Por Noelia Carrazana
En un contexto de profunda crisis de legitimidad, en el que la presidenta Dina Boluarte cuenta con apenas 2% de aprobación y el Congreso con 1,8%, miles de jóvenes de la llamada Generación Z protagonizaron este sábado la tercera semana consecutiva de movilizaciones en Perú. A la convocatoria se sumaron transportistas urbanos, golpeados por la ola de extorsiones y asesinatos de choferes, y trabajadores de la agroindustria en Ica, que denuncian condiciones precarias y falta de protección laboral.
Estas movilizaciones se están realizando principalmente en el centro histórico de Lima, con epicentro en la Plaza San Martín y recorridos hacia avenidas como Abancay y Nicolás de Piérola, donde se concentra la protesta juvenil contra el Gobierno y el Congreso.”
La Generación Z ha definido cuatro reclamos centrales en su manifiesto:
- Derogatoria de la ley del sistema previsional que obliga a afiliarse a un fondo de pensiones a partir de 2027.
- Transparencia y rendición de cuentas frente a la corrupción.
- Instituciones fuertes y al servicio de la ciudadanía.
- Fin de la represión policial y la criminalización de la protesta.
Represión y abusos documentados
La protesta del 21 de septiembre dejó 83 agresiones policiales, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), de las cuales 16 fueron contra periodistas. Se documentaron disparos de perdigones y gases lacrimógenos a corta distancia, detenciones arbitrarias y el uso irregular de bloqueos de señal telefónica.
Diversos colectivos feministas, como la Coordinadora Feminista del Perú, denunciaron que la violencia estatal ha afectado de manera particular a jóvenes mujeres que participan en las marchas, muchas de ellas estudiantes y trabajadoras precarizadas. “El gobierno busca disciplinar nuestros cuerpos en las calles, pero seguimos resistiendo”, expresaron en un comunicado difundido por Wayka
“Estamos viendo no solo una represión física brutal, sino también mecanismos digitales de amedrentamiento como el doxeo en TikTok y cortes de señal telefónica dirigidos contra jóvenes organizados”, explicó Guillermo Valdizán, corresponsal de Huellas del Sur.
Valdizán añadió que “la policía ha azuzado los ánimos de los manifestantes con el fin de justificar la represión, mientras instituciones como la Defensoría del Pueblo han terminado protegiendo el accionar policial y estigmatizando a los movilizados como violentistas”.
La desaprobación masiva tanto a Boluarte como al Congreso refleja, según Valdizán, “la alianza de ambos con poderes fácticos como el gran empresariado, sectores mediáticos y la propia Policía Nacional”.
La prensa alternativa peruana, entre ellos La Mula, La Antígona, Contranoticia y Punto Seguido, ha señalado que la represión tiene un patrón sistemático y se enmarca en la criminalización de toda protesta social desde el estallido de 2022–2023, cuando más de 70 personas murieron en acciones represivas que aún están bajo investigación fiscal.
En este caso las organizaciones femistas, artisticas e influencer cumplen un rol fundamental para visibilizar el descontento de la población, así también como para documentar los abusos de las fuerzas de seguridad, tal es el caso de esta cuenta de Mujer proletaria:
Indignación juvenil y emigración
En las calles se repite la consigna de que esta lucha “no es solo de los jóvenes, sino de todo el pueblo peruano”. Sin embargo, la Generación Z expresa con fuerza un malestar generacional: la precariedad laboral, la falta de futuro y la migración masiva de miles de jóvenes en los últimos años.
A este descontento se une un factor electoral concreto: 6,7 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años conforman el sector más amplio del padrón electoral para las Elecciones Generales de 2026. Además, cerca de 2,5 millones de jóvenes votarán por primera vez en esos comicios. Solo ese bloque nuevo representa alrededor del 9-10% del total de electores habilitados.
Estas cifras refuerzan que la narrativa de que “a los jóvenes no les interesa la política” se está quedando obsoleta. Estudios recientes muestran que más del 50,5% de los jóvenes de 15 a 29 años tienen algo o mucho interés en la política nacional, cifra que supera a la de muchos adultos.
“Hay una sensación de frustración y hartazgo que atraviesa a toda una generación. Los que se quedan en el país enfrentan desempleo y falta de futuro, por eso salen a las calles a expresar que no se quedarán callados”, subrayó Valdizán.
Las movilizaciones se mantienen en un escenario en el que Boluarte afronta investigaciones fiscales por los asesinatos cometidos por policías y militares en el marco de las protestas pasadas. Mientras tanto, colectivos juveniles y feministas reafirman que seguirán organizándose desde las calles y las redes sociales para exigir justicia, democracia y dignidad.
