Desde la llegada al poder de Daniel Noboa, la relación entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad ha experimentado un giro acelerado y profundo, marcado por la urgencia de enfrentar una crisis de violencia sin precedentes, pero también por una creciente polémica en torno a la soberanía, la transparencia de los acuerdos y el impacto de las operaciones militares en el territorio.
El punto de partida de esta nueva etapa puede ubicarse en el contexto del fuerte deterioro de la seguridad interna. Ecuador, que durante años fue considerado uno de los países más estables de la región, se transformó en un enclave estratégico del narcotráfico internacional, atravesado por rutas que conectan la producción de cocaína de Colombia y Perú con los mercados globales. En ese escenario, Noboa declaró en enero de 2024 un “conflicto armado interno” contra las organizaciones criminales, a las que calificó como grupos terroristas, y abrió la puerta a una cooperación más estrecha con Washington.
Sin embargo, el andamiaje de esa alianza comenzó a construirse antes. En septiembre de 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, se firmaron acuerdos de cooperación con Estados Unidos que incluían operaciones conjuntas contra el narcotráfico especialmente en el ámbito marítimo y el establecimiento de un marco legal para la presencia de personal estadounidense en territorio ecuatoriano. Ya bajo la presidencia de Noboa, esos acuerdos fueron ratificados en febrero de 2024, luego de que la Corte Constitucional determinara que no requerían aprobación legislativa.
Los términos de estos convenios encendieron rápidamente el debate público. Entre otros puntos, contemplan inmunidades jurídicas para el personal estadounidense, similares a las diplomáticas, la jurisdicción de Estados Unidos sobre sus propios efectivos, exenciones impositivas y libertad de movimiento para tropas, aeronaves y embarcaciones. Para el gobierno, se trata de herramientas indispensables para enfrentar redes criminales transnacionales cada vez más sofisticadas; para sus críticos, implican una cesión de soberanía y una reedición de esquemas históricamente cuestionados en América Latina.
La historia reciente alimenta esas tensiones. Entre 1999 y 2009, durante el gobierno de Jamil Mahuad, Estados Unidos operó en la base de Manta a través de un Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL) destinado al monitoreo aéreo antidrogas. Esa presencia fue cancelada una década después por Rafael Correa, quien convirtió la salida de las tropas estadounidenses en un emblema de soberanía nacional. El retorno de la cooperación militar bajo Noboa, aunque con nuevas modalidades, reactivó inevitablemente ese debate.
En ese marco, la visita reciente de Kristi Noem a Ecuador, donde recorrió junto al presidente instalaciones en Manta y Salinas, fue leída como una señal política fuerte. Oficialmente, el objetivo fue evaluar “capacidades” y avanzar en mecanismos de coordinación en seguridad, migración e inteligencia. No obstante, declaraciones de voceros del gobierno ecuatoriano sobre la posible “colocación de bases” generaron confusión y críticas, especialmente porque el tema estaba y sigue estando sujeto a la voluntad popular.
El plebiscito convocado para definir la eventual instalación de bases militares extranjeras se convirtió así en un punto de inflexión. En un contexto de alta polarización, una parte significativa de la ciudadanía expresó su rechazo a habilitar bases en el país, evidenciando que, aun frente al avance del crimen organizado, existe un límite social respecto a la presencia militar extranjera permanente. El resultado reflejó una tensión de fondo: la necesidad de seguridad convive con una memoria histórica marcada por la defensa de la soberanía.
Mientras tanto, el gobierno ha intentado matizar el alcance de los acuerdos, sugiriendo que no necesariamente se trata de bases militares en el sentido clásico, sino de “oficinas”, “sitios de coordinación” o espacios operativos vinculados al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Estas estructuras, orientadas al control migratorio, el intercambio de datos biométricos y la inteligencia, podrían instalarse sin requerir el mismo marco legal que una base militar tradicional, lo que añade un nuevo nivel de ambigüedad al debate.
A esta compleja trama se sumó en marzo de 2026 una controversia que escaló a nivel internacional. Una investigación de The New York Times puso en duda un operativo presentado por Ecuador y Estados Unidos como un golpe exitoso contra el narcotráfico en la Amazonía. Según la versión oficial, se había bombardeado un campamento de entrenamiento de una organización criminal. Sin embargo, testimonios de habitantes de la zona, trabajadores y el propio propietario del lugar indicaron que el objetivo era en realidad una finca lechera sin vínculos con actividades ilícitas.
Los relatos recogidos describen una secuencia de hechos que incluye la llegada de militares ecuatorianos, la detención e interrogatorio de trabajadores, el incendio de instalaciones y un posterior bombardeo que habría sido utilizado para construir la narrativa oficial. Aunque autoridades estadounidenses afirmaron haber brindado apoyo, también señalaron que no participaron directamente en el ataque. El episodio abrió interrogantes sobre el uso de la información de inteligencia, la veracidad de los operativos y los posibles abusos contra población civil en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
En este escenario, la relación entre Ecuador y Estados Unidos aparece atravesada por múltiples dimensiones. Por un lado, una cooperación que se profundiza frente a una amenaza real y creciente; por otro, cuestionamientos sobre su transparencia y sus consecuencias. La referencia al Plan Colombia, frecuentemente citada por analistas, resume en buena medida esa ambivalencia: un modelo que fortaleció capacidades estatales, pero que también dejó un legado de militarización y violaciones a los derechos humanos.
Así, Ecuador transita un momento decisivo. La estrategia de seguridad impulsada por Noboa busca respuestas rápidas a una crisis profunda, pero enfrenta resistencias sociales, dudas institucionales y episodios que erosionan su legitimidad. Entre la presión del narcotráfico y el peso de su historia, el país debate hasta dónde está dispuesto a llegar en su alianza con Estados Unidos y qué costos está dispuesto a asumir en nombre de la seguridad.
