Se filtró que la empresa pesquera estadounidense Red Chamber Co. presentó, a finales de septiembre de este año, una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California, con sede en Los Ángeles, acusando al gobernador de la provincia argentina de Chubut, Ignacio Torres, y a su ministro de Economía, Andrés Meiszner, de exigir un soborno de 6,5 millones de dólares a cambio de revocar la expropiación de la planta procesadora de la empresa, ubicada en Puerto Madryn.
De confirmarse las acusaciones, los imputados podrían enfrentar cargos de extorsión, asociación ilícita y soborno internacional, delitos que conllevan penas de hasta veinte años de prisión, según la legislación estadounidense.
El caso —al que este medio tuvo acceso— lleva el número de expediente CV-25-4381-JFW y se está tramitando ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, División Oeste (Los Ángeles). La denuncia se presentó en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la ley anticorrupción estadounidense que penaliza el pago o la solicitud de sobornos por parte de funcionarios públicos extranjeros.
Acusaciones y pruebas presentadas
La denuncia incluye correos electrónicos y comunicaciones internas que, según los demandantes, demuestran que la administración del gobernador Torres —alineada con el bloque conservador macrista de Argentina y recientemente cercana al presidente Javier Milei— condicionó la restitución de los activos de Red Chamber a la entrega del pago ilícito.
Inesperadamente, hace apenas unas horas, la empresa y el gobierno provincial llegaron a un acuerdo envuelto en dudas, el cual no ha hecho más que alimentar las sospechas, generando peticiones para que el sistema judicial estadounidense proceda de inmediato contra el gobernador provincial.
Pruebas de la denuncia
El 30 de septiembre, las empresas Red Chamber Co. y Red Chamber Argentina S.A. presentaron una demanda ante el Tribunal Federal de California contra la corporación española Grupo Profand S.L. y su filial Pesquera Deseado S.A.U.
La denuncia alega que funcionarios del Gobierno de Chubut, encabezados por el ministro de Economía Andrés Meiszner, exigieron el pago de US$6.5 millones en “B-money” —una forma de pago no rastreable— a cambio de permitir que la empresa continuara operando los activos de la antigua Alpesca S.A.
El soborno se dividiría en dos plazos: un anticipo de US$3 millones y un segundo desembolso de US$3.5 millones.
Según la denuncia, la empresa rechazó el intento de extorsión y reportó violaciones tanto a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos como a la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado).
Esto no es simplemente una disputa comercial: la denuncia describe una red en la que Profand y funcionarios provinciales presuntamente conspiraron para cometer espionaje industrial y robo de secretos comerciales, así como para preparar la expulsión de Red Chamber del negocio pesquero patagónico.
En agosto de 2025, surgieron informes de que una delegación —supuestamente integrada por personal del Tribunal Nacional de Valoración— ingresó a la planta de Puerto Madryn. Sin embargo, los inspectores portaban documentos de identificación falsos y hablaban con acento español.
Red Chamber denunció posteriormente que se trataba de emisarios de Profand, avalados por el gobierno de Torres, enviados para valorar las instalaciones y preparar su transferencia a la empresa gallega.
En ese momento, la empresa calificó el incidente como una maniobra ilícita con la intención de perjudicarla y presentó una denuncia penal que actualmente se tramita ante el Juzgado Federal de Rawson.
Antecedentes del conflicto
En 2014, la Provincia de Chubut otorgó a Red Chamber Argentina S.A. los derechos para operar la planta y la flota pesquera de la empresa en quiebra Alpesca S.A.
La empresa, filial de la estadounidense Red Chamber Co., invirtió decenas de millones de dólares para reacondicionar embarcaciones, reactivar la planta de Puerto Madryn y exportar camarón argentino a los mercados internacionales.
Sin embargo, en febrero de 2025, el gobierno provincial —a través del secretario de Pesca y del ministro de Economía, Andrés Meiszner— rescindió unilateralmente el contrato y exigió la devolución de los activos, alegando que la empresa no había pagado las cuotas y estaba ocupando terrenos provinciales.
Esta decisión provocó una fuerte reacción de la Embajada de Estados Unidos y del Departamento de Estado, que intervinieron para advertir sobre la inseguridad jurídica en Chubut y una posible violación del Tratado Bilateral de Inversión entre ambos países.
En agosto, Ming Bin Kou, director general del Grupo Red Chamber, envió una carta al gobernador Ignacio Torres defendiendo el desempeño de la empresa, destacando su respeto por las normas institucionales y rechazando las acusaciones.
Dicha correspondencia derivó en la demanda que acusaba a funcionarios provinciales de conspirar con la empresa pesquera española para espiar sus operaciones, robar secretos comerciales y expulsar a la compañía estadounidense de Argentina.
El acuerdo repentino y las crecientes sospechas
Hace apenas unos días, el 1 de noviembre, en medio de intensas negociaciones diplomáticas con la Embajada de Estados Unidos y pocos días después de una reunión entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump, el Gobierno de Chubut anunció un acuerdo de conciliación con Red Chamber Co.
El acuerdo permite a la empresa conservar ciertos activos y construir una nueva planta industrial en la Zona Franca de Trelew. Además, compromete a la provincia a garantizar un marco jurídico estable bajo la protección del Tratado Bilateral de Inversión entre Argentina y Estados Unidos.
Sin embargo, para muchos observadores, el momento del acuerdo resulta sorprendentemente conveniente. Apenas un mes antes, el gobernador Torres había calificado a Red Chamber de “deudor moroso reincidente” y anunciado la rescisión de su contrato. No obstante, repentinamente —tras filtrarse la demanda— el gobernador accedió a devolver activos y autorizar nuevas inversiones.
Expertos del sector advierten que otorgar nuevas licencias de pesca mediante leyes especiales o decretos ejecutivos podría generar incertidumbre jurídica y falta de transparencia. Además, alertan que expedir permisos sin las debidas evaluaciones técnicas podría poner en peligro la sostenibilidad de los recursos marinos y amenazar la certificación MSC internacional de Argentina.
Posibles consecuencias penales y políticas
Las alegaciones contenidas en la demanda federal son de extrema gravedad. Si el sistema judicial estadounidense confirma que funcionarios de la provincia de Chubut exigieron sobornos para su propio beneficio o el del Grupo Profand, podrían enfrentar cargos de extorsión, asociación ilícita y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que prevé penas de prisión y multas multimillonarias tanto para personas físicas como jurídicas.
En Argentina, exigir sobornos constituye los delitos de cohecho y exacciones ilegales, tipificados en el Código Penal argentino. Además, solicitar dinero para revertir una expropiación implicaría abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el cargo público.
En el ámbito político, el gobernador Ignacio Torres podría enfrentar un proceso de destitución ante la Asamblea Legislativa Provincial si se prueba su participación en el esquema o su conocimiento del mismo.
La Comisión de Destitución de la Cámara Nacional de Diputados también podría intervenir, dado que el caso involucra un tratado bilateral y podría dañar las relaciones diplomáticas de Argentina con Estados Unidos.
La rapidez con la que se finalizó el acuerdo, sin aclarar el resultado de la denuncia, expone al gobernador a sospechas de ocultamiento o de un acuerdo extrajudicial.
Además, tal caso de incertidumbre jurídica “podría provocar una grave crisis diplomática entre Buenos Aires y Washington”.
El gobierno estadounidense podría utilizar el asunto como moneda de cambio en las relaciones bilaterales, por ejemplo, condicionando los paquetes de ayuda financiera o exigiendo mayores garantías para las inversiones estadounidenses. No se descarta que la situación incluso pueda llevar a la dimisión del gobernador Torres.
En resumen, el escándalo no solo pone en peligro la continuidad política del mandatario provincial, sino que también amenaza con tensar las relaciones entre Argentina y Estados Unidos en un momento en que el presidente Javier Milei busca fortalecer su alianza con Donald Trump y atraer nuevas inversiones estadounidenses al país.
Fuente: https://ustodaynews.abacusai.app/news/cmhnz3gu10000v0jz8exml1vm
