Integrantes de la comunidad mapuche Retamal cumplen este jueves el tercer día consecutivo de protesta frente a la Municipalidad de Cipolletti, donde permanecen encadenados en reclamo por la devolución de animales secuestrados durante un operativo judicial realizado en diciembre de 2025 en su territorio comunitario, ubicado en la zona de Isla Jordán.
La medida se sostiene ante la falta de respuestas formales por parte del municipio, luego de reuniones breves con autoridades locales que, según informó la comunidad, no derivaron en soluciones concretas. Los manifestantes exigen además que el municipio retire la denuncia por “usurpación colectiva”, que dio origen al procedimiento judicial.
El 11 de diciembre de 2025, un operativo encabezado por la Fiscalía de Cipolletti se desarrolló en el territorio de la Lof Retamal tras una denuncia presentada por el intendente Rodrigo Buteler. Según la información difundida por la comunidad y organizaciones mapuche-tehuelche, el procedimiento incluyó la participación de más de 200 efectivos policiales, junto con distintos organismos provinciales.
Como resultado del operativo, fueron secuestrados 72 chivas, cuatro caballos, un potrillo y un burro, animales que forman parte de la actividad productiva y de subsistencia de la comunidad. Actualmente, los animales se encuentran bajo custodia en el predio de la Sociedad Rural de General Roca.
En declaraciones al medio local LM Cipolletti, Maitén, werken (portavoz) de la comunidad mapuche Retamal, explicó los motivos de la protesta que la comunidad sostiene frente a la Municipalidad de Cipolletti y precisó el alcance concreto del reclamo. Según indicó, la exigencia central es obtener una respuesta institucional y lograr la restitución de los animales secuestrados durante el operativo judicial realizado en diciembre pasado.
Asimismo, Maitén manifestó su preocupación por el estado actual de los animales, al señalar que las condiciones en las que se encontraban al momento del secuestro eran adecuadas. “Cuando los teníamos estaban en muy buenas condiciones. Ahora creemos que les agarró sarna. Las chivas están peladas, en muy mal estado. No nos dan respuesta desde hace más de un mes”, expresó en diálogo con LM Cipolletti.
En ese sentido, la werken subrayó que los animales cumplen un rol central en la vida cotidiana y económica de la comunidad, y que su ausencia tiene un impacto directo en las familias. “Los animales son el sustento. Hay lamngen que vivían de sus chivas y otros que trabajaban con sus caballos”, afirmó. Finalmente, agregó que entre los animales secuestrados se encuentra un potrillo perteneciente a su hijo de dos años: “Él pregunta todo el tiempo por su caballo”.
La comunidad señaló que el procedimiento se realizó sin notificación previa fehaciente y cuestionó la ausencia del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CoDeCI), organismo provincial competente en materia de tierras indígenas. Asimismo, indicaron que hasta el momento no han tenido acceso al texto completo de la denuncia municipal, lo que, según manifestaron, dificulta el ejercicio del derecho a defensa.
Tras una primera jornada de protesta iniciada frente al edificio municipal, la medida se intensificó con el encadenamiento de integrantes de la comunidad, quienes permanecen en el lugar de manera continua, a pesar de las bajas temperaturas registradas durante las noches en la región.
Durante el segundo y tercer día de protesta, representantes de la Lof Retamal, junto a referentes del CoDeCI, de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro – Zona Valle, reiteraron que la protesta continuará hasta que se concrete la devolución de los animales.
Según lo expresado públicamente, la comunidad también solicita que la Secretaría de Ganadería de la provincia de Río Negro deje sin efecto cualquier disposición administrativa que habilite la transferencia o donación de los animales a terceros. En este sentido, sostienen que los animales secuestrados se encuentran en condiciones inadecuadas, lo que afecta tanto a la comunidad como al bienestar animal.
Marco legal del secuestro de animales a la comunidad mapuche Retamal en Argentina
Desde el ámbito judicial, el procedimiento no fue presentado como una sanción, sino como una medida cautelar adoptada en el marco de una investigación penal y administrativa. Según la información difundida por autoridades municipales y provinciales, la intervención se apoyó en dos fundamentos principales. Por un lado, una denuncia penal por “usurpación colectiva” presentada por el intendente de Cipolletti, que habilitó al fiscal interviniente a ordenar diligencias en el territorio comunitario. En ese contexto, el secuestro de los animales habría sido dispuesto como parte de una constatación de bienes vinculados al hecho investigado o como resguardo de prueba.
Por otro lado, la Secretaría de Ganadería de la provincia de Río Negro habría encuadrado el caso dentro de una infracción administrativa, vinculada a presuntas irregularidades en la documentación de marca y señal del ganado. De acuerdo con la normativa ganadera vigente, este tipo de infracciones puede dar lugar a la retención preventiva de animales mientras se sustancia el trámite administrativo correspondiente.
Sin embargo, especialistas y organizaciones indígenas señalan que, aun cuando estas herramientas existen dentro del derecho penal y administrativo, la legalidad concreta del procedimiento se encuentra en discusión. En primer lugar, porque el operativo derivó en el secuestro de la totalidad de los animales productivos de la comunidad, una medida que resulta desproporcionada en relación con el objetivo declarado y que afecta de manera directa la subsistencia de las familias involucradas. A ello se suma que la comunidad afirma no haber recibido una notificación fehaciente previa al allanamiento, lo que compromete las garantías del debido proceso.
Asimismo, se cuestiona la ausencia del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CoDeCI), organismo provincial con competencia específica en asuntos vinculados a pueblos originarios y tierras indígenas. Según lo manifestado por la comunidad, tampoco se les habría garantizado el acceso completo al contenido de la denuncia municipal, lo que limita el ejercicio pleno del derecho a defensa. En este marco, el destino posterior de los animales —con la posibilidad de ser donados a una entidad privada— es señalado como un punto crítico, ya que podría exceder el carácter cautelar de la medida y configurar una acción de tipo confiscatorio, prohibida por la Constitución argentina.
El análisis del caso se vincula directamente con el marco normativo nacional e internacional que protege a los pueblos indígenas, como el articulo 75 de la Constitución Nacional o el Convenio 169 de la OIT. En este contexto, el caso de la comunidad mapuche Retamal pone de relieve que, si bien la Justicia cuenta con facultades para disponer medidas cautelares sobre bienes, esas atribuciones no son absolutas. No pueden ejercerse desconociendo derechos indígenas de jerarquía constitucional, ni disponer de los bienes como si se tratara de propiedad estatal o privada común, ni afectar de manera directa la subsistencia de una comunidad reconocida, ni excluir a los organismos específicos creados para intervenir en este tipo de conflictos.
A este reclamo se suma también una dimensión vinculada al bienestar animal. Especialistas en producción ganadera y normativa vigente señalan que el traslado forzado, la separación de su entorno habitual y la permanencia prolongada en espacios ajenos pueden generar estrés, deterioro sanitario y conductas de sufrimiento en animales de cría. En Argentina, la Ley 14.346 de protección contra el maltrato y los actos de crueldad hacia los animales establece la obligación de evitar prácticas que impliquen sufrimiento innecesario, abandono o falta de cuidados básicos.
