El 29 de julio de 2025, un violento operativo policial en la comunidad de Santa Rosalía Mármol, Río Hondo, Zacapa, Guatemala, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas: dos campesinos y dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). El desalojo fue ordenado en terrenos reclamados por la hidroeléctrica Pasabién S.A., en medio de un conflicto territorial de larga data. Las comunidades denuncian uso excesivo de la fuerza y falta de consulta previa, mientras las autoridades no han informado detalles sobre detenciones o investigaciones.
En menos de diez días, tres campesinos fueron asesinados en Honduras en medio de conflictos por la tierra y una creciente criminalización hacia los movimientos rurales. El caso más reciente ocurrió el 26 de julio en la comunidad de Cuyamel, municipio de Trujillo, departamento de Colón (Honduras), donde Héctor Otoniel Hernández Castro, de 22 años, miembro de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez, fue asesinado por sicarios mientras trabajaba en el campo.
Por otro lado, el 17 de julio fueron asesinados a balazos Ramón Rivas Baquedano y su hijo Carlos, miembros de las empresas campesinas La Aurora y Gregorio Chávez, vinculadas a la Plataforma Agraria del Valle del Aguán. Esta región, marcada por décadas de disputas agrarias, enfrenta constante violencia generada por intereses agroindustriales y grupos criminales, especialmente relacionados con la empresa Dinant, propiedad de la familia Facussé.
Honduras: El Bajo Aguán, epicentro de un conflicto agrario milenario que se recrudece
En menos de diez dias tres campesinos fueron asesinados en Honduras y la violencia no parece tener un fin en el país donde parte de estos sectores rurales y empobrecidos por la corrupción y la violencia trabajaron para que el partido LIBRE llegue al poder.
Estos tres asesinatos no son un hecho aislado. En lo que va del 2025, la Plataforma Agraria reportó al menos 17 asesinatos de campesinos en la región, donde durante las últimas dos décadas se han contabilizado más de 180 homicidios relacionados con la defensa de la tierra. Desde 2010, se calcula que al menos 200 campesinos han sido asesinados y 2.470 personas criminalizadas en Honduras por defender sus derechos territoriales.
El Bajo Aguán es una región históricamente disputada entre campesinos organizados, grandes empresas agroindustriales —principalmente la empresa Dinant, propiedad de la familia Facussé—, grupos criminales y el propio Estado hondureño. En este contexto, la militarización no ha cesado; por el contrario, se ha intensificado incluso durante el gobierno de Xiomara Castro, a pesar de los acuerdos firmados en 2022 para la paz agraria.
Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, el Ministerio Público hondureño reconoció la existencia de la banda criminal conocida como “Los Cachos”, implicada en desplazamientos forzosos de más de 460 familias campesinas en Colón. Aunque se presentaron 15 requerimientos fiscales contra sus miembros, no se ha logrado detener a sus principales operadores, denuncian los líderes campesinos.
Además de la violencia física, la exclusión política afecta a las comunidades campesinas y movimientos sociales. El 2 de julio de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó más de 20 candidaturas independientes, muchas vinculadas a movimientos sociales y campesinos, entre ellas la del abogado y defensor de derechos humanos Víctor Fernández, una decisión que ha sido calificada como una forma de “autoritarismo jurídico” y “fraude electoral”.
La familia Baquedano, afectada directamente por los asesinatos, ha expresado públicamente su dolor y denuncia: “Ya no soportamos tanta injusticia. La familia Baquedano somos los que estamos poniendo los muertos”, señaló Medarda Rivas, hermana de Ramón e Hipólito Rivas, otro líder campesino asesinado en 2023 en circunstancias similares.
Guatemala: represión y desalojos letales en Santa Rosalía Mármol y violencia contra Codeca
Los dos campesinos asesinados hoy por las fuerzas de seguridad fue en el marco de un desalojo ordenado en terrenos reclamados por la hidroeléctrica Pasabién S.A., en un territorio donde la comunidad asegura tener una residencia ancestral de más de 300 años.
Las organizaciones sociales denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la PNC y la falta de consulta previa conforme a los estándares internacionales. La comunidad responsabiliza directamente a la policía y al Estado por las muertes y la violación de sus derechos colectivos. Hasta ahora, las autoridades no han brindado detalles sobre la orden de desalojo ni sobre eventuales detenciones o investigaciones.
Este hecho se suma a un patrón histórico de conflictos territoriales en Guatemala, donde comunidades indígenas y campesinas han sufrido desalojos violentos y criminalización por defender sus tierras frente a proyectos hidroeléctricos, mineros y agroindustriales.
En este marco, el 19 de agosto fue asesinado Santos López Hernández, un campesino de 37 años y miembro activo del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) en Jalapa, Guatemala. López fue atacado con arma de fuego mientras trabajaba en su parcela. Codeca informó que desde 2018 han sido asesinados 29 de sus integrantes y denunció que estos crímenes son mecanismos de represión para impedir la organización social y la defensa de derechos.
Un patrón estructural de violencia, impunidad y exclusión
Los asesinatos recientes en Honduras y Guatemala forman parte de una violencia estructural que atraviesa la historia de ambos países. La defensa del territorio por campesinos e indígenas se enfrenta a un modelo que privilegia intereses económicos privados y estatales, muchas veces mediante el uso de la fuerza, desalojos violentos y criminalización.
En ambos países, los gobiernos progresistas que llegaron al poder tras años de lucha social —Xiomara Castro en Honduras y Bernardo Arévalo en Guatemala— enfrentan serias críticas por no haber cumplido las promesas de justicia agraria y protección efectiva a las comunidades en resistencia.
Las organizaciones campesinas y sociales denuncian que la militarización, la impunidad y la exclusión política persisten y que el Estado, lejos de protegerlas, las despoja y reprime. Esta dinámica alimenta el ciclo de violencia que cobra vidas y genera desplazamientos forzados.
Fuente: El Heraldo, Rel-UITA, OACNUDH, La Red 106.1, Abya Yala Soberana, CODECA.
