Por Noelia Carranza
Facundo Gollano, asambleísta por defensa del agua de Mendoza, recuperó su libertad trás permanecer detenido cuatro días en Mendoza, Argentina, acusado de “resistencia a la autoridad” luego de participar en la marcha contra el proyecto megaminero San Jorge. Su liberación fue posible gracias a la movilización popular en las calles y en redes sociales, donde medios comunitarios y organizaciones socioambientales denunciaron la represión policial y exigieron su inmediata excarcelación.
El proyecto san Jorge que busca extraer cobre y oro en la cordillera norte de la provincia mendocina en la zona donde se ubican las principales nacientes que alimentan al Río Mendoza – principal fuente de agua para miles de personas y del cordón agroindustrial de la provincia – hace más de 20 años que intenta la aprobación para empezar a explotar y ha pasado por diferentes dueños, en la actualidad es impulsado principalmente por la empresa Solway Investment Group, de capitales suizos. Esta firma, que pretende beneficiarse del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) del gobierno de Javier Milei, no es nueva en los territorios latinoamericanos: en Guatemala controla la mina de níquel Fénix, donde ha sido denunciada por contaminación de lagos, persecución a defensores ambientales e incluso por su vinculación a violaciones de derechos humanos de comunidades q’eqchi’. También opera en Rusia e Indonesia, donde se le atribuyen prácticas ambientales y laborales cuestionadas.
El desembarco de Solway en Mendoza reaviva una larga historia de defensa del agua en la provincia. En 2007 y 2019, el pueblo mendocino protagonizó movilizaciones masivas que frenaron intentos de reformar la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro y ácido sulfúrico en minería. Años antes, en 2006, la lucha en Esquel, Chubut, había marcado un precedente histórico en la Patagonia contra la megaminería a cielo abierto. En Mendoza, la memoria de esas victorias está viva: “El agua de Mendoza no se negocia” sigue siendo la consigna que une a asambleas, comunidades campesinas y organizaciones urbanas.
La política provincial actual, encabezada por Alfredo Cornejo (UCR, aliado de Javier Milei), impulsa la reapertura de San Jorge pese al rechazo social expresado en audiencias públicas y en las calles. La represión a Gollano no fue un hecho aislado: meses atrás también fueron detenidos arbitrariamente los defensores del agua Mauricio Cornejo y Federico Soria. Organismos de derechos humanos y espacios de memoria denuncian un patrón sistemático de persecución a quienes se oponen a la megaminería.
Los actores empresariales y políticos confluyen en una misma lógica: favorecer proyectos extractivos de alto impacto ambiental a costa del agua, la salud y los derechos de las comunidades. En este escenario, Mendoza se suma a la lista de territorios del Abya Yala donde la resistencia popular enfrenta a corporaciones transnacionales con denuncias globales y gobiernos locales alineados con agendas extractivistas.
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