Por Redaccion
El gobierno de Daniel Noboa profundiza la censura y el control de la información en medio del Paro Nacional en Ecuador. El viernes 17 de octubre suspendió la licencia de Radio Ilumán, el sábado 18 hizo lo mismo con Radio Inti Pacha, y el pasado 23 de septiembre había cerrado TV MICC, todos medios comunitarios vinculados a pueblos indígenas. A estas medidas se suma la inhibición total de señal telefónica y acceso a internet en comunidades del Pueblo Kichwa Karanki, en Imbabura. Estas acciones configuran un grave atentado contra la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y el acceso a la información, vulnerando normas nacionales e internacionales.
Desde hace cuatro días, las comunidades de La Esperanza denuncian el corte completo de servicios móviles, lo que impide comunicarse, compartir información y documentar la represión. Según un comunicado de la CONAIE, la interrupción de las comunicaciones forma parte de una estrategia sistemática del gobierno para silenciar a los pueblos y controlar la información desde los territorios movilizados. La organización exige el restablecimiento inmediato de la señal y garantías para el libre ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos y nacionalidades.
Mientras tanto, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) suspendió por 15 días la señal de Radio Ilumán 106.7 FM, emisora comunitaria con más de dos décadas de trayectoria que transmite desde Imbabura hacia Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante y Urcuquí. Su equipo de comunicadores ha cubierto desde el territorio las movilizaciones, la militarización y los casos de represión durante el paro.
La medida contra Radio Ilumán se suma a la suspensión del canal TV MICC, ocurrida el pasado 23 de septiembre. Este medio, con sede en Latacunga, ha sido un referente de la comunicación popular y de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, con cobertura también en Ambato y Salcedo. Ambos medios cumplen un rol esencial: ser la voz de las comunidades, difundir contenidos en lengua kichwa y sostener una comunicación desde una perspectiva propia.
Las suspensiones y bloqueos representan una violación directa a la Constitución de Ecuador, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el Código Orgánico Administrativo y a tratados internacionales como el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. En un contexto de criminalización de la protesta social, estas medidas buscan debilitar la narrativa y las voces que emergen desde los territorios.
La situación se agrava con las agresiones a periodistas comunitarios. El 15 de octubre de 2025, Edison Muenala, comunicador de APAK TV, fue herido de bala en el hombro mientras cubría las manifestaciones en Otavalo. La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) condenó el ataque, señalando que las Fuerzas Armadas habrían empleado armas de fuego letales contra la ciudadanía.
Asimismo, el 13 de octubre, el periodista Enrique Alcívar fue impedido de ingresar al Palacio de Carondelet para una rueda de prensa con la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, en un nuevo episodio de restricción al trabajo periodístico y censura a medios independientes.
Estas acciones del gobierno de Noboa vulneran derechos fundamentales reconocidos por la Constitución ecuatoriana y los organismos internacionales, al limitar la libertad de prensa, la comunicación comunitaria y el acceso a la información pública. Además, las agresiones físicas y las restricciones al ejercicio periodístico atentan contra la seguridad y los derechos laborales de los comunicadores, protegidos por organismos como la UNESCO y la MAPP.
Seguilos y acompañá su labor en redes sociales:
Radio Ilumán
TV MICC
