente 5.000 servidores públicos.
Los compromisos pendientes con el FMI actualmente contemplan racionalizar los gastos tributarios, marco fiscal minero, liquidar obligaciones de salud al IESS, auditorías a PETROECUADOR, CELEC Y CNEL y devolver OCP a operadores privados.
Por otra parte, desde el inicio del mandato de Daniel Noboa y luego de que declarara el conflicto armado interno en el país, Amnistía Internacional registró 43 casos de desaparición forzada en operaciones militares. Siete de estas personas son menores de edad.
El caso que tuvo mayor cobertura fue el de los cuatro de las Malvinas. En Guayaquil, cuatro menores fueron detenidos en este barrio. Tras ser subidos a un vehículo militar, desaparecieron. Hasta el día de hoy no hay una respuesta por parte del Estado y el caso sigue sin justicia para las familias de Josué Dider Arroyo Bustos de 14 años, Ismael Eduardo Arroyo Bustos de 15 años, Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero de 15 años y Steven Gerald Medina Lajones de 11 años.
Entre otros motivos, Ecuador atraviesa una crisis de salud pública, crisis educativa y de empleo. El Ministerio de Salud Pública, a través de informes técnicos y proforma presupuestaria, confirma un déficit de hasta 6.000 médicos, falta de insumos y medicamentos, elevados registros de muertes neonatales para enero-agosto de 2025. Por su parte, el Ministerio de Educación reporta una matrícula escolar en descenso, con más de 400.000 niños fuera del sistema educativo en el inicio de año lectivo 2025-2026. Datos de junio de 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de desempleo en Ecuador alcanzó el 3,5 % en junio de 2025 y solo el 35,9 % de la población económicamente activa cuenta con empleo adecuado, mientras que el subempleo afecta al 21 % de los trabajadores y la informalidad supera el 52 %, lo que refleja una persistente precarización laboral en el país.
Finalmente, en marzo de 2025, la deuda con el SRI de la Exportadora Bananera Noboa S.A., empresa perteneciente a la familia del Presidente, era de aproximadamente US$ 98 millones. Para finales de septiembre de 2025, la deuda se había reducido oficialmente a US$ 3,5 millones y, según el portal del SRI, al cierre de septiembre la empresa dejó de figurar como gran deudora tributaria.
Esta condonación se relaciona directamente con la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, propuesta y aprobada bajo la presidencia de Noboa, que otorgó facilidades extraordinarias y perdón de intereses, multas y recargos a grandes contribuyentes que paguen el capital adeudado en un plazo determinado. Posteriormente, la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucionales dos leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa en 2025: la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública, ambas presentadas con carácter de “urgencia económica”.
Posibles soluciones
El 15 de octubre, el ministro del Interior John Reimberg anunció el levantamiento del paro luego del diálogo con representantes de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte de Ecuador (FICI) y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC). Sin embargo, el 16 de octubre, el Consejo de Gobierno de la CONAIE y sus regionales emitieron un comunicado en el que aclararon que no fueron convocados a estas mesas de diálogo.
En el mismo comunicado se informó que se mantienen vigentes las resoluciones del consejo ampliado del 14 de octubre, cuando se decidió “reorganizar la resistencia en todo el país y asumir como objetivo común la campaña por el NO en la Consulta Popular y Referéndum”. Asimismo, emitieron una publicación que dice: “denunciamos esta campaña de desinformación malintencionada que busca confundir al país y debilitar la lucha del movimiento indígena”.
Fuente: Huellas del Sur
